Sube la tensión en las cárceles de Santa Fe con una huelga de hambre masiva
ROSARIO. Tres días después de que estallara un motín en el penal porteño de Villa Devoto, los internos de las cárceles de Santa Fe, más de 6100 detenidos, comenzaron una huelga de hambre por tiempo indeterminado para reclamar que la Justicia autorice las salidas transitorias, detenciones domiciliarias y las excarcelaciones. Se sumaron, así, a una medida similar que desde la semana pasada llevan adelante más de 1200 presos bonaerenses.
Con banderas pintadas y carteles que confeccionaron en los pabellones, los presos destacaron que esta nueva protesta en las cárceles de Santa Fe es "pacífica", a diferencia de lo que ocurrió con el motín y los disturbios que estallaron en el penal de Las Flores, ubicado en la capital provincial, donde el 23 de marzo pasado fueron asesinados cuatro reclusos, tres de ellos, del pabellón de delitos sexuales.
Ese día también estallaron protestas en la unidad penal de Coronda, donde murió un interno que pertenecía a la barra brava de Colón. El 17 de este mes, en una pelea entre reclusos, dos presos fallecieron en el patio del penal de Las Flores, lo que elevó a ocho los presos muertos en las unidades penales de Santa Fe desde que el 20 de marzo pasado se dispuso el aislamiento social obligatorio en todo el país.
"La huelga de hambre comenzó y esperemos que las protestas no terminen en situaciones violentas, como ya ocurrió en Santa Fe, pero necesitamos que la Justicia dé respuestas a los planteos de los internos, que desde hace casi dos meses no tienen contacto con los familiares, inmersos en una situación sanitaria muy delicada", señaló a LA NACION Claudia, la pareja de uno de los internos de la Unidad Penal Nº11 de Piñero, que representa a los familiares de los detenidos.

La principal demanda de los presos en Santa Fe, como en otras partes del país, es que la Justicia acelere las salidas transitorias, autorice las detenciones domiciliarias y las excarcelaciones para personas en situación de riesgo. En Santa Fe se calcula que en esta condición están solo unos 260 internos.
En la provincia, según informaron a LA NACION desde la Defensoría General, a cargo de Jaquelina Balangione, se presentaron 371 recursos de hábeas corpus en favor de los presos, de los cuales 56 fueron favorables y 96 fueron rechazados por la Justicia. El resto está en trámite.
El gobierno de Santa Fe estableció una mesa de diálogo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo para tratar el problema carcelario en este contexto de cuarentena, luego de que se produjeran los sangrientos motines en Las Flores y Coronda. Las cárceles santafesinas acarrean una situación de sobrepoblación carcelaria desde 2014, con más de 1000 internos por encima la capacidad.
Después de los disturbios, que destruyeron en un 90% las instalaciones del penal de Las Flores, el Servicio Penitenciario reacondicionó la cárcel y además, según informó a LA NACION el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Héctor Acuña, se realizó una importante inversión para adecuar a nivel sanitario las cárceles ante la posibilidad de que se detecte algún brote de Covid-19, como ocurrió en el penal de Villa Devoto, con dos casos, y la semana pasada en Florencio Varela, con otro positivo de coronavirus que motorizó una protesta en la que un recluso murió bajo el fuego de un arma del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
A mediados de este mes se desalojó el Penal N°9, situado en la localidad de Recreo, para montar allí un hospital de campaña exclusivo para el Servicio Penitenciario, donde funciona un sistema de aislamiento. En total en Santa Fe hay 250 plazas sanitarias entre todas las unidades de detención.
Desde el Ministerio de Gobierno provincial se decidió la contratación 40 médicos y enfermeros que se sumaron al plantel del Servicio Penitenciario para, de este modo, fortalecer la atención de los internos.
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