Investigan dos suicidios a causa de las extorsiones de prestamistas usurarios

ROSARIO.- Una mujer de 24 años, que estaba embarazada, y un hombre de 60 se suicidaron en Santa Fe ante las amenazas y extorsiones que sufrían de parte de empresas de préstamos ilegales que tenían una red de "cobradores" que, para lograr su propósito, usaban todo tipo de métodos extremos, como raptar durante dos días a un deudor y llevarlo a un galpón para golpearlo y amedrentarlo hasta que su familia entregara dinero o bienes a cambio de las deudas contraídas.

La joven dejó una carta a su familia en la que contaba los motivos de su muerte, que tenían que ver con el calvario que había sufrido después de adquirir un préstamo informal. Vivió toda la clase de extorsiones durante los últimos meses. No soportaba más la presión permanente que recibía de parte de los llamados "cobradores" que la visitaban todos los días.

"El expediente que reconstruye este modus operandi registra dos suicidios producidos como consecuencia de las amenazas y extorsiones padecidas por sus víctimas", señalaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad.

En el Organismo de Investigaciones de Santa Fe adelantaron que por estos dos casos se realizará una imputación por "inducción al suicidio", luego de que en una causa por asociación ilícita fueran detenidas esta semana, al cabo de 27 allanamientos, 31 personas vinculadas a los delitos que investigan las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza, del área de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación provincial.

Los detenidos pertenecen a las empresas Sí Pres, Préstamos Santa Fe, Créditos Santa Fe, Credi Ya, Belle Maison, Presto Cash y Presta Más, que tenían oficinas en el centro de la capital provincial y una red de "cobradores" distribuidos en gran parte de los barrios de la ciudad.

En las zonas más periféricas estaba, justamente, la mayoría de los "clientes": personas de clase media y baja que buscaban dinero, en su mayoría, para pagar otras deudas de sus negocios barriales.

En los allanamientos se incautaron pagarés en blanco firmados por decenas de víctimas, copias de denuncias con información sobre las causas judiciales en las que se los estaba investigando, formularios 08 de transferencia de vehículos y escrituras de terrenos que, se sospecha, obtenían como forma de pago.

Todo este engranaje funcionaba con complicidad de policías que no solo liberaban zonas para que estas empresas funcionaran a pleno, sino que -como se detectó en uno de los galpones allanados en el norte de la ciudad- hacían tareas de inteligencia sobre las víctimas que denunciaban las extorsiones. Se hallaron carpetas con fotocopias de las denuncias de esas víctimas, fotos y relevamientos de eventuales propiedades que los prestamistas podrían sacarles a los deudores.

Rolando Galfrascoli, jefe de Inteligencia Criminal del Organismo de Investigaciones, que llevó adelante la investigación desde junio pasado, reveló a LA NACION que a lo largo de la pesquisa "se detectaron seis jefes de estas organizaciones que vivían en casas muy lujosas en barrios cerrados, donde tenían autos de alta gama y todo un engranaje mafioso que se movía en torno a los préstamos ilegales".

"Detectamos seis empresas de créditos ilegales 'truchas' que tenían una estructura de funcionamiento similar: daban dinero con intereses usurarios que después nadie podía pagar. Los testimonios de las víctimas, comerciantes y familias de clase media y baja, coinciden en que pasaron por situaciones de extorsión similares de parte de los "cobradores", se precisó.

"En una de las mansiones, en un barrio residencial, uno de los cabecillas había instalado en la entrada un árbol de Navidad de más tres metros de altura, como los mafiosos norteamericanos", señalaron fuentes del Ministerio.

El monopolio de los préstamos ilegales, llamados "gota a gota", lo tenían bandas integradas por colombianos que usaban la desesperación económica de mucha gente, que a cambio de dinero ingresaba en un laberinto de extorsiones del que era muy difícil salir.

La reciente crisis económica provocó la proliferación de empresas de crédito ilegales, ahora en manos de argentinos, un negocio similar al que manejaban los colombianos, pero con una estructura que tenía una apariencia más formal.

Adaptaron el modelo colombiano -surgido en Cali a fines de los 90- con una red de "cobradores" integrada por jóvenes que visitaban a los "deudores". Iban de a dos en moto, siempre armados. A veces disparaban a los frentes de las casas para amenazar a una familia que no había pagado la cuota. La primera intimidación daba paso a la violencia física. Los "cobradores" se llevaban bienes de las víctimas, que acopiaban en galpones ubicados en el norte de la ciudad.

Si ese amedrentamiento no funcionaba, como se detectó en una de las empresas de crédito ilegal, raptaban a uno de los familiares del deudor, al que llevaban a uno de los galpones, donde lo torturaban hasta que se realizara el pago o algún pariente cediera una propiedad a modo de hipoteca informal.

Hoy se llevará adelante la audiencia imputativa en los tribunales santafesinos, donde los 31 detenidos serán indagados por los delitos de asociación ilícita, coacción, amenazas, lesiones con arma de fuego, extorsión, chantaje, y por los dos casos de inducción al suicidio, de los cuales son testimonio sendas cartas que dejaron las víctimas al quitarse la vida.

Seis bandas en la mira judicial

La pesquisa del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación logró establecer que había seis bandas de prestamistas VIP que operaban en simultáneo. Además de la documentación indiciaria de la actividad ilegal de esas bandas, la policía incautó, al cabo de 27 allanamientos, 42.000 dólares, cocaína, armas de fuego, 8 vehículos de alta gama, 7 motos, 14 computadoras, 9 notebooks y 15 tablets.