Padre e hijo, asesinados. Comenzó el juicio por el doble crimen cometido en el predio del Gauchito Gil

CORRIENTES. Con los alegatos de apertura y la lectura del expediente y de las acusaciones, tuvieron lugar ayer, y siguen hoy, en Mercedes, las primeras audiencias del juicio por el doble crimen cometido hace casi un año en el marco de una disputa por negocios en el predio del santuario del Gauchito Gil. Nueve personas están en el banquillo. Se las acusa de los homicidios de Sergio Abel “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre, Julio César “Minto” Canteros, de 64. Los nueve procesados se abstuvieron de declarar.

El doble crimen ocurrió el 6 de agosto de 2021. Ese día, padre e hijo fueron apuñalados en su propiedad (un puesto donde comercializaban artículos relacionados con el Gauchito Gil) por un grupo de personas que, según se cree, estaban vinculadas a la mujer que administraba el santuario: Ramona Villalba.

“Checho” Canteros murió en el lugar a causa de las graves lesiones sufridas al recibir alrededor de 20 puñaladas; mientras que su padre agonizó tres días hasta que falleció en el hospital. Tenía entre 5 y 7 heridas punzo-cortantes. En el hecho también resultó herido un cuñado de Sergio: Cristian Luis Rodríguez.

Las primeras investigaciones, pero sobre todo el comentario conmocionado de todo el pueblo de Mercedes, arrojaron como primera conclusión, en aquellos días, que padre e hijo fueron asesinados porque se resistieron a abandonar su lugar y cederlo a los allegados de la administradora del predio.

Esta situación puso en evidencia, en una instancia límite, ciertos manejos oscuros sobre el negocio que florece en el santuario del Gauchito Gil, y por el que todos los días, pero en especial cada 8 de enero (día del santo pagano), pasan cientos de miles de devotos de todo el país y la región, que incluye a Paraguay, Uruguay y Brasil.

Los acusados

En el banquillo de los acusados están Walter Luis Astarloa, Maximiliano Contreras, Juan Ramón Rivero, Carlos David Molina, Jonathan Natanael Astarloa, Juan Cruz Astarloa, María Magdalena Astarloa, María José Obes y Gisella Paola Astarloa, quienes están acusados del delito de doble homicidio triplemente agravado, y por las lesiones sufridas por Cristian Luis Rodríguez. El primero también está procesado por haber amenazado a una de las víctimas dos días antes del ataque mortal.

El juicio lo lleva adelante el Tribunal de Juicio de Mercedes, integrado por Jorge Troncoso, María Eugenia Ballará y Juan Manuel Muschietti. Llegó a la etapa de debate casi un año después de ocurrido el hecho, en virtud de los plazos acotados establecidos en el nuevo Código Procesal Penal que rige en la localidad desde el 1° de noviembre del 2020.

La causa fue tramitada por la Jueza de Garantías Margarita López Rivadeneira, quien dio por finalizada la etapa de investigación, luego de realizar 51 audiencias en el plazo de 8 meses, según se informó oficialmente.

El fiscal es Adrián Casarrubia. Elevó a juicio los dos hechos ocurridos en el predio del Gaucho Gil, exactamente en el kilómetro 102 de la Ruta Nacional 123, en jurisdicción de Mercedes. El primero ocurrió el 4 de agosto de 2021, día en el que Sergio Abel Canteros habría recibido una amenaza de Walter Luis Astarloa; y el segundo, dos días después, el 6 de agosto de 2021, oportunidad en que se produjo el ataque que resultó con dos víctimas fatales y una persona lesionada.

Alegatos de apertura

El fiscal Casarrubia presentó el caso y adelantó que probaría que hubo una “organización familiar para atentar contra la vida de dos personas”. Se refirió también a la instigación de algunos integrantes del grupo con relación a otros, además de hacer énfasis en indicios de criminalidad evidentes, basado en las armas blancas utilizadas en la pelea y los golpes propinados a los fallecidos, entre otros aspectos.

El abogado Marcos Harispe, de la querella, coincidió con la figura de la instigación y también sostuvo la tesis de una acción premeditada por parte de los procesados con relación a los dos fallecidos.

Los abogados defensores plantearon, por su parte, una postura diferente: entendieron que las muertes se produjeron en el marco de una pelea iniciada por los fallecidos en un contexto de rivalidad territorial donde cada uno explotaba zonas diferentes. Rechazaron de plano la idea de una asociación ilícita, emboscada o asociación con la finalidad de cometer un delito. Y cuestionaron que la Fiscalía solo hubiera investigado a los Asterloa y no se detuviera a analizar la dinámica de la pelea.

La mayoría solicitó la absolución de sus clientes. Los abogados Troncoso, Ballará y Muschietti dieron la posibilidad a cada uno de los imputados de hacer uso de su derecho a declarar, aunque todos declinaron y optaron por hacerlo más adelante.

El edificio del Tribunal Oral Penal y la sala de debates contaron con un amplio dispositivo de seguridad, y también se dispuso la presencia de una ambulancia para la mujer embarazada de 36 semanas que está imputada.

Las nueve personas imputadas se encuentran detenidas con prisión preventiva (la que se prorrogó hasta la finalización de las audiencias de juicio): Contreras, en la Sección Alcaidía de la Comisaría Seccional Primera de la ciudad de Curuzú Cuatiá; Maria Magdalena Astarloa guarda prisión domiciliaria, y los demás están alojados en la Sección Alcaidía de la Comisaría Seccional Primera de la ciudad de Mercedes.

Las voces de los familiares

Nidia Caballero, madre de “Checho” y esposa de “Minto”, habló a pocos días del inicio del juicio. “Siempre seguimos mal. Parece que todo pasó ayer. No es fácil continuar, pero estamos de pie”, dijo la mujer en diálogo con la prensa de Mercedes. “Lo que pasó fue en un segundo y quedamos destrozados. Todo cambió en la familia. Perdí un hijo y a un compañero. Todos los domingos espero que llegue para el almuerzo”, agregó.

Jessica Rodríguez, esposa y nuera de los asesinados en agosto de 2021 en el predio del Gauchito Gil, en tanto, aseguró que “la mafia sigue” en el predio y que la intervención no debería ser del gobierno provincial, sino de una fundación o asociación.

Dada la grave situación, en efecto, el gobierno de Corrientes se vio en la obligación de intervenir, nombrando a Victor Isnardo, excomisario de la Policía, como titular del predio.

Para los familiares de las víctimas, esta decisión no alcanza. “Hicieron algunos cambios en el frente: a los puestos que estaban en el frente, al lado del Gauchito, los llevaron atrás, a una carpa. Es el único cambio que hubo. A mí me da miedo hablar de esto, pero a la vez ya está, más de lo que perdí...”, dijo Rodríguez sobre la situación actual.

El traslado ocurrió, y luego, la demolición de todo lo construido precariamente en el frente, en paralelo al guardrail de la ruta. A pedido de la Dirección Nacional de Vialidad, los puestos de venta que estaban instalados sobre esas barandillas de la ruta 123 fueron demolidos y sus ocupantes reubicados en un predio cercano hasta que el gobierno de Corrientes termine la construcción de un local con mayores comodidades y en un lugar seguro, se cree que alejado de la ruta.

A mediados de mayo, de hecho, funcionarios del Gobierno de Corrientes anunciaron el pronto inicio de obras para el centro de culto y recreación. Los funcionarios recorrieron el predio y anunciaron a los vecinos que en breve comenzarán las obras, pero sin fechas precisas.

Las denuncias sobre manejos turbios, incluso amenazas y agresiones menores por el control del negocio que se desarrolla en el predio del Gauchito Gil no son nuevas, pero el doble crimen motorizó una intervención efectiva, primero, sobre la seguridad del lugar, y luego se avanzó con la demolición de todas las construcciones linderas a la ruta nacional, y que con los años convirtió al santuario en una suerte de shopping a cielo abierto, reñido con todas las normativas viales, de seguridad y comercio.

El juicio continuará hoy y el viernes, con las declaraciones testimoniales ofrecidas por la Fiscalía, la querella y la defensa. Se incorporaron unas 150 pruebas (entre informes, declaraciones, peritajes, requisas, actas de allanamientos y secuestros de prendas y objetos, registros fotográficos) admitidas de la Fiscalía para ser exhibidas a quienes hubiesen participado en su producción. El cronograma prevé luego audiencias los días 8, 9, 10, 11, 12 y 16 de agosto.