Reforzaron la vigilancia de crímenes informáticos

Los investigadores del Ministerio Público de Buenos Aires concentran en estos días su atención en el ciberespacio. Sucede que los fiscales penales de la provincia de Buenos Aires recibieron nuevas órdenes de la Procuración General ante el aumento de los delitos digitales en medio de la pandemia para activar rápidamente un plan que tiene como objetivo principal proteger "a los niños, niñas y adolescentes, y a las personas con padecimiento mentales", frente a la velocidad con la que comenzaron a actuar los piratas informáticos durante el aislamiento social.

El plan de los fiscales tiene como pilares fundamentales los conocimientos de especialistas integrados en cada departamento judicial sobre delitos como el grooming, la pornografía infantil y otros crímenes conexos con la trata de personas.

Los detalles del plan figuran en una resolución del Ministerio Público a la que tuvo acceso LA NACION, un documento en el que se insta a los funcionarios judiciales para que tomen "acciones especialmente encaminadas a detectar y perseguir penalmente delitos informáticos, en especial modalidades como el grooming (hostigamiento online a menores) y el phishing (recolección de datos personales con el fin de cometer una estafa), así como otras conductas ilícitas, tales como la difusión de información y, particularmente, de noticias falsas".

En esa línea, el documento detalla: "Por consiguiente, en esta instancia, corresponde disponer la priorización del aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos a disposición del Ministerio Público para combatir el cibercrimen. No solo los delitos específicamente informáticos, es decir, aquellos que constituyen atentados contra redes o sistemas informáticos, y los delitos que utilizan la tecnología como principal medio de comisión, sino también todos los ilícitos penales que tienen una presencia tecnológica aunque sea incidental".

Con el objetivo de reforzar los controles en el ciberespacio, fueron alistados ante la contingencia de la pandemia también analistas de la Policía Judicial y técnicos de la Subsecretaría de Informática de la Procuración General.

Más allá de prevenir actos criminales en contra de la población dentro un escenario de crisis, el documento también menciona la necesidad de aumentar la tarea de investigación para proteger bases de datos más grandes que las que puede encontrarse en una computadora doméstica: "Los dispositivos de almacenamiento y procesamiento de información se encuentran sujetos a riesgos de vulneración, dejando potencialmente expuestos múltiples y significativos datos de distinta clase".

De hecho, el antecedente más cercano de ataques contra bases estatales ocurrió en agosto de 2019. Tal como publicó LA NACION, un hacker filtró en esa oportunidad datos sensibles de la Policía Federal.

Frente a los potenciales y reales riesgos que surgen en este período de aislamiento social, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, instó a los fiscales a "adoptar medidas conducentes a fin de detectar y perseguir penalmente delitos informáticos en general y sus modalidades de comisión específicas, delitos con componentes tecnológicos o que pueden cometerse a través de la web, particularmente redes sociales".

Según informaron desde la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia a LA NACION, en los últimos días miles de usuarios comenzaron a recibir correos que alertaban sobre supuestos robos de contraseñas con fines extorsivos, es decir, pidiendo dinero a cambio de no revelar fotos o datos. Ante esa situación, recomendaron no responder a esos correos, cambiar las contraseñas y activar dobles factores de autenticación para las cuentas digitales.