Por el escándalo de narcos y policías cayó el ministro de Seguridad cordobés

CÓRDOBA.- El escándalo por las presuntas vinculaciones entre policías antinarcóticos y narcotraficantes que investiga la justicia federal y que ya tiene a cinco uniformados presos provocó ayer un fuerte terremoto en el gobierno de José Manuel de la Sota al renunciar el ministro de Seguridad y el jefe de la policía.

Las cabezas de Alejo Paredes y del comisario Ramón Frías , ministro de Seguridad y jefe de la policía de Córdoba, respectivamente, habían sido reclamadas por la oposición política después del allanamiento a la Jefatura de Policía y de la detención de quien era jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, Rafael Sosa , y otros cuatro subordinados.

A ellos se agregó ayer la imputación sin detención de otros tres policías, entre ellos el anterior director de Antidrogas, el comisario mayor Mario Nieto.

El gobernador De la Sota se encargó de hacer públicas las renuncias de sus dos funcionarios: "Acabo de recibir la renuncia del ministro de Seguridad y el jefe de policía de Córdoba y yo no se las he pedido, sino que ellos las han elevado".

A su vez, el jefe de Gabinete, Oscar González, reveló que el Ministerio de Seguridad quedará bajo su órbita y que Frías continuará al frente de la jefatura de la fuerza hasta que se designe su reemplazante.

Para acallar los múltiples reclamos de la oposición, González anticipó que el gobierno enviará a la Legislatura Unicameral un proyecto para que la designación de las futuras autoridades de la sección Drogas se haga con el aval parlamentario, previa audiencia pública. Además, todos los que trabajen en la dirección deberán presentar una declaración jurada de su patrimonio anualmente.

De la Sota consideró que se trata de "un cambio muy importante" y que a partir de ahora la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico "podrá ser conducida por un miembro de la fuerza policial o por una persona civil que tenga formación o experiencia en la lucha contra el narcotráfico".

El gobernador abordó el grave tema de las denuncias contra el personal de drogas y afirmó que las acusaciones pesan sobre esa área y no sobre toda la institución policial.

De la Sota puntualizó: "El problema que hoy se investiga no es por la actuación de la policía dentro de la justicia provincial en la lucha contra los quioscos de droga. El problema se da en un procedimiento de tipo federal, donde aparece una persona que aparentemente tendría grandes vinculaciones con narcos, haciendo estas denuncias".

De la Sota aludió así al informante policial Juan Francisco Viarnes, alias "el francés", quien tras ser detenido con dólares falsos, acusó ante la justicia federal a los policías de Drogas de actuar en connivencia con narcotraficantes. La denuncia fue ratificada después en un programa de televisión.

"La Justicia seguramente tomará en cuenta la calidad moral de este sujeto, porque para ser «buchón» hay que estar vinculado a estos delincuentes", acusó el mandatario, para desautorizar a Viarnes.

De la Sota evitó entrar en el duro cruce entre los legisladores oficialistas y el fiscal federal Enrique Senestrari, a quien acusaron de ser partícipe de una "burda maniobra política" del kirchnerismo contra el gobierno de Córdoba.

"No tengo por qué estar en acuerdo o desacuerdo [con la justicia], yo no soy juez, yo gobierno", sostuvo el gobernador.

De todos modos, De la Sota planteó: "En principio, la sospecha de la justicia hacia algunos policías del área de narcotráfico no es tolerable y mucho menos algo en lo que podamos perder tiempo para actuar con responsabilidad".

El gobernador de Córdoba agregó: "Si hay policías que no han actuado correctamente está bien que la justicia vaya hasta el final y se determinen esas responsabilidades".

Sobre la politización del tema, De la Sota sostuvo que "pareciera que el flagelo mundial de la droga en la Argentina tiene colores políticos y sólo aparece en las provincias que tienen una posición independiente como es el caso de Santa Fe o Córdoba".

Y opinó que "sería entrar en un terreno de especulación que no corresponde. Yo creo que nadie va a sacar ventajas políticas de algo que destruye la vida, que corrompe, que genera violencia en todo el planeta".

El fiscal Senestrari imputó a otros tres policías por presuntos vínculos de miembros de la fuerza con el narcotráfico, con lo que ya suman ocho los efectivos involucrados. Entre ellos se encuentra el comisario mayor retirado Nieto, quien hasta el año pasado se desempeñó como jefe de Drogas Peligrosas, puesto en el que fue reemplazo por el ahora detenido Sosa. De los dos restantes no se dieron los nombres.

Todos están imputados por los delitos de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y privación ilegítima de la libertad a raíz de supuestas detenciones ilegales.

Trascendió que los otros dos imputados serían policías de la división Robos y Hurtos que estarían vinculados al secuestro de uno de los dueños del boliche Palmira del barrio capitalino Cerro de las Rosas, hecho por el cual aparece como uno de los implicados el comisario Sosa.

La investigación que provocó una crisis

• Denuncia
  
  Todo comenzó cuando se detuvo a un "buchón" policial con dólares falsos y acusó a la policía de tener una connivencia con presuntos narcotraficantes
• Allanamientos
  
  El fiscal federal Enrique Senestrari allanó la sede central de la policía de Córdoba y detuvo al jefe de la división Drogas, comisario Rafael Sosa, y a otros cuatro uniformados