Presentaron pedido de juicio político a juez de Bahía Blanca que liberó a violador

MAR DEL PLATA.– Se formalizó ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses el pedido de enjuiciamiento de Claudio Brun, titular del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Bahía Blanca, acusado de no respetar protocolos legales al disponer la libertad de un delincuente condenado por delitos sexuales.

La demanda se extendería a otros jueces de la provincia que se sumaron a la decisión de conceder prisiones domiciliarias a detenidos considerados "de riesgo" en el marco de la actual pandemia de coronavirus y el déficit sanitario que presentan las cárceles de la jurisdicción.

El diputado Pablo Garate (Frente de Todos) ingresó este pedido a raíz de la liberación de Néstor Ibars, condenado por violar y embarazar a una joven con diagnóstico de retraso madurativo. "A pesar de haber retrotraído [el juez] la liberación de Ibars, nuestra tarea es defender a todas las víctimas que no se pueden defender y porque en este caso hay una gran cantidad de liberaciones y de delitos muy graves", señaló el legislador, que es oriundo de Tres Arroyos y responde al líder del Frente Renovador y presidente de la Cámara baja de la Nación, Sergio Massa.

En la denuncia se le cuestiona por "incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido".

Se espera que en el transcurso de esta semana se presenten nuevos pedidos de jury para otros magistrados que habrían incurrido en estas mismas irregularidades, demandas que formalizará el diputado provincial Jorge D'Onofrio.

Garate reclamó al sistema judicial "sentido común y responsabilidad" y que se termine "con los jueces del 'salga, salga' y los que creen que quienes cumplen condena tienen más derechos que las víctimas".

En la denuncia contra Brun se argumenta que con su desempeño en este y otros casos infringió la Ley Nacional de Víctimas. Advierte además que también se violó la norma de Protección Integral de la Mujer y que tampoco se dio intervención al Asesor de Incapaces, aun cuando la víctima del hecho en cuestión presentaba retraso madurativo".

A Ibars se lo condenó en 2015 a una pena de siete años de prisión. El juez Brun le concedió la prisión domiciliaria el pasado 7 de abril, pero en función del escándalo que generaron este y otros casos resolvió dar marcha atrás con la medida. Entonces ordenó que regrese a su celda, en la cárcel de Villa Floresta, casi en coincidencia en que se conocía el pedido de juicio político que se acaba de formalizar.

Su colega D'Onofrio ya anticipó que también avanzará con pedido de juicio político para María Inés Piñero Bertot, jueza del Tribunal Oral N°2 de San Martín y la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de San Martín, por otorgar prisión domiciliaria a Antonio De Palma, a la espera de juicio por haber violado a una adolescente de 17 que reside a pocas cuadras del lugar donde el delincuente se instaló a partir de este beneficio.

El regreso de Ibars a su casa, en Punta Alta, despertó la reacción de vecinos que realizaron manifestaciones para reclamar que vuelva a prisión, ya que lo consideran un riesgo para el resto de la comunidad.

Recordó el legislador que este procesado por un delito gravísimo había escapado apenas supo de la imputación, lo que marca un antecedente de su poca colaboración con la investigación. "Ahora o solo no se encontraba en lo que denominamos población de riesgo sino que entra en lo que marca la ley para denegar las excarcelaciones y tiene que ver con la posibilidad de fuga", remarcó.