Tras un escrache viral, suspenden las salidas transitorias de un convicto por violación para "protegerlo" de un linchamiento

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Crédito: Google Maps
Ana Tronfi
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28 de marzo de 2019  • 12:31

COMODORO RIVADAVIA - El temor a que se repita un linchamiento como el del barrio Fracción 14, donde este lunes una turba de vecinos asesinó a golpes al padre de un joven al que, a través de las redes sociales, habían señalado como el abusador de un chico, aunque la propia víctima señaló que él no había sido su atacante, llevó a la Justicia a suspender las salidas transitorias para estudio de un convicto por violación, con el fin de "protegerlo".

El masajista Miguel Aparicio cumple una condena de 11 años y seis meses de prisión por cuatro hechos de abuso sexual agravado. Estudia la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Desde este año concurría a la cursada sin custodia policial. Por ese motivo, comenzó a ser foco de escraches en las redes sociales. Eso encendió las alarmas y obligó a cambiar todo.

La jueza Gladys Olavarría defendió su decisión de permitirle a Aparicio salir para estudiar, basada en informes psicológicos "positivos" sobre su resocialización. Sin embargo, modificó su decisión luego de que estallara el caso en las redes sociales de esta ciudad "porque no están garantizadas las condiciones para la integridad física del interno".

El caso surge un puñado de días después de que en la Fracción 14, un grupo de vecinos linchara el lunes a la tarde a José Oviedo, de 48 años, padre de un joven al que habían comenzado a escrachar en las redes sociales como presunto violador de un chico de 12 años, ese mismo día. Sin embargo, el hijo del hombre asesinado a golpes por al menos 20 personas no fue reconocido por el menor como su atacante, por lo que quedó en libertad.

En medio de la polémica en redes, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB, Juan Manuel Irusta, confirmó ayer que la presencia de violador en el edificio de la Universidad provocó el alerta de la comunidad universitaria.

Al respecto, Irusta explicó que "en el 2018 Aparicio tenía una autorización que le permitía rendir y cursar ciertas materias, pero con custodia policial. Pero este 2019, cuando comenzó el ciclo lectivo, me enteré de que estaba cursando en la facultad", dijo.

Aclaró que llamó a la jueza Gladys Olavarría para conocer el alcance de la autorización y saber por qué no habían sido notificados. "La respuesta fue dura y despreocupada. Me dijo que por su bien compartimento no necesitaba de acompañamiento policial, que era una decisión judicial y que él, por su comportamiento, tenía posibilidades de salir", indicó.

Irusta confirmó que el hombre condenado está próximo a la libertad condicional, en octubre o noviembre. "Ahora la oficina judicial nos mandó la comunicación de qué horarios y qué materias está autorizado a cursar este señor, y son tres materias", sostuvo.

"Tenemos la preocupación de la comunidad por el tipo de delitos que cometió y en el ámbito en que se va a mover y desempeñar. Creo que la que debe tomar la decisión es la jueza de Ejecución. Estamos debatiendo, e informar no significa discriminar ", indicó.

Aparicio se desempeñaba como masajista y deportista, y es oriundo de Caleta Olivia. En 2015 fue condenado por dos violaciones, y acumuló cuatro causas por abuso sexual con acceso carnal y robo, las cuales fueron unificadas. Fue condenado a 11 años y 6 meses de prisión.

Ayer por la tarde, y ante la polémica desatada, la jueza Olavarría resolvió suspender temporalmente las salidas transitorias de Aparicio. Sostuvo que lo hizo para garantizar la integridad física del interno a raíz de manifestaciones en su contra conocidas a través de redes sociales.

La jueza explicó que la suspensión de las salidas transitorias se resolvió ayer "teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos días, por los hechos ocurridos en especial en la Fracción 14".

Por otro lado, defendió su decisión de permitirle salir para estudiar sobre la base de informes psicológicos "positivos" sobre su resocialización, al tiempo que dijo que la Facultad de Derecho es la que tiene jurisdicción para permitir o no el ingreso del estudiante envuelto en la polémica.

"El decano [Juan Manuel] Irusta parece desconocer la resolución 77/18 de la propia Facultad de Derecho, que el año pasado aprobó la posibilidad de que los internos que se encuentran cumpliendo pena puedan estudiar Derecho. No es una facultad mía autorizarlo o no, sino que ellos mismos lo hicieron. Pero, además, yo no tengo potestad como jueza provincial para interferir en una jurisidicción nacional como es la Universidad", indicó la magistrada.

Olavarría, en su carácter de juez de Ejecución de Sentencia durante este año, fundamentó su decisión de autorizar las salidas transitorias de Aparicio, de quien señaló que "se está pagando el tratamiento psicológico de su propio bolsillo, porque el Sistema Penitenciario, que debería proveer ese servicio para la resocialización del preso, no ha garantizado un profesional para brindarlo, pues en el hospital dijeron que no lo pueden cubrir".

La juez detalló que, además de esa terapia, al momento de autorizar las salidas transitorias tuvo en cuenta tres informes positivos de distintas áreas que avalan que el interno se encuentra en proceso de resocialización, tras haber sido condenado a 11 años y medio de prisión por abuso sexual agravado, con penetración carnal.

Sostuvo: "No tengo por qué dudar si los profesionales dicen que está en condiciones de empezar con salidas transitorias, sin vigilancia. Este chico viene cumpliendo con un régimen legal [con más de la pena purgada] y en el que comenzó con salidas para reforzar lazos familiares. De hecho, viaja hasta Caleta Olivia sin custodia policial, bajo supervisión familiar y no ha incumplido las normas en ningún momento".

La jueza también llamó a reflexionar a la sociedad en general y a los estudiantes de Derecho en particular, al plantear que las personas condenadas por delitos deben tener la oportunidad de resocializarse como forma de no seguir abonando la inseguridad.

"Me llamaron la atención las expresiones en redes sociales y otras manifestaciones, porque la gente que estudia Derecho debe saber que la ley garantiza que los presos condenados tengan la posibilidad de estudiar", enfatizó.

Ante algunas expresiones vertidas por estudiantes en redes sociales que llamaban a "matarlo", según pudo leerse en un tuit que circuló en las últimas horas, la jueza resolvió dictar ayer una resolución que suspende las salidas transitorias "porque no están garantizadas las condiciones para la integridad física del interno.

Por: Ana Tronfi

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