Kicillof convocó por decreto a una mesa de diálogo para resolver la crisis carcelaria

El gobernador bonaerense Axel Kicillof firmó hoy un decreto que crea una mesa de diálogo para analizar las condiciones de alojamiento de detenidos en comisarías, alcaidías y unidades del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, y la posibilidad de que se pueda trasladar a algunos presos a otras cárceles federales o de otras provincias.

De acuerdo a la parte resolutiva del decreto firmado por el mandatario provincial, la "Mesa Institucional de Diálogo" será coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de Julio Alak, el cual podrá convocar a participar "a organizaciones de la sociedad civil, y toda otra persona u organización que estime corresponder".

Además, según el decreto, se busca "promover la suscripción e implementación de los convenios necesarios para el alojamiento de los detenidos y detenidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en Unidades Penitenciarias Federales o de otras Provincias".

"Queremos que se advierta que hay una posición firme de este gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución", explicó el ministro Alak, tras participar de una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, en La Plata.

La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia bonaerense había planteado la necesidad de crear una mesa de diálogo con representantes de los tres poderes del Estado, de organizaciones no gubernamentales relacionadas con los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.

Alak explicó que el objetivo de esa mesa, que se reunirá esta semana por primera vez y trabajará también en enero, será el de "analizar en forma institucional los reclamos que vienen efectuando los internos que están en el Servicio Penitenciario Bonaerense en cuanto a sus condiciones de detención".

Explicó que "la herencia de superpoblación penitenciaria es tremenda" y detalló que las cárceles bonaerenses "tienen una capacidad para alojar a 23.000 personas pero aquí hay 49.000 internas e internos", por lo que evaluó que "tenemos la superpoblación penitenciaria más grande del país".

"Hay cuatro mil detenidos con prisión domiciliaria y otros cuatro mil en comisarías", apuntó Alak y aseveró que el universo total de detenidos asciende a 57.000.

El funcionario dijo que la provincia de Buenos Aires "es la única denunciada y sancionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su sistema carcelario porque su situación es muy grave" y expuso que ello se agudizó en los últimos meses "producto de la falta de alimentos y medicamentos".

Luego, manifestó que el Tribunal de Casación penal "calificó esta situación como una crisis humanitaria" y añadió que "en primer lugar tendremos que analizar si los datos que tenemos son certeros".

Respecto de las huelgas de hambre en una veintena de unidades penitenciarias, Alak dijo que "la resolución de la Corte sobre la mesa de diálogo abrió un camino esperanzador con levantamiento de las medidas de fuerza y las huelgas en muchas unidades".

"Esperemos que con el correr de los días se vaya normalizando la situación respecto de la provisión de alimentos y medicamentos", indicó y dijo que por el momento mantendrá a Xavier Cáceres como titular del SPB.

El ministro de Justicia también expresó que la infraestructura penitenciaria "está en una grave crisis, en muchos casos es obsoleta y en otros hay situaciones de riesgo" y agregó que "hacen faltan más espacios".

En tanto, el decreto firmado hoy el gobierno provincial hizo hincapié en que si bien los problemas estructurales en los lugares de detención datan de hace mucho tiempo, "el extraordinario incremento en el número de personas privadas de su libertad se produjo, fundamentalmente, entre el año 2016 y el año 2019".

En ese sentido recordó que en 2015 los detenidos eran cerca de 35 mil, con una "tasa de prisionalización de 240 personas cada 100 mil habitantes"; y que ahora los presos son 49 mil y la tasa llega a 308 en la provincia cuando a nivel nacional es de 209.

La resolución se refirió a su vez a que "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que la capacidad de alojamiento en dependencias policiales no puede exceder de 1007 personas" y que "en agosto de este año el número era de 3807 personas".