Intendentes del conurbano quieren su propia policía

Reclaman recursos y poder para definir sus planes de seguridad
María José Lucesole
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19 de agosto de 2012  

LA PLATA.- Acuciados por los reclamos vecinales de seguridad que cada vez con mayor frecuencia golpean las puertas de las intendencias, los jefes comunales del Gran Buenos Aires pretenden limitar el proceder de la policía bonaerense en sus distritos y piden crear nuevas fuerzas bajo control municipal para combatir el delito.

La actual policía bonaerense es una estructura de 57.000 hombres con un presupuesto de 10.000 millones de pesos, que se encuentra, según algunos de sus críticos, en una situación "complicada, casi desesperante".

Los agentes y los recursos no alcanzan: unos 5000 agentes recorren por turno el conurbano, donde viven 10 millones de personas. Cada comuna dispone de menos de 500 uniformados y 50 patrulleros, algunos sin blindar. "Queremos sumar responsabilidades. Es importante tener el control del territorio a través de las policías comunales", dijo a LA NACION el intendente de Tigre, Sergio Massa, uno de los impulsores del proyecto. Los jefes comunales, que invierten en cuidadores civiles, móviles y cámaras de seguridad buscan que se les delegue poder y recursos financieros para diseñar y conducir sus propias policías.

Las fuerzas comunales ya existen en 63 distritos de menos de 70.000 habitantes que adhirieron a la ley 13.482. Los jefes de estas policías dependen funcionalmente del intendente de cada distrito, pero responden a las directivas e instrucciones del ministerio de Justicia y Seguridad conducido por Ricardo Casal.

El Poder Ejecutivo propuso a la Legislatura crear una Policía de Prevención para los municipios de más de 70.000 habitantes. En este esquema los municipios tendrán autonomía administrativa y financiera "sin perjuicio de la coordinación y el control establecido por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia".

En concreto: se les dará a los municipios "una cantidad mínima de integrantes de policía de prevención". Estos dependerán en sus remuneraciones del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Los intendentes del Gran Buenos Aires van por más. Buscan dirigir una policía armada. Están dispuestos a invertir en patrulleros, nafta y cámaras de seguridad. Pero también quieren conducir y controlar el personal policial, para que el mando no sea bicéfalo.

El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis (Frente para la Victoria), dijo a LA NACION: "Nosotros queremos un nuevo paradigma de seguridad para la provincia de Buenos Aires. Esto es poner en debate el hasta ahora modelo de 60.000 policías conducidos desde La Plata".

En el distrito de San Martín se desempeñan actualmente 470 efectivos de la policía provincial y 92 agentes municipales de protección ciudadana. Hay 42 móviles del Ministerio de Seguridad y otros 32 móviles de la comuna.

El jefe comunal del distrito agregó: "Queremos crear una fuerza propia para las tareas de prevención, bien equipada bajo la dirección civil de cada intendente. En este nuevo paradigma de seguridad necesitamos las herramientas jurídicas y presupuestarias para una policía local que trabaje en la seguridad de cada una de las ciudades".

En este esquema Katopodis también añadió: "La responsabilidad primaria seguirá en la policía de la provincia de Buenos Aires".

El intendente de Tigre, Sergio Massa, reclama un nuevo modelo aún más radical y descentralizado. "Es importante tener en el territorio el control que es de la policía bonaerense a través de las policías comunales", dijo.

"Queremos sumar responsabilidades", aseguró el jefe comunal de Tigre. En ese distrito Massa sumó 32 móviles y 800 cámaras de seguridad a los 400 efectivos de la policía provincial asignados por el Ministerio de Seguridad. El intendente Massa está dispuesto a asumir el costo político: "Antes, hay que dejar en claro el traspaso de los recursos. La discrecionalidad política entre el poder central y los intendentes puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de los ciudadanos".

En el mismo sentido opinó también el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi: "Tenemos que lograr un acuerdo político para la creación de una nueva fuerza en los municipios, para que no sea la continuidad de la actual policía bonaerense", expresó.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por su parte, opinó sobre la cuestión: "Los intendentes debemos hacernos cargo de la problemática de la inseguridad en cada distrito. Si creamos nuestra propia policía, será el principio de una solución para que los vecinos vivan mejor".

En tanto, el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, dijo a LA NACION: "La gente golpea las puertas de nuestros municipios para que nos hagamos cargo de la seguridad".

"En nuestro caso, la Policía Municipal de Prevención es una aspiración que tenemos desde hace mucho tiempo", dijo Lucas Ghi, intendente de Morón (Nuevo Encuentro).

El jefe comunal precisó: "Una de las atribuciones que distingue el ejercicio real de la conducción de cualquier institución, sobre todo de una fuerza con las características de la policía, es quién toma las decisiones más sensibles: quién dispone un ascenso, un relevo, un sumario o una sanción, un traslado; quién paga los sueldos. Ahí está el poder. Y si el poder lo sigue ejerciendo el Ministerio de Seguridad provincial, entonces, cuando yo le diga algo al jefe policial, podrá hacerlo o no", consideró.

Ministros con historia

  • LEÓN ARSLANIÁN

    Abril de 1998 a agosto de 1999

    Reestructuró completamente a la policía provincial: creó una jefatura civil, la dividió en departamentales y les quitó poder a los comisarios. Realizó una purga de 3000 efectivos.
  • ALDO RICO

    De diciembre de 1999 a marzo de 2000

    Fue convocado por el gobernador Carlos Ruckauf para poner en marcha una política de seguridad de "mano dura". Renunció envuelto en un escándalo por un custodio presidencial.
  • JUAN JOSÉ ÁLVAREZ

    De octubre a diciembre de 2001

    Tras la renuncia de Fernando de la Rúa, las nuevas autoridades lo designaron secretario de Seguridad de la Nación; su salida de la provincia coincidió con saqueos y hechos violentos.
  • JUAN PABLO CAFIERO

    De julio de 2002 a septiembre de 2003

    Fue elegido para dejar de lado la política de "mano dura" por Felipe Solá. Debió soportar una seguidilla de asesinatos de policías y se alejó del cargo por el estrés de su cargo.
  • RAÚL RIVARA

    De diciembre de 2003 a marzo de 2004

    El ingeniero agrónomo convocado por el gobernador Solá tuvo un paso fugaz por la cartera, pues en su gestión estalló el caso del secuestro y asesinato de Axel Blumberg.
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