Tienen más de diez causas el 25% de los adolescentes detenidos

Daniel Paz era zapatero; tenía 49 años y cinco hijos. Murió este mes, asesinado por la espalda cuando intentaba evitar que robasen la mochila en la que llevaba dinero para mantener a su familia. El sospechoso fue atrapado poco después en La Matanza. Tiene 17 años y muchos arrestos en su historial delictivo. En enero pasado había sido detenido por robo y estuvo 45 días en un centro juvenil de régimen cerrado. Su caso se repite cada vez con mayor frecuencia. Una estadística de la Corte Suprema expone el problema: en 2016 estaba alojado en la ciudad de Buenos Aires solo un menor con más de siete intervenciones judiciales previas. En 2018, en cambio, eran 30 los adolescentes encerrados después de diez arrestos.

El 25% de los menores que ingresaron el año pasado en los centros porteños de régimen cerrado tienen más de diez causas. Tres de esos chicos fueron demorados más de 30 veces y otro está alojado en los institutos de menores luego de haber sido atrapado por la policía 57 veces a causa de diversos delitos.

Hay menos de 300 plazas disponibles en los institutos San Martín, Agote, Belgrano y Rocca, a los que son derivados los menores en conflicto con la ley penal en la ciudad. Por eso la cantidad de internados se mantiene en constante rotación, pero los datos oficiales muestran que crece la reincidencia. Fueron 1545 los menores que pasaron el año pasado por los juzgados nacionales. Sin embargo, solo 123 de esos adolescentes en conflicto con la ley fueron enviados a los centros de régimen cerrado.

En esas derivaciones judiciales a centros de régimen cerrado se incluyó a nueve mujeres. La capacidad de alojamiento en esos institutos no está, de todas formas, colmada, ya que los menores enviados en 2018 se sumaron a 122 internos que estaban allí. De todas maneras, se mantiene un sistema de rotación, ya que el promedio oficial de permanencia en esos lugares no supera los 90 días.

El total de 245 adolescentes alojados durante 2018 en centros de régimen cerrado representa la cifra más baja desde 2013, con un pico de 511 internaciones alcanzado en 2014. Y la tendencia descendente se mantiene, ya que la Procuración Penitenciaria de la Nación señaló que el 18 de febrero pasado solo quedaban 47 menores alojados en los centros Belgrano, San Martín, Rocca y Agote, los cuatro institutos de régimen cerrado de la ciudad de Buenos Aires.

En territorio porteño también funciona un Centro de Atención y Derivación (el conocido anteriormente como Instituto Inchausti), adonde en 2018 fueron derivados, según la base de datos de la Corte Suprema, 122 menores. Esos adolescentes pasan allí más de 24 horas, en promedio, hasta ser reintegrados a sus familias.

De todas formas, no se trata de un lugar de tránsito solo para aquellos que fueron atrapados por un simple hurto. Allí fueron enviados cinco adolescentes de entre 15 y 17 años tras ser capturados el martes pasado durante un robo en el barrio de San Cristóbal. Esos menores habían amenazado al encargado de un garaje en la calle Rincón al 800 y fueron atrapados por una brigada policial. En manos de esos menores se encontraron dos pistolas y un cuchillo. Por las características de la banda, las autoridades porteñas sospechan que esos chicos son responsables de al menos otros cuatro asaltos similares. Y no serían los primeros robos en sus carreras.

"Al consultar el sistema surgió que varios de ellos tenían antecedentes", afirmaron en la Policía de la Ciudad. Pese a la repetición de hechos y la portación de armas de fuego, esos menores fueron trasladados al centro donde se los retiene hasta la comunicación con sus familiares.

Reforma del sistema penal

Después de mucho tiempo de debate público, empezó finalmente a tratarse este mes en la Cámara de Diputados la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil. La alternativa es bajar de 16 años a 15 la edad de inimputabilidad. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo argumentó la necesidad de frenar potenciales carreras criminales.

"Uno de los problemas centrales de la actual legislación es que no ofrece ninguna respuesta para los menores de 16 años (inimputables) que cometen un delito, que en su mayoría son devueltos a su hogar sin ningún tipo de intervención estatal que evite que vuelvan a delinquir. Esta realidad no ayuda a los jóvenes a tomar conciencia del daño que ocasionaron y fortalece la idea de que no hay consecuencias frente al delito. En la mayoría de los casos, de todos modos, ni siquiera se investiga oficialmente si el acusado participó en el hecho o no", fue la fundamentación expuesta por el Ministerio de Justicia. Esa situación también quedó a la vista con los datos de la Corte Suprema sobre niños, niñas y adolescentes con intervención ante juzgados nacionales de menores.

Menos del 10% de los 1545 casos judicializados en 2018 derivaron en la internación del menor. En el momento de la captura, 387de esos chicos y chicas detenidos por la Policía de la Ciudad tenían menos de 15 años. Se registró a 60 mujeres entre esos menores inimputables.

La mayoría de los delitos por los que son detenidos los menores tienen que ver con el robo, aunque en muchos casos aumenta la calificación de las imputaciones en las reincidencias. Por ejemplo, 27 de los 123 adolescentes derivados a internación en 2018 llegaron a esa situación por "la gravedad del hecho atribuido". Otros 53 fueron alojados en los centros de régimen cerrado por su participación en diferentes delitos en un breve lapso.

En 2017, por caso, los juzgados nacionales de menores trataron en la ciudad de Buenos Aires 11 casos de homicidio y otros nueve en grado de tentativa. También tuvieron que resolver expedientes con 14 menores involucrados en lesiones graves y otros 11 detenidos por efectuar disparos durante robos.

En los institutos de menores ubicados en la ciudad de Buenos Aires no hay alojados, según el registro estadístico de la Corte Suprema, menores inimputables. En otros distritos la situación es diferente, ya que, de acuerdo con leyes provinciales, los jueces pueden decidir la internación de un menor al considerarlo incluso un peligro para sí mismo.

Al presentar este mes la reforma penal juvenil, los funcionarios nacionales aseguraron a los legisladores que al menos un centenar de menores de 16 años se encuentran en todo el país con medidas restrictivas de la libertad.

Más allá de que la estadística de la Corte Suprema sobre menores en conflicto con la ley queda delimitada a la ciudad de Buenos Aires, la relación de adolescentes con el delito es incluso más fuerte en el conurbano. El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil bonaerense inició en 2017, por ejemplo, más de 26.000 causas.

Entre esos expedientes iniciados en su mayor parte en el conurbano figuran 88 por homicidios en los que al menos un menor es sospechoso y se investigan otros 137 casos por intento de homicidio. Al menos 1328 adolescentes bonaerenses fueron detenidos ese año por robos agravados por el uso de armas. Los datos exponen un problema que tiende al crecimiento.