Involucran a un allegado a Boudou en una causa de narcovuelos

Benigno Vélez fue secretario legal y técnico del Ministerio de Economía de la Nación. También se desempeñó como gerente general del Banco Central hasta su remoción en febrero de 2012. Fue uno de los hombres de mayor confianza de Amado Boudou. Y ahora quedó en la mira judicial por reclamar la posesión de un campo correntino que era utilizado como "aeropuerto" narco.

En las últimas horas, además, el fiscal federal Ramiro González pidió que vaya a juicio por la supuesta compra irregular de 19 autos de lujo que hizo la cartera de Economía bajo la conducción de Boudou. La decisión final la tiene el juez federal Sergio Torres, a cargo de esa causa.

Vélez ya había tenido la semana pasada otra mala noticia desde el ámbito judicial. El Tribunal Oral Federal de Corrientes le rechazó una presentación que había hecho para desafectar de un decomiso 409 hectáreas de un campo que había comprado en julio de 2013.

Las 409 hectáreas que reclama Vélez son parte de la estancia Santa María del Aguapey, cerca de Gobernador Virasoro, que fue utilizada por una importante organización narco transnacional -conformada por argentinos, paraguayos, brasileños y bolivianos- para acopiar grandes cantidades de cocaína que provenían de Bolivia.

Vélez se siente víctima de una estafa. "Compré el campo después de romperme el lomo trabajando. Lo adquirí de buena fe. Nunca me imaginé lo que iba a pasar. Todavía me cuesta creerlo y entenderlo", sostuvo a LA NACION. Y explicó que de las 409 hectáreas, 370 son parte de un bañado.

Nuevas sospechas

En la justicia federal sobrevuelan preguntas que derivaron en una investigación, tras el reclamo del ex funcionario cercano a Amado Boudou por ese campo donde funcionaba un "aeropuerto" narco, donde dos días a la semana aterrizaban cargamentos de cocaína provenientes de Santa Cruz de la Sierra.

El juicio terminó con la condena de diez imputados a cumplir entre 16 y 20 años de prisión. Y un testigo de identidad reservada confesó que esa banda tenía relaciones con el poder político. Pero sugestivamente esa trama nunca se investigó porque la declaración se "traspapeló" durante un año y medio en el juzgado de Paso de los Libres, donde se descubrió un nudo de corrupción que provocó la renuncia del fiscal Benito Pont.

En su presentación, Vélez, según consta en el expediente judicial, sostuvo haber adquirido de buena fe 409 hectáreas de la estancia Santa María del Aguapey, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil. Explicó que la operación se hizo el 11 de julio de 2013 y que las firmas de las partes fueron certificadas en un acta notarial y afirmó que el mismo día que se hizo la transacción, la entonces propietaria del campo María Hilda Calabrese -condenada a 20 años- le otorgó un poder especial irrevocable para "llevar adelante la escrituración del inmueble, que en diversas oportunidades trató de escriturar las propiedades pero por cuestiones ajenas a su voluntad no pudo realizarlo".

Según Vélez, la operación de compraventa se hizo el 11 de julio de 2013. Y la escritura se demoró porque Calabrese nunca hizo la mensura. También afirma que él no es el único perjudicado, ya que los hijos de Calabrese les vendieron parte del campo a otros interesados.

Del boleto de compraventa, al que tuvo acceso LA NACION, se desprende que por la operación se pagaron 500.000 pesos. Fuentes inmobiliarias explicaron a LA NACION que en esa zona la hectárea tiene un valor estimado entre 2500 y 3000 dólares.

Pero el nudo de la trama en la que aparece el narcotráfico se conoció cuatro meses después. El 14 de noviembre de ese año "un helicóptero de la Gendarmería Nacional sobrevolaba la zona, cuando sus tripulantes observaron en cercanías al casco de la estancia Santa María del Aguapey, en una pista de aterrizaje un avión rodeado por un grupo de personas y vehículos. Cuando los gendarmes decidieron descender, los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados y reducidos por los uniformados".

En la estancia había un Cessna modelo U206G, matrícula CP-2037, y los gendarmes secuestraron "documentación, como papeles de la República de Bolivia", un GPS, una cámara de fotos, teléfonos, una cisterna con capacidad para 1500 litros de combustible para aviones. Y también se decomisó un acoplado en el que estaban ocultos 330 kilos de cocaína. En ese campo había hombres fuertemente armados con visores nocturnos para vigilar en todo momento la estancia narco.

Según la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el valor de la droga secuestrada ascendía a los $ 35.000.000. El fiscal federal Carlos Schaefer dijo que esta organización realizaba dos o tres vuelos por semana, por lo que se presumen que llegaban a esos campos más de cuatro toneladas de cocaína por mes.

Traspaso al INTA

Según la investigación judicial, la organización narco también utilizaba otra estancia de Calabrese, conocida como Santa Úrsula. Fueron decomisadas en total 7400 hectáreas y transferidas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), tras un pedido del fiscal .

La aparición de Vélez para reclamar ese campo donde funcionaba una organización narco despertó sospechas. "Lo que se presume es que podría haber comprado ese campo donde funcionó esa organización narco con dinero proveniente de un hecho de corrupción. Y llama mucho la atención que ese campo no lo haya escriturado, por lo que podría haber lavado de dinero", afirmó una alta fuente judicial.

Florentino Niemiz, pareja de Calabrese, que figura como dueña del campo, declaró primero como testigo de identidad reservada en el juzgado de Paso de los Libres. Dijo en esa oportunidad que en este caso "había un político metido". Nunca en el inicio de la causa le preguntaron quién era. Y su declaración se "traspapeló" durante un año y medio.

El 26 de junio pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó -por medio del oficio 305/17- una investigación por pedido de la Fiscalía por supuestas irregularidades en el juzgado de Paso de los Libres en el marco de esta causa conocida como narcoaviones. Se sospecha que en ese despacho se hizo desaparecer documentación importante de la causa.