Rosario fue una zona clave para la triangulación del contrabando de armas

Durante tres años se registraron numerosos mensajes entre Román Ragusa y Eduardo Ramírez Cantero, un ciudadano paraguayo conocido como Matungo. En esos chats quedó expuesta la relación "comercial" entre ambos. El negocio era la compraventa de fusiles y municiones. El armamento, se sospecha, terminaba en poder de organizaciones criminales de Brasil y Paraguay. El contrabando de las armas y el pago del "servicio" se hacían por intermedio de choferes de ómnibus de larga distancia que unían Asunción con Rosario y Buenos Aires. Así surge de una resolución del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, quien procesó a 19 sospechosos por los delitos de asociación ilícita y contrabando ilegal de armas.

Los mensajes de WhatsApp se descubrieron tras el peritaje realizado al teléfono celular de Román Ragusa, de 55 años. En esas conversaciones se mencionaba como "piloto" al chofer del ómnibus que llevaba las armas hacia Paraguay y que utilizaba los viajes a la Argentina para regresar con el pago. "El piloto viaja el domingo y lleva la plata para los seis pendientes. Luego me pasás el número del secretario", escribió en uno de los mensajes Ramírez Cantero. Ragusa le respondió: "Oki. Veo si consigo acá los cargadores". Para el juez Yadarola, según surge del expediente, en esos chats queda expuesto cómo funcionaban los engranajes de la banda. Los mensajes dejan "en evidencia los modus operandi para el envío de armamento con destino a Paraguay. Cuando Ramírez Cantero menciona a los pilotos estaría haciendo referencia a choferes de empresa de transporte de pasajeros encargados de llevar el dinero para el pago de las armas y a su retorno el ingreso de armamento, haciendo ambos también mención al 'secre', quien sería una tercera persona, encargada de llevar las armas a los choferes una vez arribados estos a la provincia de Buenos Aires", explicó el magistrado en el auto de procesamiento de los 19 imputados.

El origen de la causa

La causa comenzó el 17 de octubre pasado cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del magistrado un pedido de "envío controlado" realizado por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina. En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. Tenía una falsa declaración de lo que se despachaba. La carga simulaba ser indumentaria deportiva que tenía como destino final un domicilio de la ciudad de Campana.

El 20 de octubre pasado llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionarios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con una valija negra en cuyo interior había una caja de cartón con las piezas de armas de alto calibre. Se decidió reemplazar la carga original por partes de madera pintadas de negro, acondicionadas en bolsas herméticas tipo ziploc y baterías aportadas por la Gendarmería Nacional. Y se colocó un rastreador satelital. Fue el comienzo de una investigación que terminó descubriendo "una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual", según la descripción que hizo el juez en el expediente.

A fines de noviembre pasado, en una primera resolución, Yadarola procesó a siete sospechosos, entre los que estaban Román Ragusa y su hermano Flavio, odontólogo de profesión. La investigación continuó para dar con otros eslabones de la organización y, en junio pasado, se hicieron una serie de allanamientos en Martínez, Bahía Blanca, Tandil y en la ciudad de Buenos Aires, donde, según el Ministerio de Seguridad, la Gendarmería secuestró más de 2500 armas.

En un allanamiento que realizó la Policía Nacional de Paraguay en marzo de 2016 secuestró una encomienda con partes de FAL que había enviado por medio de una empresa de ómnibus de Rosario a Clorinda.

Ese cargamento tenía como destinatario a León Ocampo. El paquete tenía como remitente el nombre falso de Oscar Ortiz, con un domicilio de Rosario. "El envío habría sido remitido desde la ciudad de Rosario hacia Clorinda, provincia de Formosa, y desde allí, ingresado clandestinamente en Paraguay. La mercadería fue hallada en oportunidad en la que se secuestraron una multiplicidad de armas que pertenecían a Ramírez Cantero", según se desprende del expediente.

En la causa judicial no se determinó de dónde podrían haber salido esas partes de FAL. Lo llamativo es que después de la detención de Román Ragusa un tal "Martín" se comunicó uno de los rosarinos involucrados en esta causa y le preguntó qué había pasado con Ragusa. "Yo soy de Fray Luis Beltrán y nos conocemos porque yo le entregaba algunas cosas a Román", dice ese hombre. En Fray Luis Beltrán está ubicada la planta de Fabricaciones Militares, lindera con el ex-Batallón 603, donde en febrero de 2015 se reveló el robo de más de 26.000 municiones, especialmente de calibre 9 mm. Otro dato del expediente judicial que llamó la atención es que en la casa de uno de los procesados por el juez Yadarola se encontró un lote de municiones -presuntamente 5,56- asignado en 2014, según fue verificado por autoridades norteamericanas, a un contingente de cascos azules de la Armada desplegado en Haití.