La caída de la banda de motochorros que contaba con protección policial

Sus objetivos eran las mochilas, maletines, bolsos y carteras de las personas que salían de bancos, financieras y casas de cambios del microcentro. Una vez que la potencial víctima era elegida por el delincuente que hacía de marcador comenzaban a activarse los teléfonos celulares de todos los integrantes de la banda que participarían para concretar el plan criminal. Después de un seguimiento por calles, avenidas y autopistas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano entraban en acción los motochorros, que tras romper ventanillas y haciendo uso de un alto nivel de violencia, se apoderaban del botín. Alguna vez fueron 350.000 pesos en un solo golpe, pero en otras solo se llevaron ropa deportiva o comida saludable, como dátiles.

Así se desprende del expediente judicial a cargo de la jueza en lo criminal y correccional Paula González, que procesó a 16 sospechosos de integrar una asociación ilícita. Entre ellos hay un oficial de la Policía de la Ciudad que fue acusado de darle protección a la banda.

Entre septiembre de 2017 y el mismo mes de este año, estos delincuentes habrían protagonizado al menos 19 robos, en los que se habrían hecho de un botín de $1.014.460, 4500 euros y 800 dólares.

"El modus operandi desplegado por este grupo de personas, previa distribución de tareas y manteniendo un elevado nivel de inteligencia criminal y logística, consistía en escoger a sus víctimas, muchas de ellas luego de concurrir a entidades bancarias o financieras del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, quienes eran seguidas por un grupo de vehículos para luego ser atacadas rompiendo los cristales correspondientes a los autos de los damnificados o mediante el arrebato, en caso de encontrarse caminando en la vía pública, con el objeto de hacerse de su dinero y objetos de valor. La asociación criminal utilizó en reiteradas oportunidades un estacionamiento de la avenida Corrientes 436, ya sea para individualizar los autos de víctimas o bien para iniciar el seguimiento, al tiempo que mantenían comunicación telefónica en aras de organizar la comisión del hecho delictivo en particular y coordinar el accionar de los vehículos que empleaban, ya sea a modo de entorpecer el tránsito, practicar el seguimiento, concretar el asalto o procurar una rápida huida", explicó la jueza González en su resolución.

Para la jueza González, el oficial de la Policía de la Ciudad Eduardo Villarreal fue miembro de la organización y su función fue la de brindar protección y facilitar la ejecución de los delitos.

"De la intervención de su teléfono se advierte que el día 19 de diciembre de 2017, aproximadamente a las 9.06, Villarreal entabló una comunicación telefónica con un hombre, identificado como Marcelo, quien le preguntó si podía ir a San Martín y Tucumán, alejándose de su lugar de trabajo asignado por las autoridades de la Policía de la Ciudad, a efectos de detener o cuanto menos entorpecer el libre desplazamiento de un grupo de personas de nacionalidad peruana con el objeto de que miembros de la asociación ilícita que el imputado integraba pudieran materializar la comisión de un apoderamiento ilegítimo, a cambio de repartir el dinero y los bienes resultantes del atraco. En concreto, se evidencia que la función de Villarreal en este caso era la de obstaculizar el accionar del grupo de personas de nacionalidad peruana para que sus cómplices pudieran concretar el ilícito que los primeros tenían también planeado cometer, lo cual fue aceptado por el imputado [por el oficial]", afirmó la magistrada.

Las tareas de investigación para poder desbaratar a la organización criminal fueron encargadas a detectives de la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad. En el expediente participó el fiscal Andrés Madrea.

"Los vehículos utilizados para la comisión de los ilícitos eran bicicletas, automotores particulares, taxis o motocicletas propiedad algunos de los acusados o respecto de los cuales incluso se facultaba para la conducción a otros de los imputados", sostuvo la jueza González.

Los detectives policiales trabajaron con las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano, con cámaras privadas y con lectoras de patentes del Anillo Digitalpara reconstruir recorridos de vehículos, identificar coches y personas y, finalmente, detener a los sospechosos.

El mayor golpe y 100 gramos de dátiles

El botín mayor que se le imputó a la banda delictiva fue de 350.000 pesos, por un robo ocurrido el 25 de junio pasado, a las 13.50. Las víctimas circulaban en un Peugeot 508 hacia el Aeroparque Jorge Newbery cuando fueron interceptadas en Castillo y Calle 13, en la zona de Retiro, por los ocupantes de tres motos que les rompieron las cuatro ventanillas y les sacaron un portafolios gris que contenía el dinero en efectivo. Los delincuentes contaban con el apoyo de cómplices que viajaban en un Renault Logan.

Las víctimas habían iniciado el viaje en aquel estacionamiento de la avenida Corrientes 436. Según se desprende de las imágenes de seguridad incorporadas en el expediente, a partir de ese momento comenzó el seguimiento de parte de los delincuentes.

Unos días antes, el 14 de junio pasado, los delincuentes habían hecho mal las tareas de inteligencia previa. Ese día, a la mañana, siguieron a un hombre que había hecho una operación en un banco de la city y se dirigió a un estacionamiento de la avenida Corrientes y San Martín, donde se subió a su auto BMW 118I con una bolsa de cartón.

El hombre fue seguido por los ocupantes de cuatro motos hasta Palermo. La víctima dejó su auto en un estacionamiento y se fue. Hasta allí llegaron dos de los delincuentes que, después de reducir al encargado y de decirle "quédate tranquilo que no es con vos el asunto", rompieron las ventanillas del vehículo y escaparon con la bolsa de cartón. Pero no se llevaron un botín millonario, sino una camiseta de manga larga, un paquete de pan lactal y uno con 100 gramos de dátiles.