Inseguridad: aprovecharon beneficios judiciales para atemorizar a vecinos

Beneficiadas por el fallo de una sala de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que habilitó a los tribunales provinciales a que concedieran la prisión domiciliaria a personas con riesgo de ser contagiadas con el Covid-19, salieron de la cárcel a fines de abril y mediados de mayo, respectivamente. Mónica Chirino y Andrea Vallejos estaban presas por comandar bandas narco en la zona de San Miguel. Sin embargo, en los últimos días, fueron detenidas nuevamente porque los vecinos denunciaron que, a pesar de tener prisión domiciliaria, volvieron a vender droga desde las viviendas en las que cumplían la morigeración de las preventivas.

En el caso de Chirino, su banda había instalado una garita de seguridad en la entrada del barrio donde un soldadito alertaba sobre la presencia policial. Según fuentes policiales, desde su casa, situada en la calle Remigio López, del barrio Mitre, Chirino dominaba la venta de drogas en la zona. Desde 2016 hasta 2017 se le iniciaron al menos cuatro causas penales.

La mujer también tenía atemorizados a los vecinos que advertían cómo un grupo de soldaditos custodiaba a Chirino de posibles rivales, alertaba sobre la presencia policial e intimidaba a cualquiera que intentara denunciarla.

Al menos, dos de las causas derivaron en allanamientos, aunque llamativamente dieron resultado negativo. Por entonces, los vecinos comenzaron a desconfiar de los efectivos de la policía bonaerense. Entonces, la investigación contra Chirino recayó en la Delegación San Martín de la Policía Federal, que recibió varias horas de grabaciones de cámaras aportadas por la Secretaría de Seguridad de San Miguel.

En junio de 2018, en los allanamientos realizados en la casa de Chirino, las grabaciones aportadas por ese municipio fueron consideradas por la Justicia como una prueba que avalaba la presunta venta de drogas, y la mujer quedó presa. Durante los procedimientos fue allanada una verdulería situada a la vuelta de la casa de Chirino, que era utilizada para vender drogas.

A principios de este año, Chirino y sus abogados acordaron la suspensión del juicio a prueba para poder reducir el monto de la eventual pena que le hubieran aplicado si la declaraban culpable en un eventual debate oral. Pero, a fines de abril, los defensores de Chirino solicitaron que sea beneficiada con la morigeración de condena, debido a que por su edad y delicada condición de salud corría riesgo en caso del contagio del Covid-19 en la cárcel.

Según fuentes judiciales, uno de los integrantes del Tribunal Oral Nº 6, de San Martín, aceptó el pedido de los letrados que representan a Chirino y le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.

Al advertir que Chirino regresó al barrio, los vecinos observaron que, desde la casa de rejas negras situada en la calle Remigio López, seguía la venta de drogas, igual que ocurría con la verdulería situada a la vuelta de la vivienda, cuya actividad y encargados tenían íntima relación con la imputada.

Alertado por los vecinos, el 28 de abril pasado, el intendente de San Miguel, Jaime Méndez se convirtió en el primer jefe comunal del conurbano en hacer públicas las consecuencias de las resoluciones que beneficiaron a por lo menos veinte presos que recibieron las prisiones domiciliarias y volvieron al municipio. "Toda persona merece condiciones dignas en la cárcel, entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. Pero que vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron sus detenciones, claramente, no es la solución", expresó Méndez.

Con estas denuncias, los responsables del área de Seguridad de San Miguel alertaron a los efectivos de la Delegación Narcotráfico Morón, de la policía bonaerense y el 27 de julio fue apresada Chirino.

En el caso de Vallejos, de 46 años, fue detenida hace dos semanas por efectivos de la Subdelegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas, de la policía bonaerense y de la Secretaría de Seguridad de San Miguel.

Para desbaratar a la banda que comandaba Vallejos, los policías se hicieron pasar por recolectores de residuos. Dicho ardid tenía como objetivo no llamar la atención de los soldaditos de Vallejos, que custodiaban los puntos de venta.

Según fuentes policiales, Vallejos, a fines de mayo, había sido beneficiada con la prisión domiciliaria por el juzgado de Garantías Nº 3, de San Martín, donde tenía una causa en su contra por presunta venta de drogas. La prisión domiciliaria le duró menos de tres meses. Fue detenida nuevamente junto con otros quince cómplices en su casa de Cuzco al 1900, en el mismo lugar donde la habían apresado por primera vez. Tenía más de un kilo de cocaína fraccionada y lista para la venta.