Seis años de prisión a un ex juez federal por cobrar coimas a un narco en Salta

El ex juez federal y de Ejecución de Sentencias de Salta José Antonio Solá Torino fue condenado a seis años de prisión. Un tribunal de ex pares suyos lo consideró culpable de haber cobrado una coima para levantar, en 2007, la orden de captura de un narcotraficante convicto que no había regresado de una salida transitoria y estaba prófugo desde hacía cuatro años.

La condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal salteño, que consideró al ex magistrado autor del delito de cohecho pasivo agravado. Solá Torino, que seguirá libre hasta que el fallo quede firme, adelantó que apelará el veredicto, al que consideró "un insulto a la justicia". Al retirarse de los tribunales enfrentó a la prensa local y dijo: "Quedó demostrada acabadamente en el proceso mi total desvinculación con la acusación, que tiene matices especiales de la fiscalía, una perversa enemiga de este juez de cámara", cargo que, en realidad, perdió en 2009, cuando tras un jury de enjuiciamiento fue destituido.

En el debate, otros tres acusados fueron condenados a tres años de prisión. El único que no recibió pena es el acusado de haber pagado la coima, Miguel Farfán, que fue declarado en rebeldía, ya que no se sometió al proceso. Él también está imputado en la causa que involucra al juez federal de Orán, Raúl Reynoso, suspendido y procesado por conformar y liderar una asociación ilícita que, desde el juzgado y con la intermediación de un grupo de abogados cercanos, cobraba coimas o dádivas para beneficiar con gestiones judiciales a narcotraficantes.

El juicio se extendió cinco meses. Había comenzado el 3 de noviembre último y estuvo a cargo de los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Santiago Díaz y Gabriel Casas, que también aplicaron a Solá Torino una multa de 90.000 pesos. En tanto, los otros tres condenados, Héctor Salazar, Graciela Ferreyra y Gabriela Vázquez, recibieron, además de la pena de tres años de prisión, multas de 30.000 pesos por ser considerados "partícipes necesarios de cohecho activo". De los cuatro sometidos a juicio, sólo Ferreyra irá a prisión, ya que fue declarada reincidente. Salazar y Vázquez deberán realizar trabajos comunitarios. Los fundamentos del fallo se conocerán el 7 de abril próximo.

Solá Torino, tras el fallo, opinó: "No ha existido en ningún momento la plataforma fáctica" del hecho por el que fue acusado, por lo que para él "no hay delito". "Nadie me pidió ni me ofreció nada a mí. Yo jamás he recibido nada", expresó Solá Torino, y afirmó que la voz de las escuchas telefónicas que lo comprometieron no es la suya, por lo que "en ningún momento" admitirá "la validez de esa prueba espuria, armada por la fiscalía" para perjudicarlo.

"Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a casar [apelar ante la Casación] la sentencia", agregó el ahora condenado, quien insistió en su "ajenidad absoluta" con el hecho que le imputan y en que "nunca" mantuvo una conversación con Farfán.

Antes de conocerse la sentencia, Solá Torino pronunció sus últimas palabras y negó los cargos en su contra, al tiempo que aseguró que desde que comenzó el juicio su familia y él viven "un tormento".

Tras la lectura del fallo, el fiscal federal Ricardo Toranzo, que actuó en la investigación y en el juicio como coadyuvante de su par Francisco Snopek, dijo a la agencia de noticias Télam que hubo "una buena sentencia". En su alegato, la fiscalía había solicitado nueve años de prisión para Solá Torino, cinco años y dos meses para Salazar, cuatro años y 10 meses para Ferreyra, y cuatro años y seis meses para Vázquez. Los tres defensores de los acusados solicitaron sus absoluciones.

Según la investigación, Farfán estaba relacionado con Salazar, que a través de Ferreyra y Vázquez (madre e hija) tenía acceso al despacho de Solá Torino. Así se gestionó la coima.

200 Llamadas teléfonicas

Farfán había sido condenado en 1999 por narcotráfico y estaba prófugo desde 2003, cuando no regresó de una salida transitoria. Pese a eso, Solá Torino levantó el pedido de captura nacional e internacional que pesaba en su contra en 2007, al considerar que el caso en contra de Farfán estaba prescripto. Meses después asumió el "error" en el cómputo por el cual entendió que se había dado la prescripción.

Durante el juicio se analizaron más de 200 comunicaciones telefónicas entre los imputados y alguien que sería el ex juez. En el contexto de esas escuchas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) advirtió que Farfán, Salazar, Ferreyra y Vázquez conversaban constantemente sobre las gestiones realizadas ante "el Gordo" para dejar sin efecto la orden de captura que recaía sobre el primero.

Farfán dijo que estaba cansado de las exigencias del tal "Gordo" y lo identificó como Solá Torino, juez de Ejecución de Sentencia, a quien dijo que le había pagado para el levantamiento de su captura. Según la fiscalía, el presunto narco admitió que había sido "engañado porque inicialmente le entregaron un «oficio» en el que si bien se le levantaba la captura, existía consignado un error en el último número de su documento de identidad, por lo que reclamaba que se hiciera uno nuevo".