Revés en EE.UU. para el cordobés condenado a muerte

CÓRDOBA. Se reducen las alternativas para el cordobés Víctor Saldaño, que lleva 21 años en el "corredor de la muerte" de Texas. Su abogado, Juan Carlos Vega, afirmó a LA NACION que no hay señales de que los Estados Unidos tenga intención de cumplir con el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de "la conmutación de su condena y su traslado fuera del pabellón de condenados a muerte".

Anteayer, en Washington, se realizó la audiencia convocada por la CIDH para monitorear los avances respecto de su informe emitido del 10 de diciembre pasado. Concurrieron Vega y dos abogados del Departamento de Estado.

"Reiteraron en su vieja defensa de que el sistema judicial tiene capacidad para corregir sus errores. No lo dicen abiertamente, pero no van a cumplir la sentencia de la comisión. Se resisten a aceptar que la CIDH dicte normas", dijo Vega.

El gobierno de Texas puede ordenar la ejecución en cualquier momento ya que venció el hábeas corpus que lo impedía. El 18 de julio de 2016 el Tribunal de Distrito denegó otro recurso y el pedido de reconsideración de la defensa está pendiente de resolución. Saldaño fue condenado por un homicidio durante un robo en noviembre de 1995.

El informe de la CIDH señaló que los Estados Unidos son "responsables por la violación de los artículos I [derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona], II [derecho de igualdad ante la ley], XVIII [derecho de justicia], XXV [derecho de protección contra la detención arbitraria] y XXVI [derecho a proceso regular] de la Declaración Americana" en el caso Saldaño.

Vega insistió que detrás de la causa "está el orden jurídico internacional y los derechos humanos". Planteó que espera que el Estado argentino "acompañe en la posición y no nos deje solo en esta lucha".

El reporte fue entregado a las partes pocos días antes de la asunción de Donald Trump y se pidió no difundirlo hasta que la nueva gestión lo conociera. Reclamó ese documento a los Estados Unidos que "revise sus leyes, procedimientos y prácticas" para asegurar a los acusados de delitos capitales "una condena acorde con los derechos establecidos en la Convención Americana".

Aconsejó, además, que se "asegure que los abogados defensores provistos por el Estado en casos de pena de muerte sean eficaces y estén debidamente capacitados para atender casos de pena de muerte". Entendió la CIDH que la actuación del primer defensor de oficio de Saldaño fue, al menos, objetable.

Condiciones inhumanas

Desde 1999, el pabellón de condenados a muerte en Texas está en la cárcel de Polunsky, antes se ubicaba en la unidad Ellis, en Huntsville donde -según señala el informe citando a un sargento penitenciario las condiciones eran "menos gravosas" porque los prisioneros tenían, por ejemplo, el derecho de recrearse en grupo al aire libre.

Las celdas en la actual cárcel son individuales, con un tamaño aproximado de 2,7 metros de ancho por 1,8 de largo. "En general, los internos permanecen en su celda 23 horas y tienen una hora de recreación por día, en forma individual."

Saldaño está en el nivel 3 de detención, el más alto. Puede recibir dos visitas por mes, no tiene derecho a hacer compras en la cárcel; tiene recreo sólo algunos días; recibe materiales de escritura y un artículo de higiene. Tiene "restricciones a la propiedad".

Lidia Guerrero, madre de Saldaño, lo vio por última vez para su cumpleaños, en octubre pasado. Aunque comentó a LA NACION que lo encontró "mejor" que en 2015, señaló que "se desconecta, se va de la realidad".

El texto de la CIDH describió que Saldaño "fue mantenido en el pabellón de condenados a muerte como resultado de un trámite discriminatorio, en el cual no se tomó en cuenta debidamente el deterioro de su salud mental".

Y se consignó que "el mero hecho de pasar 20 años en el pabellón de los condenados a muerte, siendo que su trámite judicial aún no había finalizado, es excesivo e inhumano".