Nueva audiencia en Washington por el argentino condenado a muerte en EE.UU.

CÓRDOBA.- La próxima semana habrá en Washington una audiencia clave para Víctor Saldaño, el cordobés condenado a muerte en Estados Unidos y que lleva 21 años en el "corredor de la muerte" de Texas. Fue convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La llamada se produce en medio de la polémica desatada en los Estados Unidos por las ocho ejecuciones en 10 días autorizadas por el gobernador de Arkansas para evitar que caduque un componente de la inyección letal, según denunció la Coalición para Abolir la Pena de Muerte de ese estado. Será la mayor ejecución en cadena desde que se reinstauró la pena de muerte en los Estados Unidos, en 1977. Comenzarán el 17 de abril.

La CIDH propició una reunión especial del grupo de trabajo que sigue el caso para el viernes próximo, con el objeto de que representantes del Departamento de Estado norteamericano indiquen qué se está haciendo para cumplir con las recomendaciones que el organismo realizó a fines del año pasado respecto de conmutar la pena de muerte de Saldaño. Aunque hay una apelación en curso para reponer habeas corpus en favor de Saldaño que venció a mediados de 2016, nada garantiza que no se ordene la ejecución.

Juan Carlos Vega, abogado de la madre del cordobés, explicó a LA NACION que el Departamento de Estado debe explicar qué hizo desde que se firmó el informe -que salió días antes de la asunción de Donald Trump- con el que la comisión reclamó a los Estados Unidos revisar el juicio y la sentencia y pidió que la detención de Saldaño sea "compatible con su dignidad humana".

"Después de ese informe, sólido en lo jurídico y muy valiente en lo político, no aceptaremos que se sigan alargando los plazos. Pediremos que en 60 días nos digan cómo conmutarán la pena, que saquen a Víctor del «corredor de la muerte», que lo lleven a una institución neuropsiquiátrica y que nos detallen cómo resarcirán a la víctima", dijo Vega.

El temor del abogado y de la familia de Saldaño es que antes de esos plazos, el gobierno de Texas ordene la ejecución. El gobierno federal no podría interferir en tal decisión excepto que resuelva intervenir Texas.

Para Vega sería una "brutalidad jurídica y política" que el Departamento de Estado no acatara el informe. "Deberían explicarle al mundo el porqué de esa actitud", sostuvo.

El 25 de noviembre de 1995, Saldaño y su amigo mexicano Jorge Chávez, ambos borrachos, entraron en un negocio de las afueras de Dallas y salieron encañonando a Paul King, un vendedor de computadoras. Testigos los vieron meterse con él en un bosque y volver solos.

El cuerpo de King fue hallado con cinco tiros; cuando detuvieron al cordobés usaba el reloj del comerciante y tenía el arma del crimen en el bolsillo. En 1996 fue condenado a pena de muerte y Chávez, a perpetua. Esa sentencia fue revocada por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en junio de 2000 por los vicios racistas que contenía. Luego, Texas sancionó la llamada "ley Saldaño", que prohíbe invocar cuestiones de raza en los procesos penales. No obstante, cinco años después, otro tribunal lo sentenció por segunda vez a la pena de muerte.

En su informe -al que LA NACION accedió- la CIDH advirtió que se utilizó la "nacionalidad" para establecer parámetros sobre la "peligrosidad futura" de Saldaño. Y que en el proceso hubo preguntas "sobre la raza y origen nacional".

Para la comisión, en el caso se cometió una "violación del derecho a la igualdad ante la ley, como parte del derecho de justicia, toda vez que la raza y el origen nacional de Víctor Saldaño jugaron un papel central para la imposición de la pena de muerte en el primer juicio, situación que se resolvió con demora y después de infligirse un grave perjuicio" al cordobés.

En cuanto al segundo proceso, la CIDH cuestionó que se haya usado el deterioro de la salud mental de Saldaño para determinar su futura peligrosidad "ya que fue el resultado de los más de ocho años que ya llevaba en ese momento alojado en el pabellón de condenados a muerte" en condiciones "crueles e infames".

"Los Estados Unidos son responsables de violar, en perjuicio de Víctor Saldaño, los derechos de protección contra una detención arbitraria, de trato humano y de no recibir castigo cruel, infame e inusual establecidos en los artículos 25 y 26 de la Declaración Americana", se sostuvo.

Vega confirmó a LA NACION que el Papa recibió una copia completa del informe. En junio pasado, Francisco recibió en audiencia privada a Lidia Guerrero, la madre de Saldaño, y la respaldó en su lucha para sacarlo del "corredor de la muerte".

En ese encuentro el Sumo Pontífice confirmó su compromiso para la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, algo que pidió concretamente ante el Congreso de los Estados Unidos y ante la Asamblea General de la ONU en 2015.