Procesan al intendente de Itatí y apuntan a los eslabones superiores políticos y judiciales

Para tratar de pasar inadvertidos se valían de chicos en edad escolar para cruzar los cargamentos de marihuana desde Paraguay y acopiarlos en Itatí, un pueblo de Corrientes recostado sobre el río Paraná que se convirtió en la puerta de entrada del cannabis a la Argentina. Para operar en la zona contaban con la protección de policías provinciales y nacionales e incluso de funcionarios políticos y judiciales para obtener y distribuir la droga en una flota de vehículos que manejaban.

Así lo evaluó el juez federal porteño Sergio Torres en un extenso fallo de 640 páginas en el que dispuso el procesamiento del intendente de Itatí, Natividad "Roger" Terán (Frente para la Victoria), y de otras 27 personas -incluidos el viceintendente del pueblo de la Virgen, Fabio Aquino- como integrantes de una asociación ilícita que, valiéndose del uso de menores de edad, y con la participación de funcionarios públicos, se dedicaba al tráfico en gran escala de marihuana producida en Pedro Juan Caballero, donde están las tierras más fértiles para el cannabisparaguayo. También les trabó embargos de hasta 1.600.000 pesos.

Torres adelantó en su resolución que la investigación que puso bajo la lupa a Itatí es preliminar y, en consecuencia, seguirá profundizándose, ante la gran cantidad de información reunida en torno a las complicidades políticas y judiciales que tenían las bandas que desde esta ciudad, de 9000 habitantes, proveían de marihuana a siete provincias argentinas.

"Dentro de esta gran estructura que tiene sometida a Itatí habría funcionarios públicos locales y provinciales, personal de las tres fuerzas de seguridad federales (Prefectura, Gendarmería y Policía Federal), de la policía local y también autoridades del Poder Judicial que tendrían nexos con esta organización a través de los abogados que ofician de defensores de quienes caen detenidos o vinculados a alguna causa judicial", se afirmó en el fallo conocido ayer, tras una vasta investigación de Torres y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que encabeza el fiscal Diego Iglesias, con auxilio de la Gendarmería Nacional.

"La información obtenida permite inferir que para asegurar y facilitar el transporte de la droga retirada en Paraguay por parte del grupo criminal se procuraba la utilización de menores de edad, aspecto que permitía a la banda disimular el verdadero motivo del viaje realizado", sostuvo el magistrado.

Según Torres, la organización que tenía el centro de operaciones en Itatí era liderada por Carlos Bareiro, Luis Saucedo y Federico Marín, que actuaban de forma coordinada a través de un entretejido familiar de confianza que cumplía distintos roles para mantener un fluido sistema de distribución de la droga proveniente de Paraguay.

Terán y Aquino se encargaban, según surge del fallo, "de coordinar parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad"; además, "movían el dinero obtenido" por la banda.

Un testigo de identidad reservada -asignado con el legajo N° 7- describe en su declaración que "Roger" Terán "juntaba a todos los bandidos en su casa y se organizaban" y que "con eso se financió la campaña a la intendencia". Y dijo que Saucedo, uno de los líderes de la organización, que trabajaba en el municipio y cobraba un subsidio estatal, "le financió la campaña con la actividad de narcotráfico".

Los testimonios volcados en el expediente describen otro costado de la subsistencia del narcotráfico con un sistema asistencialista delineado desde la municipalidad de Itatí. Según aquel testigo reservado, Terán -nacido en Paraguay- llevaba a Itatí a connacionales suyos para tramitarles constancias de domicilio truchas en la seccional de la ciudad. El comisario era Diego Ocampo Alvarenga, también detenido y procesado en esta causa. "Les pagaban 400 pesos a los paraguayos para que se hicieran el DNI para votar. Terán y Aquino negociaban con gasoil de la intendencia para que Alvarenga liberara a los maleteros [pasadores de droga] detenidos", reza el fallo.

La cercanía con Paraguay -de costa a costa hay entre 2500 y 3000 metros nutridos de islas- puso a Itatí como una zona caliente del contrabando. Pero la actividad delictiva mutó hace menos de una década. El salto fue veloz: del tráfico ilegal de cigarrillos se pasó al narcotráfico.

Itacorá

Frente a Itatí, en Itacorá, departamento paraguayo de Ñeembucú, se ubica una de las regiones más permeables al tráfico de estupefacientes provenientes del centro y el norte de Paraguay, donde se cultivan por año unas 55.000 hectáreas de Cannabis sativa. Unas 10.000 toneladas de esa droga llegan al mercado argentino; una parte sigue a Chile.

Marín, otro de los líderes de la organización, está prófugo desde enero del año pasado. Lo llamativo es que se fugó dos veces en 11 días. El 29 de enero de 2016, "Morenita" logró zafar después de que efectivos de la Gendarmería detuvieron en la localidad correntina de San Cosme una Ford F-100 en la que él iba acompañado de Rodolfo Botello da Silva y Ramón Sánchez, dos cómplices.

El 10 de febrero de ese año, "Morenita" escapó de nuevo en un control de la ruta 12, cerca de Paso de la Patria. Huyó por una zona de monte. Este hombre escurridizo carece de registros de cruces fronterizos, algo que no llama la atención en esa geografía. Se sospecha que está en Paraguay. En la causa el juez señaló que a Marín le avisaron antes de que se hicieran los allanamientos.

Uno de los testimonios que figuran en la causa señala que "Morenita" vive en las islas frente a Itatí y que frecuentemente cruza a Corrientes.

"Cada vez que se acercan los guardacostas de la Prefectura, dispara. Él asegura que no lo van a atrapar vivo", relató uno de los testigos.

Del editor: Cómo sigue. ?El juez Torres intuye que la banda no pudo haber operado sin cobertura de escalones superiores dentro de la provincia.