Rosario no es Medellín, ni la Argentina es Colombia

Claudio Mate Rothgerber
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14 de noviembre de 2013  

Quienes integran las bases de las organizaciones locales dedicadas al narcotráfico son consumidores, circunstancia que los carteles colombianos se ocuparon de evitar. Este rasgo que separa la evolución del fenómeno de la droga en nuestro medio es pasado por alto en el apresurado afán de las comparaciones. La Argentina es hoy una importantísima plaza de consumo y Colombia nunca lo fue. El narcotráfico colombiano creció en la producción y exportación de droga, no en la venta local. Este carácter criollo del narcotráfico no sólo se traduce en los enfrentamientos y crímenes entre preadolescentes que aún no han cumplido 15 años, sino en la morfología propia de las bandas, que evolucionaron al amparo de una mirada judicial y política que desestimó desde el inicio el problema de la oferta local de drogas. Según este criterio, la primera cocina de paco en Quilmes denunciada a la justicia federal en 2002 o el búnker artesanal con el que la familia Cantero comenzó su negocio en Rosario eran manejadas por "perejiles" que de ninguna manera podían distraer la atención de nuestras agencias abocadas a desbaratar las grandes organizaciones que exportaban drogas a España y Holanda.

Cuando esta manera de ver las cosas se adueñó de la estrategia nacional de drogas, en los años 2008 y 2009, algunos advertíamos detrás de las madres del paco y los curas villeros que con la excusa de atrapar a los "peces gordos" la "carnada" eran especialmente los hijos de los más pobres. Sosteníamos que se podía desbaratar una banda compleja, investigar y reprimir el lavado de dinero y al mismo tiempo desactivar la venta local de drogas.

Los argumentos en contrario fueron sorprendentes: no hay que perseguir la venta al menudeo porque quienes la realizan son pobres. Un razonamiento perverso que ofende a todos los que sobrellevan su pobreza sin convertirse en canallas. Los "transas" autóctonos, a diferencia de los narcos colombianos, siempre fueron personajes repudiados en el interior de sus propios barrios, por el daño que provocan en sus comunidades y también por mostrarse como modelos de ascenso social.

Esta política, además de garantizar la impunidad de los peores modelos, convirtió a todo el territorio en una gran zona liberada que rápidamente tejió alianzas con las instituciones a las que se les ordenaba no reprimirlas. Por esta razón, fueron las voces de los más pobres las que se alzaron expresadas en los curitas y las madres de la devastación con sus pañuelos negros.

Quienes hoy están exigiendo al gobierno más recursos deberían plantearse: ¿más recursos para qué? Sería prudente revisar antes las responsabilidades sobre la configuración de un enfoque que terminó inundando la plaza local de consumo en una escala que no tiene precedente en la Argentina.

Si estamos a tiempo de remediar algo, tal vez deberíamos seguir por corredores diferenciados: uno, destinado a desactivar la oferta local de drogas, desfederalizado y con auditoría social sobre todos los actores policiales y judiciales. El otro, basado en acciones de inteligencia financiera para desbaratar organizaciones complejas de narcolavado.

Sospecho que un tercer escenario al que también deberíamos estar atentos es el de la Argentina como país productor no de las drogas naturales, que muy pronto serán piezas de museo, sino de las sintéticas.

El descontrolado ingreso de efedrina ha seguido hasta ahora un destino de triangulación, pero el bajo riesgo con el que se viene desenvolviendo ha estimulado la instalación de laboratorios locales.

Por supuesto que sería conveniente que todos los caminos que se inicien deriven de una estrategia nacional única, resultado de un gran acuerdo entre los poderes del Estado y con el oído puesto en el conjunto de la sociedad, especialmente en los que más necesitan, sin que nadie se atribuya el derecho a hablar por ellos. Si los mayores recursos que se están exigiendo son para seguir haciendo lo mismo, es inevitable que tengamos el mismo fracaso, pero más caro.

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