Rechazaron la nulidad del juicio pedida por los acusados de copar una comisaría

Ocho imputados, entre ellos la esposa y la abogada de un preso, comenzaron a ser juzgados hoy como acusados de tirotearse con cuatro policías y dejar parapléjica a una uniformada al atacar en 2018 una comisaría de La Matanza con intenciones de liberar a un detenido, en una audiencia en la que las defensas pidieron declarar nula la acusación fiscal, aunque el tribunal rechazó el planteo.

El debate, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de La Matanza, se inició a las 10.30 con algunas dificultades técnicas, ya que se que realiza de manera semipresencial por prevención del coronavirus y por medidas de seguridad.

Los jueces Gerardo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno; el fiscal de juicio Ariel Speranza Rossi y algunos abogados defensores acudieron a la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, donde se acondicionó un sitio para cumplir con la distancia social y otras medidas de protocolo por prevención de la Covid-19.

Pero algunos defensores, el público y los ocho acusados desde distintas unidades carcelarias, siguieron la audiencia de manera virtual por la plataforma Teams, aunque con algunas dificultades de eco y acoples con el audio.

”Acá no sale nada, sale todo distorsionado” y “desde que empezó el debate no entendemos nada”, fueron algunas de las quejas de dos de los acusados desde una sala de la Unidad 30 de General Alvear.

Los dos principales acusados y señalados como los organizadores del golpe son Leandro Aranda, de 25 años y su esposa Zahira Ludmila Bustamante, de 22.

Aranda es el preso al que intentaron rescatar y siguió el debate desde la Unidad 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en General Alvear. Bustamante estaba conectada desde una sala de la Unidad 46 de San Martín.

Aranda estaba preso desde 2017 como acusado de haber cometido un crimen narco en una villa de La Matanza.

Por su parte, la por entonces abogada de Aranda, Leticia Tortosa, quien siguió el debate desde un anexo de la Unidad 46, está acusada de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a su defendido el teléfono con el que desde el calabozo, se comunicó con la banda para planificar el hecho.

Los otros cinco acusados son Tomás Sosa, de 22 años; Daniel Rodríguez, de 33; Sebastián Rodríguez, 42;, el mecánico Gonzalo D’Angelo, de 25, y Bruno Postigo Marullo, de 22.

La causa tenía un noveno detenido, Tomás Villamil quien se suicidó en el penal de San Nicolás luego de que la Justicia le dictara la prisión preventiva.

El juicio comenzó con los lineamientos de la acusación del fiscal Speranza Rossi, quien en base al requerimiento de elevación a juicio formulado por su colega Alejandra Núñez, adelantó por qué delitos iba a pedir condena para los acusados.

La carátula leída fue “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de la seguridad pública y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego –reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los que concurren idealmente con el evasión en grado de tentativa”.

El abogado Fernando Sicilia, defensor de Sebastián Rodríguez, fue quien en los lineamientos iniciales formuló un planteo de nulidad para el requerimiento de elevación a juicio, al argumentar que no estaban diferenciados los diversos roles que cumplió cada uno de los imputados y que a todos los acusaban de todas las etapas del hecho.

Para Sicilia, no es admisible que según la fiscalía, “las seis personas manejaron el auto, las seis dispararon y las seis hicieron de campana”.

Otros tres defensores adhirieron a este planteo, razón por la cual, tras un cuarto intermedio de una hora que se originó por una falla en la señal de wifi de la cárcel de General Alvear, el TOC 4 resolvió rechazarlo y continuar con el debate.

Walter Fidalgo, abogado de Aranda y Bustamante, los principales acusados, adelantó que en el juicio probará que la acusación “no se ajusta a la realidad”, en especial sobre “las tentativas de homicidios que el Ministerio Público Fiscal le endilga” a sus clientes.

El abogado Guillermo Schmidt, quien representa a Postigo Marullo, adelantó que pedirá la absolución porque su cliente no participó del hecho ni de su preparación y que solo estuvo involucrado en la falsa denuncia por el robo de uno de los autos usados por la banda, algo que es materia de otra causa radicada en Capital Federal.

Según el requerimiento fiscal cuestionado hoy, el hecho ocurrió a las 5.05 del 30 de abril de 2018 en la comisaría Distrital Noroeste 1a. de San Justo, donde los imputados Bustamante, su primo Postigo Marullo, D’Angelo, los dos Rodríguez, Sosa y el ya fallecido Villamil, desplegaron el plan para rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la seccional, donde esa madrugada había un total de 43 detenidos.

Siempre según la acusación, con “por lo menos dos armas de fuego” y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, algunos se quedaron afuera resguardando la zona y otros ingresaron en la seccional y dispararon contra el personal policial que se encontraba en la guardia “con el claro propósito de causar la muerte de los mismos”.

Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Rocío Villarreal, quien fue la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones “gravísimas” y la dejaron parapléjica en forma “permanente y definitiva”.

La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.