Piden sobreseer a una mula de una banda narco y considerarla víctima de trata

L. A. C. nació hace 21 años en Bolivia. No terminó la escuela primaria. Dejó de estudiar a los 10 y comenzó a trabajar en la selva, en la cosecha. El 9 de diciembre pasado, en un control sobre la ruta 34, a la altura de la ciudad santafesina de Rafaela, la Gendarmería detuvo el paso de un ómnibus que había salido desde San Salvador de Jujuy hacia la terminal de Retiro. Uno de los pasajeros era él. Al cabo de la inspección le secuestraron ocho cápsulas de cocaína; L.A.C. admitió que había ingerido otras 84.

Cuatro meses después de aquel operativo, el fiscal federal de Rafaela, Gustavo Onel, pidió que L. A. C. sea sobreseído y que, en lugar de traficante, se lo considere víctima del delito de trata de personas y se ordene su libertad.

Según se informó en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar, "la fiscalía interviniente estimó que se encontraba frente a una persona que presenta un considerable grado de vulnerabilidad. Es que de las pruebas colectadas surge que se trata de un joven con estudios primarios incompletos, que no sabe leer ni escribir, que dejó de estudiar a los 10 años porque su padre no tenía plata, y que se dedicó a trabajar en la selva cosechando y luego volvió a trabajar con sus padres. Proviene de una familia rural con condiciones socioeconómicas precarias y, a la fecha de su detención, la familia vivía en una finca de la que eran cuidadores, con piso de tierra y colchones en el piso".

El joven boliviano, después de su detención, estuvo internado en el hospital Ferré, de Rafaela, donde expulsó las cápsulas con cocaína. El total de droga secuestrada fue de poco más de un kilo.

El fiscal Onel opinó que se debían considerar tres "aspectos fundamentales": las condiciones particulares del imputado, las especiales características del hecho investigado y los principios jurídicos involucrados.

"En esta causa en particular, las pruebas colectadas, los listados de llamadas y el peritaje técnico del celular incautado llevaban a descartar la participación del acusado en un rol activo dentro de la organización criminal. Por ello, y frente a esta hipótesis, la fiscalía sostuvo que se estaría en presencia de una reducción a la servidumbre, teniendo en cuenta las condiciones personales -contexto que pudo razonablemente haberlo determinado a aceptar la propuesta- y la modalidad de traslado -utilizando su cuerpo como un mero envase de resguardo del material ilícito, que luce más seguro para la organización criminal interesada en que la droga llegue a destino, pero altamente riesgoso para la salud del sujeto utilizado", se precisó.

Sobre el hecho analizado, el representante del Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta el riesgo a la salud que implicó para el imputado ingerir más de 80 cápsulas de cocaína.

"En cuanto a los principios jurídicos que se encuentran en juego, el fiscal federal los contempló desde distintas hipótesis que no podían ser descartadas: la primera, si el imputado fue utilizado por terceros para llevar adelante el transporte de droga, o bien que hubiera actuado en forma individual y no en el marco de una organización narcocriminal. No obstante, concluyó que en cualquiera de ellos correspondía el sobreseimiento", se afirmó en www.fiscales.gob.ar.