"¿Sabés quién soy yo?", gritaba el juez en el prostíbulo

Después de mantener relaciones con la trabajadora sexual, el juez se retiró del departamento de Rivadavia 2280, en Bahía Blanca. Una hora más tarde, el magistrado volvió al privado, presentó una credencial del Poder Judicial y le dijo a la mujer: "¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste". Así describió lo que sucedió el 15 de mayo pasado en un prostíbulo de esa populosa ciudad del sur bonaerense la mujer a la que el juez Onildo Stemphelet le habría pagado una suma de dinero a cambio de sexo.

El testimonio de la trabajadora sexual complicó seriamente al juez de Ejecución Penal N° 2 de Bahía Blanca, que actualmente está con una licencia obligatoria y enfrenta un pedido de juicio político en su contra. Según el relato de los testigos y de los policías, el magistrado llamó a la policía y ordenó a los uniformados que revisaran el departamento sin contar con la orden de allanamiento correspondiente.

"El juez estuvo permanentemente atrás de los policías. Siempre a los gritos. Me acusaba de haberle robado el dinero y la tarjeta de crédito", relató la testigo, identificada como Jésica J., de nacionalidad paraguaya y de 33 años, quien ocasionalmente alquilaba el privado para tener encuentros sexuales pagos.

En su presentación ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, el procurador Julio Conte Grand acusó al juez de propiciar que los derechos de un ciudadano fueran vulnerados, al haber instado a los policías a ingresar en el domicilio de la mujer acusada sin contar con una orden de allanamiento dictada por una autoridad competente y en el marco de su jurisdicción y atribuciones.

La acusación se fundó en que, como juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Stemphelet no puede dictar ninguna medida en causas penales por delitos que son competencia de los fiscales de instrucción o de los magistrados de garantías. En su función, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2, debe controlar los cumplimientos de las condenas de más de 300 presos con sentencias dictadas por tribunales del Departamento Judicial Bahía Blanca. Luego de varios meses de búsqueda, la policía logró encontrar a la mujer, que en los últimos días declaró como testigo en la causa penal que instruye el fiscal Marcelo Romero Jardín por la denuncia del robo de $3000 y de la billetera del juez.

Dicho expediente se inició a partir de la llamada del magistrado a la policía debido a que, al retirarse del privado, advirtió que le faltaban el dinero y las tarjetas de crédito.

"Antes de tener la relación sexual el juez sacó la billetera y pagó en efectivo", relató la testigo, e indicó que era la primera oportunidad que se encontró con el juez. Agregó que el magistrado no era "un cliente habitual" y que siempre estuvieron solos en el departamento.

"Primero, el juez revisó la propiedad para comprobar si se habían caído el dinero y la billetera. Además, dijo que haría la denuncia por los objetos extraviados. Luego, llamó a una persona para comentarle el problema que había tenido", expresó la testigo. Según fuentes de la investigación, el receptor de esa llamada habría sido un comisario inspector de la policía bonaerense, a cargo de la jefatura del Comando de Patrullas de Bahía Blanca.

"Mándeme un móvil. Tengo que denunciar un robo", le habría dicho el magistrado al jefe policial desde el improvisado prostíbulo. Ante la llamada del magistrado, el oficial superior acató la orden y dispuso que dos efectivos se dirigieran, con urgencia, a Rivadavia 2280.

La mujer describió que dicho privado funciona habitualmente como peluquería y que se lo pedía prestado a un amigo cada vez que se presentaba la oportunidad para recibir a hombres que le pagan por tener sexo con ella.

"La policía tardó una hora en llegar. Creo que eran cuatro o cinco efectivos. Algunos usaban uniformes y otro estaba de civil. Revisaron el departamento y se retiraron después de una hora, sin que hubieran encontrado alguno de los objetos denunciados por el juez. Me sentí intimidada por la situación debido a que siempre estuve en ropa interior y no había personal femenino. La puerta permaneció cerrada, aunque sin que se hubiera girado la llave", relató la trabajadora sexual.

En diciembre pasado, Stemphelet presentó su descargo en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios judiciales, planteó la nulidad de todo lo actuado y solicitó al Jurado de Enjuiciamiento el archivo de las actuaciones y el rechazo del pedido de apartamiento preventivo.

En el descargo presentado ante el Jurado, el magistrado expresó que lo único cierto fue que concurrió "al domicilio particular de una mujer mayor de edad, que se encontraba allí sola".

Además, el juez "negó haber brindado detalle alguno al personal policial sobre lo ocurrido en el domicilio o las razones de su presencia en el lugar, las que nada tenían que ver con sus sospechas de haber sido víctima de un hecho ilícito".

Al explicar el caso ante el Jurado de Enjuiciamiento, el magistrado sostuvo que, en realidad, las tarjetas y el dinero los había perdido en un centro de salud al que había concurrido para hacerse un estudio médico.

Allanamiento sin orden escrita

Sin embargo, la mujer a la que le habría pagado dinero a cambio de sexo y los policías que participaron en el allanamiento declararon como testigos y no coincidieron con la versión del magistrado.

El 13 de junio pasado, después de revisar las circunstancias del incidente y la acusación del Ministerio Público de Bahía Blanca, la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó la licencia obligatoria por 90 días del magistrado. Esa licencia venció en noviembre pasado y fue renovada por otros 90 días.

La decisión del máximo tribunal bonaerense de imponer la licencia obligatoria al magistrado se fundó en la presunción de que el juez hubiera cometido infracciones a las normas éticas de convivencia social.

En los próximos días, el Jurado de Enjuiciamiento debe decidir si admite o no la acusación contra Stemphelet. En caso de aceptar la imputación, el juez quedará suspendido hasta el final del jury y se dictará el embargo sobre el 40% del sueldo del magistrado.

Ante el funcionario judicial que le tomó la declaración, la mujer afirmó que luego de revisar el departamento y de no encontrar nada los policías abandonaron el lugar.

Aunque, según la mujer, los uniformados regresaron unos minutos más tarde. "Dijeron que Stemphelet había exigido que me llevaran a la comisaría para identificarme. Me decían que era obligatorio. Cuando me llevaron a la seccional, me tomaron fotografías, siempre sin pedirme permiso y sin que los autorizara", recordó la testigo.

A la declaración de la mujer se sumaron los relatos de los policías que realizaron el allanamiento.

Ante el fiscal que investiga el caso, los uniformados relataron que el juez señaló el inmueble de Rivadavia 2280 como el lugar donde le robaron y admitieron haber revisado a la mujer. Explicaron que registraron el privado en presencia del juez, aunque sin una orden escrita.

Según fuentes policiales, los uniformados le sugirieron al magistrado que concurriera a la comisaría para radicar la acusación contra la mujer. Sin embargo, el juez les respondió que como era un magistrado podía hacer la denuncia en cualquier momento.

Seis meses después, el magistrado terminó denunciado y con riesgo de ser destituido.