Imágenes borradas y huellas de policías en la pista de un femicidio
Siete policías y una fiscal aparecen denunciados por encubrimiento en uno de los mayores escándalos de las investigaciones criminales en la provincia de Buenos Aires. Las irregularidades en el sumario judicial por el homicidio de la maestra jardinera Marisol Oyhanart surgen desde el acta del hallazgo del cuerpo de la mujer, de 38 años, ocurrido el 14 de abril de 2014, en Saladillo.
Esos policías y la fiscal comenzaron a ser investigados para tratar de establecer si habrían borrado imágenes de la única cámara de seguridad instalada en el recorrido que hizo la mujer, entre las 15 y las 15.30. Esos archivos que estaban en una computadora y otras pruebas que se eliminaron comprometerían en el asesinato a un empresario agropecuario de la zona, examante de la víctima.
Marisol había desaparecido ese día, por la tarde, cuando salió de su casa para realizar una caminata aeróbica. Sergio Rachit, su esposo, radicó la denuncia por averiguación de paradero cuando le avisaron que su mujer no había ido a buscar al colegio al menor de sus tres hijos.
Así comenzó la dramática búsqueda, que incluyó una movilización popular en la que participaron muchos de los habitantes de la ciudad. Por entonces, la noticia sobre la desaparición de la maestra jardinera trascendió los límites de Saladillo y los medios de comunicación nacionales mandaron equipos de periodistas y móviles para realizar la cobertura informativa de la angustia que vivía la familia muy conocida en esa ciudad.
A cinco años del femicidio , tres testigos afirmaron que un grupo de policías que se desempeñaban en la comisaría de Saladillo retiraron el CPU con las imágenes de la cámara de seguridad de la vivienda situada en Yrigoyen y Saavedra. Dicha vivienda está en el recorrido que realizó Marisol la tarde que salió de su casa, situada sobre Yrigoyen.
Según los testigos que declararon en los últimos días ante la fiscal de La Plata, Ana Medina, los policías secuestraron esa computadora sin labrar el acta correspondiente.
Si los actuales investigadores del femicidio de Marisol hubieran contado con esa computadora podrían establecer, por ejemplo, si la maestra jardinera fue seguida por su asesino. Pero los archivos con las imágenes de la cámara de seguridad grabadas entre las 15 y las 15.30 fueron borrados. Así lo determinó el peritaje realizado por un instructor informático de la Procuración General ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Los testigos, algunos de ellos policías que se desempeñaban en la comisaría de Saladillo, indicaron que el jefe de la dependencia y otros seis oficiales superiores organizaron el allanamiento en la vivienda donde estaba la cámara. En sus declaraciones, los testigos mencionaron al comisario Pablo Gallo y a la fiscal Patricia Hortel.
Con estos elementos, los abogados que representan al esposo de la víctima, Pablo Hawlena y Walter Vaccarini, solicitaron a la fiscal Medina que inicie una investigación para tratar de establecer si los siete jefes policiales mencionados por los testigos y la fiscal Hortel participaron de una maniobra de encubrimiento. Hortel, la primera fiscal del caso, sumó la segunda denuncia por las presuntas irregularidades en la investigación.
En la última semana de 2015, la fiscal Bettina de Lacki pidió que se investigara a Hortel y al secretario de la fiscalía de Saladillo por "la posible comisión de un delito de acción pública". La resolución fue dictada en los sumarios 7912-15 y 16.544-15, donde ya figuran siete efectivos de la policía bonaerense.
Medina se hizo cargo del expediente luego que otros seis colegas se excusaron de intervenir en el expediente. La fiscal Lacki fue la única que avanzó sobre el encubrimiento policial.
Una escena armada
Además de los videos, hubo otras pruebas que desaparecieron del listado de efectos de la víctima. Se trata de una calza negra con quemaduras realizadas con un encendedor de un automóvil y las zapatillas de la maestra jardinera.
El cuerpo de Marisol fue hallado al día siguiente de su desaparición, al costado de una tapera, situada en las afueras de la ciudad. Luego de revisar la escena, los peritos concluyeron que el cadáver fue colocado en ese lugar para desviar la investigación hacia un sospechoso que frecuentaba la tapera: Jonathan Bianchi.
Por sugerencia de los policías, la fiscal pidió la detención de Bianchi, pero un juez de Garantías se negó a ordenar la captura del sospechoso. Actualmente, Bianchi sigue imputado en el expediente a pesar que no existe ninguna prueba en su contra.
Según un dictamen del Gabinete de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de La Plata, el asesino de Marisol fue un empresario agropecuario de la zona, examante de la víctima. Sin embargo, con la cantidad de pruebas que fue borrada se hace difícil fundar un pedido de detención de en su contra.
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