El Cels criticó el plan de emergencia en seguridad de Scioli: "La mano dura jamás ha probado su eficacia"

El pasado 5 de abril el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, decretó la emergencia en seguridad . La medida incluyó el anuncio de la incorporación de policías retirados, la inversión de 600 millones de pesos del Banco Provincia para comprar móviles policiales, chalecos antibalas y otros equipamientos, la construcción de cárceles y alcaidías. También se habló de limitar las excarcelaciones y de crear fiscalías especializadas en narcotráfico.

Un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) muestra como estas medidas anunciadas en un contexto "de emergencia" y que apuntan a penas más duras y mayor poder policial se han propuesto en reiteradas oportunidades desde hace casi 15 años, sin haber llegado a mejoras concretas en materia de seguridad y disminución de la violencia.

"Estamos frente a una escalada del discurso de endurecimiento punitivo, impulsada públicamente por diversos referentes políticos con responsabilidad institucional. Quienes propagan estas medidas hablan como si nunca se hubieran aplicado", señala el informe. "Pero lo cierto es que el gobierno de la seguridad ha estado bajo el dominio intermitente de estas políticas, que jamás han probado su eficacia ni superado la más mínima evaluación de resultados", sostiene el Cels.

"Salvo un par de excepciones, el "plan" presentado en los últimos días por el gobernador Daniel Scioli postula la reiteración o ampliación de medidas, ya probadas por su propia gestión y por gestiones anteriores, con aumentos presupuestarios excepcionales; al tiempo que muestra y ratifica el poder que la Bonaerense mantiene en el gobierno de la provincia", denuncia el informe.

Para ilustrar esta repetición de medidas, el Cels elaboró la siguiente cronología que va desde las "Leyes Ruckauf", aprobadas en el año 2000, que, entre otras cosas, limitaron las excarcelaciones, las Leyes Blumberg (2004), que aumentaron las penas y también marcaron reformas al Código Procesal Penal, hasta los primeros planes de seguridad de Scioli, llegando a la reciente declaración de emergencia en la provincia de Buenos Aires.

Sin resultados

El Cels señala que "existe una legítima preocupación social en relación con los delitos más violentos pero también con la reiteración de hechos menos graves que afectan la vida cotidiana".

"Pero tanto en las medidas propuestas mediáticamente como en el nuevo plan provincial, no se priorizan problemas orientados a reducir los niveles de violencia y las consecuencias más dañosas de las economías criminales. No se proponen soluciones sino simplemente la ilusión de la salida punitiva", sostiene el informe.

Como ejemplo de políticas que sí mostraron eficacia mencionan las medidas tomadas para desarticular bandas de secuestros extorsivos, los trabajos sobre la trata de personas y la intervención sobre desarmaderos que logró bajar el índice de los delitos vinculados al robo de autos.

Para el Cels, "la demagogia punitiva se alimenta de sus propios fracasos, como muestra la declaración de emergencia del gobierno provincial sobre sus propias políticas y su insistencia en ampliar las mismas fórmulas".

"Los problemas de delito y violencia que más preocupan requieren acciones efectivas que, por más que deban articularse con otras políticas públicas, deben tener una orientación específica y primaria en materia de seguridad", indican desde el Cels.