Murió al resistirse a los tiros a un allanamiento, en González Catán

La policía entró en una casa en busca de un prófugo por un crimen, que no estaba allí; el dueño de la vivienda abrió fuego, según su familia, porque pensó que le querían robar
Sebastián Lalaurette
Andrés Garmendia Colombres
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15 de enero de 2013  

LA PLATA.- Un comerciante murió ayer durante un allanamiento en su casa de González Catán, partido de La Matanza, al tirotearse con policías que habían ido a buscar a un joven, acusado de haber asesinado a otro en septiembre pasado.

Familiares del dueño de la vivienda dijeron que la policía no se identificó al ingresar y le disparó a sangre fría. Esa versión fue negada por fuentes judiciales, que sostuvieron que los uniformados actuaron según las reglas que rigen estos procedimientos y abrieron fuego para repeler una agresión.

La víctima, Miguel Zabala, tenía 53 años y era dueño de una fábrica de embutidos. Según su familia, ya había sido asaltado otras veces y, por eso, estaba armado. A las 6 de ayer lo sorprendió la irrupción de policías de la comisaría local y del grupo especial GAP (Grupo de Apoyo Departamental) en el galpón y vivienda situados en Domingo Scarlatti y Manuel Hidalgo.

Los uniformados se disponían a allanar ése y otros tres domicilios de la zona en busca de un joven sospechoso de haber dado muerte a Cristian Mariani, de 22 años, en septiembre. Pero el hombre que buscaban no estaba ahí. Quienes sí estaban eran Zabala, el dueño de casa, y su mujer, Yennifer Serra.

Dos versiones

Según fuentes judiciales, Zabala empezó a disparar contra los uniformados apenas éstos forzaron la entrada del galpón, en cuyo interior está su vivienda; allí se inició el tiroteo, que concluyó dentro de la casa, con la muerte de Zabala, alcanzado por un tiro en la cabeza.

Pero la familia da otra versión. Miguel, el mayor de los cinco hijos de Zabala, fue el primero que oyó el ingreso de la policía. Contó a LA NACION que, aterrorizado, gritó para despertar a su padre. "Apenas entraron empezaron a los tiros. Hicieron, mínimo, siete u ocho disparos. Supuestamente era un allanamiento, pero no sé el motivo. No entiendo por qué entraron así, si nosotros no tenemos nada que ocultar", dijo a LA NACION Yennifer, horas después del trágico incidente.

"Miguel reaccionó de esa forma para defender a su familia. Pero él no tiró a pegar y la policía entró a reventar todo. Fue un allanamiento mal hecho y, lamentablemente, mataron a un pobre hombre", explicó Horacio Bala, empleado de la fábrica de embutidos de la víctima.

Amigos de Zabala aseguraron a LA NACION que el hombre ya había sido asaltado dos veces en su casa por personas que se hacían pasar por policías, y que por eso reaccionó. La familia calificó lo ocurrido como un caso de "gatillo fácil".

El allanamiento que terminó en tragedia fue ordenado por el fiscal Carlos Arribas, de la fiscalía de La Matanza dedicada exclusivamente a la investigación de homicidios.

Fuentes judiciales aseguraron a LA NACION que, al contrario de lo que sostienen los allegados a Zabala, el operativo se realizó en forma correcta y los policías sólo dispararon después de que el dueño de casa abriera fuego. "El inmueble es un galpón que tiene un portón de doble hoja por donde se accede a un patio. Unos metros más allá está la casa. En cuanto la policía atravesó el portón, Zabala se parapetó y empezó a disparar", dijo la fuente. La casa de Zabala era uno de los cuatro inmuebles que el fiscal había ordenado inspeccionar luego de que la investigación policial determinó que el acusado del homicidio de Mariani dormía en esos lugares.

En la vivienda se secuestró una camioneta Isuzu que tenía pedido de secuestro por haber sido robada en La Plata; también se halló una pequeña cantidad de marihuana presumiblemente para consumo personal. Queda pendiente la verificación del origen del arma de Zabala, explicaron las fuentes.

El comerciante muerto por la policía tenía con Yennifer dos pequeños hijos: un bebe de un año y otro de dos. Y otros tres, de 19, 17 y 15, fruto de una relación anterior.

Ayer, LA NACION se comunicó con voceros del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, quienes dijeron que no habría declaraciones oficiales sobre el tema.

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