Ocho meses de misterio: empieza a tener peso la pista económica en la desaparición de Guadalupe Lucero

A ocho meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que fue vista por última vez el 14 de junio pasado en el barrio 544 Viviendas, de la ciudad de San Luis, la investigación tomó un nuevo impulso tras el reciente pase de la causa al fuero federal. Si bien los investigadores aseguran que “no hay que descartar ninguna hipótesis”, consideran que también es necesario profundizar las líneas de trabajo que no fueron exploradas en un primer momento, entre ellas, la posible vinculación del entorno cercano de Guadalupe con un móvil económico financiero.

El giro en la causa se produjo en diciembre pasado, cuando el juez de Instrucción Penal 2 de San Luis, Ariel Parrillis, remitió finalmente el expediente al fuero federal puntano, bajo la carátula de “averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación”, con el argumento de que la niña ya no se encontraría en la provincia. Hasta entonces, la investigación había sido por “averiguación de paradero”, según el sumario que dio inicio a la búsqueda de la niña, labrado por la policía de San Luis.

Con el traspaso al fuero federal, la investigación quedó a cargo del fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, quien cuenta con la colaboración del equipo de fiscales designados por la Procuración General de la Nación, integrado por Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y Leonel Gómez Barbella, al frente de las fiscalías Nacional en lo Criminal y Correccional Nº8 y Nº32.

El cambio de jurisdicción de la causa se realizó “para evitar resoluciones contradictorias y la superposición de tareas, aunque los recursos provinciales quedan a disposición para la cooperación y la colaboración que se les requiera”, según se indicó en un comunicado de prensa del Poder Judicial.

En esta nueva etapa, los investigadores que están al tanto de la pesquisa no descartan ninguna hipótesis debido a la “complejidad del caso”. Sin embargo, están convencidos de que habría pistas concretas que no fueron investigadas en la primera etapa de instrucción y que eso podría dar respuestas al misterio de lo que pasó con Guadalupe.

Fuentes judiciales señalaron a LA NACION que “cuando hay desapariciones, todas las líneas de investigación tienen que estar abiertas” y “no deben agotarse en la hipótesis de trata de personas”. En tal sentido, destacaron que “hay tres o cuatro líneas de investigación, pero principalmente una que no fue explorada, que se vincula con parte del entorno de Guadalupe”.

Y precisaron: “Se está profundizando la investigación por el lado económico, relacionado con el entorno de la niña, por posibles deudas o ‘pases de facturas’. Es lo que estamos investigando, que no quiere decir que sea lo que haya sucedido. Las medidas de prueba son en torno a eso”.

Las fuentes consultadas indicaron que las diligencias procesales que se están realizando consisten, principalmente, en el análisis de líneas de celulares y de la activación de celdas (espacios de cobertura de una antena de telefonía celular) en la zona de la desaparición y en el momento en que ocurrió, con el fin de detectar titularidades de líneas y su uso efectivo. Por eso, los investigadores destacaron la importancia del pedido de datos realizado por la Justicia puntana en su momento a la empresa Google, sobre las activaciones de cuentas de Gmail detectadas desde celulares, computadoras y tablets en el día y el lugar de los hechos. La compañía contestó una parte de la solicitud en noviembre pasado y se prevé que otro tramo del informe requerido sea entregado próximamente. Asimismo, se están efectuando investigaciones patrimoniales, según la línea de investigación principal.

En paralelo, los investigadores se encuentran trabajando con un grupo de antropólogos que están revisando los rastrillajes ejecutados. Afirman que los especialistas ofrecen “otra mirada sobre las investigaciones judiciales, sobre todo en cuestión de rastreo de terrenos”, con el objetivo de proponer nuevas líneas de investigación.

“Estamos abriendo todo el abanico que permita explicar las razones de la desaparición de Guadalupe”, afirmaron fuentes que tienen acceso a la pesquisa. Y no descartan, en el corto plazo, un viaje a San Luis para reconstruir el hecho. “Hay que hacer una especie de auditoria, en el buen sentido, es decir, una suerte de barrido de todo lo que hizo la Justicia de San Luis en el caso y analizar con ojo clínico, crítico, las medidas que se efectuaron”, concluyeron.

Un misterio puntano

Guadalupe Lucero, de 5 años, fue vista por última vez en la casa de su tía, en el barrio 544 Viviendas, de San Luis, en medio de un festejo de cumpleaños familiar, mientras jugaba con sus primos en la vereda. Alrededor de las 19 del 14 de junio de 2021, su madre salió a la calle para ponerle un abrigo y enseguida regresó al interior de la casa, pero después ya no volvió a verla.

Tras la denuncia de la familia, comenzó la búsqueda de la niña. El sumario que instruyó el jefe de la Policía de San Luis, Darío Neira, fue rubricado como “averiguación de paradero” y pasó a manos del juez de Instrucción Penal 2 de San Luis Ariel Parrillis.

La desaparición de Guadalupe se convirtió, durante algunas semanas, en una “causa nacional”. Su rostro sonriente aparecía en las pantallas de TV y en los portales digitales de noticias. Su nombre era objeto de permanentes comentarios en las redes sociales.

Pero, como ocurre con tantas otras noticias conmocionantes, el interés por el caso languideció y el fracaso en los rastrillajes y el desgaste de la pesquisa al ir detrás de decenas de pistas falsas prácticamente detuvo la maquinaria judicial.

Declararon alrededor de 600 testigos, se realizaron más de 400 allanamientos y se realizaron casi 1300 procedimientos, que hasta el momento no han arrojado ninguna pista certera que permita trazar una línea de investigación contundente sobre el paradero de Guadalupe. Actualmente, la causa reúne unos 90 cuerpos que están siendo analizados por la Justicia federal, tras el cambio de fuero concretado en diciembre último, bajo la carátula de “averiguación privación ilegítima de la libertad y/o apropiación”.

A lo largo de la investigación, el devenir de la causa recibió fuertes críticas por una serie de decisiones procesales, que incluye la emisión tardía de la “Alerta Sofía”, que habría ocurrido unas 96 horas después de la desaparición y la demora en el peritaje a celulares, ordenado recién en el mes de octubre, entre otros cuestionamientos.

Sin embargo, fuentes judiciales a las que accedió LA NACION aseguraron que, con el traspaso al fuero federal, se puede comenzar “desde cero” y revisar lo actuado. “La literatura internacional en materia de búsqueda de personas indica que cuando pasan seis meses sin resultados es recomendable que otro equipo tome el caso y hacer una suerte de auditoría en términos de revisar el caso con otros ojos, con otra mirada, que no esté comprometida con lo ya hecho. Y es deseable que así sea”, aseguraron. Y agregaron: “Hay que tener en cuenta lo ya hecho, pero para revisarlo y volver sobre cuestiones no exploradas”.

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