Suspenden el límite a las excarcelaciones

Se trata de una decisión de la Suprema Corte bonaerense que, a través de una medida cautelar, le puso freno a una ley porque la norma, impulsada por el gobernador Scioli, resulta contraria a derechos y garantías constitucionales
Ramiro Sagasti
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28 de febrero de 2013  

LA PLATA.- La Suprema Corte de Justicia bonaerense suspendió ayer la ley de excarcelaciones impulsada por el gobernador Daniel Scioli, luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por varios organismos defensores de los derechos humanos. Mediante una medida cautelar, el máximo tribunal consideró, prima facie, que la norma resulta contraria a derechos y garantías constitucionales, como el principio de inocencia.

La ley, concretamente, modificó el artículo 171 del Código Procesal Penal para negar el mencionado beneficio a los sospechosos que hayan sido detenidos mientras portaban ilegalmente armas de fuego, que hayan mostrado resistencia a la autoridad pública, que tengan antecedentes por comisión de delitos con armas o que ya estén gozando de una excarcelación. La normativa anterior sólo restringía las excarcelaciones cuando existía peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La prisión preventiva, fundamentaron los ministros de la Corte, sólo puede aplicarse como excepción, ya que lesiona el principio de inocencia. "Se restringe la libertad del imputado cuando su accionar pueda afectar o burlar el proceso, siempre dentro del estricto marco de una restricción de carácter meramente cautelar, nunca como anticipo de pena", se lee en el fallo. Para los jueces, la ley promovida, que por cierto obtuvo un alto consenso en la Legislatura, excede ese principio y "parece inclinarse a establecer una categoría abstracta de lo no excarcelable".

El fallo fue firmado por Eduardo de Lázzari, Héctor Negri, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Juan Carlos Hitters e Hilda Kogan. El juez Daniel Soria está de licencia.

El ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, dijo ayer que la ley "responde al enorme reclamo social de poder desarmar a los delincuentes, porque la propia Corte lo ha informado en sus estadísticas: en la provincia creció un 21% el delito de robo con armas". El funcionario argumentó que la norma "era una herramienta legal para resolver eso".

El diputado por Nuevo Encuentro Marcelo Saín, que fue viceministro de Seguridad durante el gobierno de Felipe Solá, opinó que la iniciativa del oficialismo "impulsa la ampliación de las facultades discrecionales y parajudiciales a la propia policía, quitándoles facultades a los jueces".

En el fallo, los magistrados también observaron el poder que la ley promovida por Scioli y Casal le otorga a la policía: la facultad de decidir sobre la libertad de las personas en los casos de resistencia a la autoridad.

Esta "delicada potestad", fundamentaron los jueces, "sólo debe ser ejercida por un magistrado con las pruebas circunstanciadas y suficientes del caso sometido a su estudio. A primera vista, parece que se han exagerado las atribuciones de funcionarios policiales en cuanto a la determinación de los hechos, detalle que limita el ejercicio de la magistratura a la convalidación de los elementos que por aquéllos le son arrimados".

La Corte notó, además, una contradicción: la ley impone la restricción a la libertad a los imputados de tenencia o portación ilegítima de arma de fuego, mientras que el artículo 26 del Código Penal faculta al tribunal, en algunos casos, a dejar en suspenso el cumplimiento de la pena de prisión.

Otra observación: "La norma en examen podría conducir, en principio, en dirección contraria a la marcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «Verbitsky», en tanto allí se alertó a todos los poderes públicos de la provincia de Buenos Aires acerca del uso excesivo de la prisión preventiva, instando a revertirlo".

El ministro Casal, por su parte, aseguró que "respetando la independencia de los poderes y la potestad que tiene la Suprema Corte, vamos a notificarnos rápidamente de la demanda para que la Corte se pronuncie como sentencia final".

En efecto, el máximo tribunal dictó una medida cautelar para suspender la aplicación de la normativa, pero no resolvió la cuestión de fondo: el planteo de inconstitucionalidad realizado el 14 de este mes por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión por la Memoria, el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y el Colectivo de Acción en la Subalternidad, con las adhesiones de los defensores Julián Axat y María Fernanda Mestrín.

El secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Alejandro Mosquera, opinó, según el portal de noticias Infocielo: "Es un fallo muy importante, porque apunta a frenar una ley inconstitucional. Esperemos que llegue el fallo de fondo. Hay un tensión inflacionaria que le da poder a la policía de incrementar la mano dura".

Fundamentos de los jueces

Los motivos que sostienen los votos de los magistrados

  • Prima facie

    "La norma aprobada resulta contraria a los derechos y garantías constitucionales, como el principio de inocencia"
  • Principio de inocencia

    "Parece inclinarse a establecer una categoría abstracta de lo no excarcelable"
  • Delicada potestad

    "Se han exagerado las atribuciones de los funcionarios policiales"
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