Las inusuales conexiones de un juez suspendido

Gustavo Carabajal
Gustavo Carabajal LA NACION
Martín Ordoqui pasó de ser uno de los jueces más poderosos de la provincia a transitar un camino que podría llevarlo, eventualmente, a su destitución y a la cárcel
Martín Ordoqui pasó de ser uno de los jueces más poderosos de la provincia a transitar un camino que podría llevarlo, eventualmente, a su destitución y a la cárcel Fuente: Archivo
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17 de agosto de 2019  

Martín Ordoqui era uno de los jueces más importantes de la provincia de Buenos Aires. Desde su cargo en la Cámara de Casación penal bonaerense decidía sobre las sentencias de otros tribunales y magistrados. Tenía el poder para resolver si un preso podía ser liberado o seguiría tras las rejas el resto de su vida.

Sin embargo, en las últimas horas Ordoqui pasó de ser uno de los jueces más poderosos de la provincia a transitar un camino que podría llevarlo, eventualmente, a su destitución y a la cárcel.

Nunca antes un juez de la Cámara de Casación Penal, el segundo tribunal en importancia de la provincia, llegó a la instancia del juicio político y con serios riesgos de perder sus fueros y quedar preso.

Sus fueros como magistrado impidieron que lo detuvieran. Acusado de integrar la asociación ilícita que comandaba el exjuez César Melazo junto con un grupo de policías, barrabravas de Estudiantes y delincuentes, tiene dos pedidos de captura en su contra.

Desde el miércoles, Ordoqui quedó en una situación de no retorno. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Legislatura bonaerense aceptó el pedido del procurador general Julio Conte Grand para que sea sometido a juicio político.

"A nuestro parecer, existen elementos suficientes para, a primera vista, considerar verosímiles los cargos endilgados por los acusadores, que alcanzan para admitir la imputación contra el magistrado Ordoqui", expresaron los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento.

Hasta el miércoles pasado, el juez podía renunciar y evitar el juicio político. Sin embargo, la aceptación de la acusación por parte del Jurado de Enjuiciamiento estableció que Ordoqui sea juzgado. En este proceso el Jurado de Enjuiciamiento revisará la conducta del juez acusado y determinará si corresponde la destitución del magistrado o resuelve su continuidad en el cargo. En caso de ser destituido, la fiscalía podría solicitar que se ejecuten las dos órdenes de captura que pesan en su contra.

El apoyo a un barrabrava

La caída de este juez influyente y poderoso, exabogado de Aníbal Fernández, comenzó hace más de un año cuando, a partir de una investigación encarada por la fiscal Betina Lacki, el nombre de Ordoqui apareció en una escucha telefónica y en los archivos de audio hallados en un pendrive secuestrado en la casa de Javier Ronco, cuñado de Rubén Herrera, alías Tucumano y supuesto integrante de la barra brava de Estudiantes de La Plata.

"Existen indicios que abonan la presunción de que el juez se comprometió, a cambio de una suma de dinero, a interceder ante algunos de sus colegas del tribunal para obtener la revocación de la denegatoria de un pedido de morigeración de prisión en favor de Ronco, quien estaba detenido por un doble homicidio", expresó la fiscal en el pedido de suspensión del magistrado.

Ronco es el hermano de Lorena, exmujer de Herrera. Fue procesado por asesinar a Carlos Rodríguez y a su pareja, María Martini, el 5 de enero de 2008. A pesar de la gravedad del delito, de su juventud y aunque no sufría ninguna patología que obligara a que fuese sometido a un tratamiento extramuros, fue beneficiado con la detención domiciliaria, con monitoreo de la tobillera electrónica.

En el expediente que instruyó la fiscal Lacki se determinó que el camarista Ordoqui habría influido en la resolución que le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria a Ronco.

"Existe una escucha telefónica en la que el magistrado explicó cómo debía realizarse la presentación ante el Tribunal de Casación", se expresó en el sumario abierto contra el juez.

Las sospechas contra el magistrado surgieron cuando los investigadores del homicidio de Juan Farías escucharon una conversación telefónica entre Ronco y su esposa, Luciana Polito. Según fuentes de la investigación, en esa charla "a uno de los interlocutores se le escapó el nombre de Ordoqui cuando se referían a los personajes del poder con los que se vinculaba el mencionado Tucumano Herrera.

Según consta en el expediente, en otra escucha telefónica, Ordoqui y Petrullo se referían a una fotografía de la tobillera en la pierna de un imputado, que posiblemente sería Ronco. En esa charla, Ordoqui le preguntó a Petrullo: "¿Un Rolex?". Entonces Petrullo respondió: "Por lo que costó, parecería un Rolex".

Al revisar el contenido de estas escuchas telefónicas, la fiscal Lacki abonó la sospecha de que el magistrado habría cobrado $500.000 para beneficiar a Ronco con la prisión domiciliaria. Aunque esta hipótesis todavía no pudo ser probada.

Ronco, el exjuez Melazo, Petrullo, Herrera, Carlos Bertoni, el excomisario inspector Gustavo Bursztyn, Carlos Aníbal Barroso y otros tres sospechosos están detenidos, procesados por formar parte de una asociación ilícita que se dedicaba a asaltar viviendas y oficinas en La Plata, cuyos dueños poseían dinero sin declarar. A Ordoqui, la fiscalía lo acusó de supuesto tráfico de influencias en favor de Ronco.

Según fuentes judiciales, existe otra causa penal en la que Ordoqui aparece más complicado. Se trata del expediente 108/18, en el que el magistrado fue acusado de "gravísimas irregularidades" en el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Ariel Heine, procesado por encabezar una organización que se dedicaba a usurpar terrenos en la zona de San Vicente y venderlos mediante la confección de poderes y declaraciones de herederos apócrifas.

Los investigadores judiciales determinaron que Ordoqui "dictó resoluciones con inusual celeridad para que Heine obtuviera la prisión domiciliaria. Emitió su voto el mismo día que recibió el expediente 888.539. Diez días después le dieron a Heine la morigeración, monitoreo de la pulsera electrónica".

Al revisar la documentación secuestrada en el despacho del magistrado, los funcionarios judiciales determinaron que Ordoqui resolvió el pedido de Heine "en cuestión de horas, lo que se contrapone con el promedio de resoluciones interlocutorias en el tribunal, que era de 73 días hábiles".

Una conversación telefónica entre Lidia Perna, pareja de Heine, y la operadora de una compañía de aviación de primera línea fue una de las pruebas claves que pusieron al descubierto el supuesto pago de dádivas al juez y a su secretaria: María Eugenia Mercado.

En esa conversación, Perna le pedía a la operadora que reservara dos pasajes a nombre de Ordoqui y Mercado en el vuelo 480 a Chile, por los que pagó $29.080. Días después, en una resolución exprés, su marido fue beneficiado con la prisión domiciliaria

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