Proponen crear tribunales de tratamiento de drogas para delincuentes adictos

El Gobierno trabaja en un proyecto que prevé dar a los acusados la alternativa de cambiar el proceso penal por una rehabilitación; se busca así reducir el consumo y la reincidencia
Daniel Gallo
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19 de diciembre de 2016  

El Gobierno espera contar en 2017 con tribunales especiales de tratamiento de droga para que lleven adelante causas por delitos menores en las que sea evidente que el imputado se encuentra afectado por la dependencia al consumo de sustancias estupefacientes. Los ministerios de Justicia y de Seguridad trabajan con la Sedronar en la redacción de un proyecto de ley que será puesto a consideración del Congreso el próximo año. La intención es replicar en todo el país la experiencia desarrollada por Salta desde 2014. El objetivo: curar para bajar la reincidencia.

La expectativa oficial con esos tribunales es dotarse de herramientas para rehabilitar, bajo condiciones controladas por la Justicia, a adictos en conflicto con la ley en los que la adicción sea la causa o efecto de los delitos. Tribunales con esas características funcionan en Chile y en los Estados Unidos.

“En el caso de las personas con dependencia de las drogas para quienes ésta es una de las principales causas de su conducta delictiva, ninguna medida destinada a que se hagan responsables de sus actos es eficaz si no se atiende la causa subyacente de la conducta delictiva, es decir, la dependencia de sustancias. El objetivo de los tribunales de tratamiento de drogas es disminuir la incidencia de consumos problemáticos de sustancias relacionados con la actividad delictiva”, reza el borrador del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas, que trazará los objetivos y ejes de acción para frenar el crecimiento de los mercados ilegales.

No se trata de tribunales que se ocupan de casos de narcomenudeo sino de jueces que deberán fijar, asesorados por equipos sanitarios, pautas obligatorias de rehabilitación a cambio de dar por terminado un proceso penal.

Plan piloto

En Salta funciona una experiencia similar a la que estudian ahora las autoridades nacionales. Allí los acusados pueden pedir la suspensión de juicio a prueba y su derivación al tribunal de tratamiento de drogas. Entonces se inicia un proceso de admisión al programa, con un diagnóstico que deberá definir el grado y la gravedad de la adicción, la clase de tratamiento necesario y el tiempo estimado para alcanzar los objetivos de una recuperación. La causa penal da, así, paso a un período de asistencia controlada por un juez.

Al tratarse de un plan piloto, en Salta dos jueces de Garantías rotan cada 15 días sus funciones para tratar estas causas. La modalidad del abordaje para quienes se someten a esta rehabilitación y control de adicciones puede ser mediante una internación compulsiva, con restricción de visitas por un período determinado por el juez, o bien un sistema ambulatorio o de residencia nocturna. Si el beneficiado no cumple lo pactado, su causa vuelve al fuero penal.

Uno de los motivos que llevó a las autoridades a diseñar un sistema adicional al de la encarcelación fue la fuerte incidencia del consumo de drogas detectado entre la población carcelaria. En muchos casos los expedientes judiciales demuestran que los condenados cometieron el delito para sostener su consumo de estupefacientes.

Los datos que figuran en el documento de la Sedronar sobre el proyectado Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas muestran la diferente relación de consumo entre la población general y los internos alojados en cárceles federales. Estudios de 2012 indicaron que el 68,5% de la población privada de la libertad consumió drogas ilegales, mientras que en el resto de la sociedad ese valor apenas supera el 10 por ciento.

La diferencia es proporcionalmente mayor al analizar el consumo de cocaína: el 52% de quienes están tras las rejas inhalaron esa sustancia (con un 70% que ya evidencia dependencia a esa droga), mientras que el 3% de la población que no está en conflicto con la ley admite el consumo de cocaína.

El problema se agrava entre los adolescentes judicializados: su consumo de drogas es seis veces mayor que el encontrado entre estudiantes de nivel medio.

Beneficio, pero con obligaciones

  • La creación de los tribunales de tratamiento de drogas forma de un proyecto de ley que el Gobierno espera que el Congreso trate en 2017
  • Los acusados de un delito que hubiesen cometido el hecho al amparo de su adicción a las drogas podrán solicitar el cambio del proceso penal al del sistema de rehabilitación. Si no cumple con los pasos del programa ordenado por el juez, su expediente volverá al tribunal penal
  • En Salta, un plan piloto de estos tribunales especiales funciona desde 2014

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