Protege a los narcos de la 1-11-14 un "ejército" de 300 hombres

Una organización de mil hombres, con al menos 300 "soldados" desplegados como brazo armado del poder narco en plena ciudad de Buenos Aires. Diez laboratorios para la fabricación de cocaína y una red de contactos para distribuirla por todo el país. Dominio territorial de la villa 1-11-14 basado en el doble poder, económico y de fuego. Son los puntos fuertes de una denuncia realizada ayer por el legislador porteño Gustavo Vera en la Legislatura.

Ese grupo criminal, fuertemente armado con fusiles automáticos FAL y AK47 distribuidos en los techos de la villa 1-11-14, respondería a Marcos Antonio Estrada González, presunto líder narco peruano que estuvo un tiempo en prisión y que actualmente sigue encausado en diversas investigaciones judiciales, aunque en libertad.

El diputado porteño y candidato a jefe de gobierno por el partido Bien Común, que mantiene un estrecho vínculo de confianza con el papa Francisco, expuso el resultado de una investigación desarrollada por la Fundación La Alameda, que él preside. "Se describe en el informe cómo el narcotráfico se instaló en los lugares habitados por los sectores más vulnerables de la sociedad", indicó.

"Hay un territorio liberado a seis kilómetros de la Casa Rosada", reza el documento, que detalla relaciones entre el grupo narco y las fuerzas policiales, agregándose que el vínculo incluye a "jueces y fiscales".

Este trabajo fue el sustento concreto que llevó al papa Francisco a comentar que "la droga avanza" en el país. "Con respecto a la Argentina, puedo decir sólo esto: hace 25 años era un lugar de paso de la droga; hoy en día se consume. Y no tengo la certeza, pero creo que también se fabrica", dijo el Sumo Pontífice días atrás.

"El papa Francisco no se equivoca cuando dice que ya no somos un país de tránsito. No se actúa por complicidad o por cobardía. Los vecinos viven con terror porque estas bandas tienen ramificaciones que generan un montón de episodios de inseguridad. Hay que combatir el narcotráfico, que está creciendo en forma alarmante en la Argentina", expresó ayer Vera.

En la presentación del documento revivió, además, una denuncia penal realizada en 2013 contra Nilda Garré y buena parte del equipo que la acompañó durante el primer tramo de su gestión como ministra de Seguridad de la Nación.

"Es una denuncia muy grave. Ya está judicializada desde agosto de 2013, lo que pasa es que el juez federal Sebastián Ramos no ha hecho nada; tampoco ha hecho nada la Corte Suprema, que ha sido alertada de que el juez Ramos no ha hecho nada", explicó Vera.

Y agregó: "No bien asumió la ministra Nilda Garré en reemplazo de Aníbal Fernández, formó un equipo para investigar casos de corrupción policial. Después de un año y medio, 170 informes, más de 17 viajes a Perú, se logró establecer cómo es la banda que dirige el negocio del narcotráfico en ese territorio, que son 15 manzanas. Aclaro que la mayoría de los vecinos de la 1-11-14 son gente trabajadora y aterrorizada por estos delincuentes. Ante la absoluta inacción del juzgado y del Ministerio de Seguridad decidimos hacer pública esta denuncia".

El trabajo central se apoya en una investigación aportada por Jorge Rodríguez, quien presentó la denuncia contra los ex funcionarios. Este hombre fue contratado por el Ministerio de Seguridad en enero de 2011 y durante más de dos años se ocupó de descifrar la situación del narcotráfico en los pasillos de la villa del Bajo Flores.

Durante ese tiempo mantuvo un contacto con los principales funcionarios del Ministerio de Seguridad mediante un intercambio de mails que fue expuesto en la presentación de la ONG La Alameda.

"Hay por los menos diez laboratorios que pueden procesar cada uno diez kilos de cocaína por día", manifestó Rodríguez. Esos centros de fabricación de drogas podrían ser desarmados por sus encargados en media hora, en caso de recibir un aviso sobre un eventual allanamiento.

También afirmó que, según el "trabajo de campo" que realizó en la villa, la "fuerza militar" que protegería los reductos narco estaría integrada por ex soldados peruanos que habrían llegado para reforzar a la célula primaria, conformada por hombres del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Esa información fue suministrada en su momento a los funcionarios del Ministerio de Seguridad, según explicó el denunciante. Incluso se indicó que integrantes de la ex SIDE tendrían participación en el negocio narco en la villa 1-11-14.

Tras conocerse la presentación realizada por La Alameda, en el Ministerio de Seguridad se manifestó que tanto en la gestión de Garré como en la actual se investigó a los grupos narcos que operan en la villa 1-11-14 y que el resultado de esas pesquisas fue oportunamente comunicado a los juzgados pertinentes.

Incluso se detalló que el operativo conocido como Cinturón Sur fue diseñado para cortar las posibles relaciones entre policías y narcos, al incorporar a la Gendarmería en la vigilancia en el Bajo Flores. Se estimó, además, que en los últimos años bajó la presencia narco en el lugar y se consideró desproporcionadas la cantidad de armas y "soldados" denunciados en el informe.

Para Vera, en cambio, lo expuesto en el documento es una muestra de la ineficacia en el combate contra el narcotráfico y señal del aumento de la penetración de la droga.