Un delito violento que demanda una reacción colectiva
La seguridad urbana tiene un problema demasiado grave con los motochorros. Si bien no se conoce la estadística final de robos en la ciudad de Buenos Aires en 2019, las cifras de los dos años anteriores permite establecer un promedio de 11.000 ataques anuales con esas características. Treinta veces por día los motochorros golpean en las calles porteñas. El peso real de esa modalidad de delito es fuerte en algunos barrios, como Palermo o Recoleta, donde los registros de 2018 señalaron que el 30 por ciento de la actividad delictiva estaba vinculada al uso de una moto como herramienta criminal.
Hasta octubre pasado se habían notificado 8219 denuncias por hurtos o robos cometidos por motochorros en la ciudad de Buenos Aires, aunque las autoridades porteñas observaron una disminución de casos en los últimos meses de este año con relación a las cifras registradas en enero de 2019. El mapa del delito, ese seguimiento constante de denuncias, fue utilizado para desplegar en las zonas más calientes a los 54 binomios de policías motorizados que buscan enfrentar a los motochorros. Puerto Madero no se incluye en ese trabajo operativo dado que allí tiene intervención la jurisdicción federal por el viejo ordenamiento de la zona portuaria.
Videos de cámaras públicas y privadas exponen a diario la violencia de motochorros en el conurbano, con las mujeres como víctimas mayoritariamente elegidas por esos delincuentes. Y la repetición años tras año de esa metodología de robos derivó en incipientes bandas criminales más complejas que ordenan a grupos numerosos de motochorros, les dan un lugar de vigilancia, persecución o acción directa sobre las víctimas.
El mes pasado fue desarticulada por la Policía de la Ciudad una organización integrada por más de 24 motochorros que coordinaban un sistema de postas para perseguir a víctimas elegidas en la City porteña y atacadas en el conurbano.
Frente a esa situación de violencia urbana -los motochorros aparecen como un detonante de miedos sociales- las reacciones oficiales pasaron por el armado de sistemas de prevención -Fuerza Delta porteña y Agrupación Linces federal- y pesquisas orientadas a golpear los lugares de descarga del material robado, en general teléfonos celulares. Esa lógica sigue la línea de trabajo seguida para disminuir los homicidios en robos de automóviles, en los que se atacó a los desarmaderos para frenar la violencia de ese delito. A diferencia de la venta ilegal de autopartes, los motochorros son polirrubros del delito. Movilidad, sorpresa y violencia son sus capacidades. Y sobre esas particularidades debería enfocarse la política de prevención del delito.
Un golpe inmediato y decisivo sería la prohibición de circulación de dos hombres en una moto.
Esa posibilidad fue debatida y aprobada hace más de dos años en el Consejo de Seguridad Interior. Todos los ministros de seguridad del país estuvieron de acuerdo con esa medida. Nunca se llevó a la práctica. Los legítimos usuarios de motos marcharon en varias ciudades y todo quedó igual que antes. Se anuló así la receta aplicada en Bogotá cuando los sicarios se movilizaban en motos para concretar sus ajustes de cuentas. Una administración de izquierda como la conducida en la capital colombiana por Antanas Mockus impuso esa medida para frenar la violencia a finales de los años 90. En nuestro país no pudo replicarse esa experiencia y la actividad de motochorros se perfila como uno de los ejes que harán girar el delito en los próximos años.
La prohibición de uso de telefonía celular en los bancos para evitar las salideras es un ejemplo de que pueden imponerse restricciones para disminuir algún delito específico. Frente a los motochorros quizá sea hora de probar algo nuevo.