No creía en el "gatillo fácil" hasta que un colega suyo mató a su hijo de un disparo por la espalda

"A veces uno peca de ignorante. Somos parte de una sociedad que carece de empatía, que no puede ponerse en el lugar del otro. Por eso siempre me resultó chocante el término 'gatillo fácil'. Lo mismo cuando escuchaba hablar de derechos humanos: yo creía que eran para los delincuentes y que a las fuerzas de seguridad siempre les echaban la culpa. La ironía de la vida hizo que a mi hijo lo matara un policía en un acto totalmente desmedido e innecesario. Esa misma ironía hizo que los primeros en darme una mano fueran los organismos de derechos humanos, que me dieron la contención y la ayuda que necesitaba".

El que afirma esto es Walter Saucedo, oficial de la Policía de Santa Fe y padre de Lautaro, un adolescente de 17 años muerto a manos de Francisco Olivares, inspector de la misma fuerza. "Actuó de manera desproporcionada, arbitraria, sin ninguna lógica -se queja Saucedo-. En ningún momento trató de resguardar la vida humana".

El martes 29 de octubre de 2019, cerca de las 11, en Ignacio Risso al 2200, del barrio Guadalupe, de Santa Fe, Olivares mató por la espalda, con un tiro de su arma reglamentaria, a Lautaro Saucedo, un estudiante secundario que jamás había pisado una comisaría. Olivares justificó la muerte en el intento de robo de una cartera por parte del chico y en un posterior enfrentamiento cuando él intervino. Pero la versión del subcomisario encontró una inmediata desmentida en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

En el video se ve a Lautaro que intenta arrebatarle a una mujer de 73 años una bolsa en la que, se sabría después, llevaba revistas de cosméticos. Ante la resistencia de ella, que incluyó el gesto de un reto, el joven desistió y se marchó. Lo llamativo es que la mujer lo llamó y voluntariamente le dio 180 pesos. Lautaro los recibió y salió corriendo.

En ese momento entró en escena Olivares, que estaba a unos 50 metros del lugar custodiando la descarga de un camión de Coca Cola; incluso vestía ropa con los colores y el logo de la marca. Comenzó a seguir a Walter, sacó su pistola y sin identificarse o dar la voz de alto, gatilló. El proyectil dio en la columna del adolescente, que estaba desarmado y en clara retirada.

"Olivares nunca actuó en la prevención -insiste Saucedo-. Lo que él hizo es un movimiento que en la jerga le decimos 'abrir un ángulo de disparo'. Si él hubiera dado la voz de alto, seguramente mi hijo se hubiera tirado al piso y hubiese pedido perdón. Ese día, de casualidad, yo pasaba por ahí. Pensé que había sido un accidente hasta que me acerqué y vi que era mi hijo el que estaba en el piso. Me arrodillé a su lado, le dije que se quedara tranquilo porque ya estaba con él, pero vi que la herida era grande y que estaba entrando en shock. Me pidió que le avisara a la novia y que no le contara nada a la madre para que no se enojara".

Olivares, alias Tronqui, prestaba servicio como administrativo en el Centro de Comunicaciones Policiales de Santa Fe. En sus horas libres era custodio de Logística del Paraná SRL, una empresa tercerizada de Coca Cola. Según la reglamentación, el inspector no debía estar cumpliendo esas funciones.

Dos calificaciones

"Olivares tenía antecedentes de abuso de autoridad, lesiones y hasta de adulterar procedimientos. Además, usaba sus francos para realizar guardias armadas, lo que es incompatible con su trabajo. El Estado le provee de una pistola para ejercer como policía, no como custodio de la descarga de un camión", explicó Martín Russo Patrón, querellante de la causa que hoy tiene al policía acusado de "homicidio calificado por el empleo de arma de fuego".

El abogado advierte que van a mantener el pedido de cambio de carátula a "homicidio calificado por alevosía", que prevé la pena máxima. "La figura de alevosía se refiere a que Olivares actuó a traición y sobre seguro. Buscó una situación de total indefensión de la víctima y recién ahí disparó. Además, ocultó su carácter de policía y técnicamente no impidió ningún robo, porque lo que se ve en el video es que hubo un desistimiento voluntario de Lautaro, y eso no es punible. Hay algo peor todavía: el que se quedó con los 180 pesos fue el policía, con lo cual es él quien consumó el delito".

Olivares continúa alojado en el penal de Las Flores por orden de la jueza Rosana Carrara, luego de que los fiscales Ezequiel Hernández y Martín Torres pidieran la imputación por "homicidio calificado por el uso de arma de fuego, por alevosía y por haber abusado de su función como miembro integrante de una fuerza de seguridad", figura que finalmente fue desestimada.

Lautaro estaba de novio y vivía con su abuela y un tío. En palabras de su padre, "era muy consentido y siempre tuvo contención familiar, no era un chico a la deriva". Por eso todavía nadie se explica las circunstancias en que halló la muerte.

"En un primer momento -reflexiona Saucedo- se habló de mi hijo como un monstruo suelto en las calles y de un policía 'héroe', pero la realidad era otra: el verdadero monstruo y un verdadero peligro para la sociedad era Olivares".

Informes sobre violencia institucional

Al mes de la muerte de Lautaro Saucedo, su familia encabezó la primera Marcha de la Gorra, realizada en Santa Fe en repudio de los casos de abusos policiales, "gatillo fácil" y las políticas de represión de las fuerzas de seguridad.

"Nos organizamos en defensa de nuestros derechos y contra las detenciones arbitrarias. En el camino sumamos a nuestras denuncias los horrores cometidos por las fuerzas represivas, las golpizas y asesinatos en cárceles, comisarías, patrulleros y barrios; el 'gatillo fácil' y las desapariciones forzadas; la criminalización de la pobreza y la juventud; la persecución a nuestras organizaciones y las razzias en nuestros barrios", decía el comunicado leído ese día.

La concentración coincidió con la publicación del informe "Fuerzas de seguridad y usos de la violencia letal", realizado por la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, que relevó un total de 77 muertos entre 2014 y 2018 en Santa Fe por acción de policías provinciales y nacionales.

El estudio detalló que "del total de 77 personas fallecidas, en 2014 fueron 16 y el pico se registró en 2015, con 26 víctimas". Agregó que "66 de las muertes fueron cometidas por miembros de la Policía de Santa Fe; 7, por integrantes del Servicio Penitenciario; 2, por la Policía Federal, y 2, por la Prefectura". El Servicio Público Provincial de Defensa Penal registró 958 casos de violencia institucional cometidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018.

De 579 muertes registradas, 280 se encontraban en la circunscripción judicial de Rosario; 108, en la de Santa Fe; 84, en Reconquista; 73, en Rafaela, y 34, en Venado Tuerto. Además, de los 958 casos de violencia institucional listados, 515 fueron maltratos físicos; 252, psicológicos, y en 191 ocasiones fueron afectados los derechos humanos de las víctimas.