Los policías de la tragedia de Monte, bajo sospecha por narcomenudeo

Crédito: Twitter
María José Lucesole
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23 de mayo de 2019  • 14:47

LA PLATA.- Los tres policías que intervinieron en la trágica persecución de San Miguel del Monte son investigados por antecedentes en varios delitos. Los más graves: connivencia y protección de la venta de estupefacientes.

El choque del Fiat 147 Spazio donde viajaban los cinco jóvenes, tras una persecución que, según se investiga, incluyó disparos de la policía, desnudó una oscura trama de delitos y de prácticas reñidas con la ley que antecedieron al desenlace trágico.

El subcomisario Julio Franco Micucci, que estuvo a cargo del operativo y que fue apartado preventivamente de la fuerza de seguridad, es investigado por la justicia por protección del narcomenudeo.

"Daba protección a narcos de la zona y tenía connivencia con otros delincuentes en San Miguel del Monte y en Cañuelas", dijo una alta fuente que participa de la investigación.

La Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) de Cañuelas recibió las denuncias que vinculan a Micucci con el narcomenudeo.

Por si esto fuera poco, familiares de las cuatro víctimas fatales declararon en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que Aníbal Suárez, dueño del Fiat 147 que fue perseguido por la policía hasta impactar contra un camión, había sido sujeto de cohecho por parte de la policía unos días atrás por no tener los papeles del auto en regla.

Los familiares de Suárez declararon ante la cartera que conduce Cristian Ritondo que la víctima había sido sujeto de una extorsión hace 15 días por no tener la transferencia del vehículo en regla.

Por esta falta Suárez debía pagar una multa de 35.000 pesos, pero entonces le habrían pedido sólo $5000 para irse a su casa con el auto de manera ilegal.

De acuerdo con el relato de los familiares, Aníbal Suárez había comprado el auto hacía dos meses y no tenía en orden la transferencia, pero estaba conduciendo el vehículo la madrugada trágica del lunes, tras haber pagado aquella coima.

El episodio dio lugar a distintas conjeturas. Los familiares del dueño del auto creen que Suárez, al verse perseguido por la policía, pudo interpretar que estaba marcado o que lo perseguían para pedirle más dinero, dado que ya había sido sujeto de extorsión.

Tras escuchar esta declaración de la familia de Suárez el Ministerio de Seguridad desafectó ayer al subcomisario Julio Franco Micucci, al capitán Rubén Alberto García y al oficial Leonardo Daniel Ecilape, apartados de sus cargos hasta que culminen los peritajes y la Justicia resuelva su responsabilidad en los hechos.

"Si el accionar de la policía no fue el que corresponde queremos que a los policías les caiga todo el peso de la ley. No habrá protección de la provincia si un policía no hizo lo que tenía que hacer", prometió Cristian Ritondo, Ministro de Seguridad provincial.

En estricto off the record otro funcionario aseguró: "Nos mintieron. Nos comunicaron todo mal".

Esta tarde, mientras en San Miguel del Monte se gesta una nueva marcha en reclamo de Justicia, la Gendarmería realizaba peritajes para tratar de determinar si los policías dispararon sobre el vehículo donde además de Suárez viajaban Camila López (13), Danilo Sanzone (13) y Gonzalo Domínguez (14).

Rocío Guagliarello (13), la única sobreviviente del accidente, fue trasladada al hospital de alta complejidad El Cruce, de Florencio Varela. La adolescente, único testigo con vida entre las víctimas, se encuentra en estado delicado, por lo que no pudo declarar ante la Justicia.

"La paciente continúa en estado crítico, mecánicamente ventilada, bajo efecto de drogas depresoras del sistema nervioso central y con el mismo requerimiento de soporte vasopresor y monitoreo de presión intracraneana", se informó desde el hospital de alta complejidad.

Pese a que es un testigo clave para la justicia no tiene custodia, se informó desde el nosocomio a LA NACIÓN.

La gobernadora María Eugenia Vidal sigue con atención toda la investigación. Se puso a disposición para reunirse con los familiares. Y habló con la intendente local, Sandra Mayol, para buscar el modo de contener a las familias de las víctimas.

"Recibimos una policía de 100.000 policías e hicimos una limpieza del 10 por ciento. Pero aún quedan sectores vinculados al delito", dijo esta tarde un funcionario que lamento lo que parece ser un nuevo caso de exceso policial.

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