Pádel ilegal en Pilar: procesaron a los jugadores que rompieron la cuarentena

Cuando la Gendarmería Nacional comenzó el allanamiento, los jugadores estaban en plena competencia
Cuando la Gendarmería Nacional comenzó el allanamiento, los jugadores estaban en plena competencia
Gabriel Di Nicola
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6 de agosto de 2020  • 11:55

Después de rechazar solicitudes de suspensión del proceso a prueba y pedidos para que se aplicara el instituto de "reparación integral de daño" en sustitución de una eventual pena, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó sin prisión preventiva a las 14 personas que violaron el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) para jugar un torneo de pádel en un club de Pilar.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Entre los procesados están Fernando Lauría, un exfuncionario de la Municipalidad de Tigre que renunció cuando estalló el escándalo, y el tesorero de River Plate, Ignacio Amui Amorena. El magistrado también trabó embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 100.000 y 300.000 pesos, según cada caso.

Los imputados fueron procesados por haber violado las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, en este caso el Covid-19.

"Conforme la prueba reunida y analizada bajo las reglas de la sana crítica racional, se puede concluir que los encausados en la presente causa infringieron el artículo 205 del Código Penal al violar las disposiciones emanadas por el Estado de la Nación en el decreto 297/2020 (donde se dispuso el ASPO), sin causa de justificación alguna que encuadre dentro de las excepciones previstas", afirmó el juez González Charvay.

En el artículo 205 de Código Penal se establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años de prisión el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

La causa comenzó tras una llamada anónima en la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación
La causa comenzó tras una llamada anónima en la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación

Además de Lauría, que hasta que se hizo pública su imputación se desempeñaba como Secretario General y de Economía de Tigre, y de Amui Amorena, fueron procesados por el juez González Charvay Claudio Herreros, Felipe Llerena, Ignacio Ulloa, Gustavo Melnyk, Adrián Chanteiro, Matías Medina, Jonatan Correa, Jorge Correa, Jorge García, Sergio Torres, Alfredo Drago y Fabián Córdoba.

La causa comenzó el 28 de junio pasado con una llamada a la línea de denuncias 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación. El denunciante anónimo dijo que en la ciudad deportiva del Club Atlético Pilar, situada en Ruta 8 y Los Lirios había gente en las canchas de pádel en plena violación de la cuarentena.

"Quien se comunica, denuncia al Club Atlético Pilar, por incumplimiento de la cuarentena, ya que constantemente se encuentran ingresando al mismo y van a las canchas de pádel que están tapadas con lonas. En estos momentos hay alrededor de 20 personas en el lugar", según la transcripción que hizo la Gendarmería Nacional de la llamada anónima al número 134.

Personal de la Gendarmería Nacional se dirigió a la sede la ciudad deportiva del club para hacer una inspección y descubrió a los jugadores en plena disputada de los partidos de pádel. En la recepción estaba Herreros.

"Lauría, quien de manera espontánea manifestó ser socio del dueño de dicho [por Herrero] establecimiento deportivo [las canchas de pádel y tenis están concesionadas], y dijo que no se encontraba realizando actividad deportiva alguna, sino que se encontraba allí, a los fines de retirar unos elementos", según se desprende del expediente judicial. El exfuncionario de Tigre había ido a Pilar con una camioneta perteneciente al municipio.

Después, en su declaración indagatoria, Lauría explicó que era el contador de Herreros y que no forma parte de la explotación de la concesión de las canchas de pádel.

Tras verificar las circunstancias de la denuncia anónima, los gendarmes se comunicaron con funcionarios del Juzgado Federal de Campana. Al entender que la actividad descubierta, no estaba prevista en ninguna de las excepciones del ASPO, González Charvay decidió abrir una causa por violación del artículo 205 del Código Penal y clausurar las instalaciones del club.

Condiciones necesarias

"Se constató que al menos Amui Amorena, Lauría, Jorge Correa, Melnyk, Córdoba, Drago y García realizaban actividades deportivas, más precisamente, jugaban al pádel. Lauría y Herreros, siempre con el grado de probabilidad propio de esta etapa que se transita, que tiene por constatado que al momento de los hechos eran responsables del predio conforme surge del contrato de concesión que obra en las presentes actuaciones, y en que virtud de ello, son quienes habrían generado las condiciones necesarias para la permanencia del resto de los encausados en el lugar, sin justificación que se encuentre prevista dentro de las excepciones del Decreto y demás disposiciones.", se afirmó en la resolución.

En su declaración indagatoria, Herreros sostuvo: "Con respecto a la imputación que se me endilga, nunca organice ni propuse ni participe ningún torneo de pádel, ni ningún evento deportivo. El hecho imputado es atípico, ya que de mi parte no hubo ninguna violación y ninguna medida adoptada por las autoridades competentes. Que tampoco con las acciones implicó la propagación o introducción de enfermedad alguna".

Por su parte, el exfuncionario de Tigre, el contador público Lauría, intentó justificar su presencia en el club al afirmar: "Convenimos con Herreros que concurriría al club para mantener una conversación con él del tipo profesional vinculada al contrato y al asesoramiento que le brindo. Cabe señalar que es habitual que afronte el pago de obligaciones y luego acordamos la forma de la retribución". Y sostuvo que solo fue a las canchas de pádel a saludar a las personas que estaban jugando.

"100 días de encierro"

En su declaración indagatoria, el tesorero de River Plate, Amui Amorena, sostuvo que había ido al club por invitación de Lauría. "Acepté concurrir porque ya llevaba 100 días de encierro, me sentía agobiado y angustiado, no tenía ningún síntoma, íbamos a respetar la distancia, teníamos barbijo y era una actividad al aire libre. No sabíamos que iba a haber más gente en el lugar. Creíamos que solo íbamos a estar nosotros".

Y agregó: "Nunca pensé que podía llegar a provocar un daño en perjuicio de nadie, en su salud o en sus bienes, ni siquiera supuse, ni remotamente, que mi actitud pudiera afectar un bien jurídico. De hecho, unos días después me hice un hisopado, cuyo resultado fue negativo de Covid-19. Me equivoqué. Indudablemente fui inconsciente y procedí sin pensar. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera estar cometiendo un delito".

En igual sentido declaró Ulloa. Hasta utilizó las mismas palabras sobre los 100 días de encierro y la angustia que sentía. Llerena, en una presentación por escrito, explicó: "Soy una persona adulta, de 60 años, y desde hace 35 sufro de diabetes. Esa condición médica me obliga a practicar actividad física en forma periódica. Cumplo con esa recomendación. Adjunto un certificado médico que así lo acredita. Durante todo este largo periodo solo utilicé una bicicleta fija en mi domicilio. Sin ánimo de justificar mi conducta, debo también decir que para ese día las restricciones imperantes, como es de público conocimiento, estaban bastante relajadas".

Reparación de daño y probation

Lauría, Herreros, Llerena, Amui Amorena y Ulloa hicieron una presentación para ofrecer una "reparación integral del daño". Melnyk, Chanteiro, Medina, Jonatan y Jorge Correa, García, Torres, Drago y Córdoba, solicitaron en autos la suspensión de juicio, instituto conocido como probation.

El fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas no prestó su conformidad para firmar los acuerdos y el juez federal González Charvay rechazó las presentaciones.

"En este delicado escenario no resulta abundante recordar y tener presente que el respeto y cumplimiento de las leyes por parte de los habitantes de la nación se erige como uno de los pilares fundamentales a partir del cual se han construido y desarrollado las sociedades modernas, y se traduce en el sometimiento a todos aquellos mandatos o imposiciones de cualquier índole, emanados de las autoridades competentes u órganos legislativos, destinados a crear, otorgar, regular o cercenar ciertos derechos, siempre en pos del bien común", sostuvo González Charvay en el procesamiento de los imputados.

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