San Luis pedirá asistencia a los EE.UU. para combatir el narcomenudeo
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, pidió una audiencia en la embajada de los Estados Unidos para solicitar a ese país que capacite a los policías provinciales en la prevención y el combate del narcotráfico. Así lo informó el propio Poggi, quien precisó que su intención es evaluar "si las agencias especializadas estadounidenses pueden capacitar" a los efectivos puntanos "en la temática" del narcotráfico.
San Luis se sumará así a las provincias que ya solicitaron o recibieron asistencia del FBI norteamericano para desarrollar técnicas de investigación policial directamente vinculadas en la comercialización de drogas al menudeo y con la violencia asociada con esas bandas. Buenos Aires, Chubut, Salta, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe establecieron en los últimos meses nuevos vínculos con los agentes antidrogas de los Estados Unidos, en acuerdos directos entre las provincias y Washington.
"Sabemos que en quioscos venden drogas y somos conscientes de que no podemos permitir que llegue el narcotráfico a San Luis, no podemos permitir que nuestros jóvenes se intoxiquen, entonces tenemos que anticiparnos a los hechos", agregó Poggi en declaraciones a la agencia de noticias DyN.
Por eso solicitó "una audiencia a la embajada de los Estados Unidos para pedir asistencia técnica, fundamentalmente, en el tratamiento o la lucha contra la droga y quienes comercializan droga. Me adelantaron que en los próximos días puede concretarse", aseguró.
Es "una opción que se nos ocurrió", dijo, a partir de los acuerdos alcanzados por otras provincias "que tienen un problema mucho mayor" con el narcotráfico y tendrán "asistencia técnica de la citada embajada o de los organismos especializados de Estados Unidos".
Aunque el gobernador no lo mencionó, trascendió que Poggi habría terminado de elaborar su iniciativa tras la detención en San Luis de Sandra Jaquelina Vargas, alias "La Yaqui", sospechada de liderar una banda de vendedores de drogas y de haber ordenado numerosos homicidios en Mendoza, quien estaba residiendo en esta provincia junto con familiares implicados en los mismos delitos.
Este caso se sumó a otros hechos vinculados con la distribución de estupefacientes detectados en San Luis en los últimos meses.
El narcomenudeo empezó a preocupar a los gobernadores, dado que la justicia federal hace foco en investigaciones sobre redes complejas de tráfico de sustancias prohibidas y deja a un lado los casos de venta callejera de drogas. Y esos grupos que sostienen el comercio directo con los consumidores consiguieron consolidarse en clanes con violento dominio de asentamientos en varias provincias. Un caso claro sobre ese problema se visualiza en Santa Fe, donde los funcionarios reconocen la existencia de "una epidemia de violencia" relacionada con la venta minorista de cocaína.
Con más de 260 asesinatos durante 2013 y otros 70 en los primeros meses de este año, Rosario aparece como la ciudad más golpeada por la violencia narco. Por eso, en enero pasado, el gobernador santafecino, Antonio Bonfatti, y el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, fueron directamente a la sede del Departamento de Estado en Washington para pedir ayuda. Un mes después llegó a Rosario un grupo de asesores del FBI para un primer acercamiento en la capacitación de la policía local. El contacto se dio en un curso básico de cinco días, en el que tomaron parte policías de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
El gobierno santafecino informó el mes pasado que ese seminario estuvo a cargo de un agente especial del FBI, especializado en carteles colombianos y mexicanos, además de la investigación sobre pandillas asociadas.
"Todo esto se hace en tiempos convulsionados y de detenciones, que a todos nos preocupa, pero queremos transmitir que la presencia del FBI y el compromiso de seguir con estos cursos es un aporte hacia una provincia que trata de implementar un plan de seguridad y un proceso penal nuevo", dijo Lamberto en el cierre de ese seminario policial.
Las relaciones entre las agencias de investigaciones norteamericanas y las policías argentinas se congeló en febrero de 2011, cuando el canciller Héctor Timerman lideró en Ezeiza el secuestro de materiales sensibles que llegaron en un avión oficial norteamericano y que iban a ser usados en cursos de perfeccionamiento a personal de la Policía Federal.
UNA AYUDA QUE VUELVE EN FORMA LIMITADA
En su informe anual sobre el tráfico de drogas en el mundo, el Departamento de Estado norteamericano advirtió este mes que "se reanudó en forma limitada" la cooperación entre el Ministerio de Seguridad y las autoridades norteamericanas. En ese documento, que evalúa a cada país por los pasos que da durante el año en la lucha contra las drogas, se consignó como eje del congelamiento anterior de vínculos al incidente ocurrido en Ezeiza en febrero de 2011, cuando fue incautado el cargamento de un avión militar de los Estados Unidos. La administración de Washington también informó a su Congreso -donde es enviado ese informe anual emitido en marzo- que el gobierno argentino no da autorización para la cooperación norteamericana con las policías provinciales. Ahora, los gobernadores empezaron a buscar por su cuenta esa asistencia.