Una estrategia que nació bajo el influjo del caso Chocobar

Fernando Rodríguez
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4 de diciembre de 2018  

Le tomó unas pocas horas a Patricia Bullrich comenzar a construir las paredes del edificio que le diera cuerpo a la nueva doctrina de uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. Fue antes del final de 2017, cuando todavía se hablaba del cruento asalto al turista norteamericano Frank Wolek en La Boca y de la respuesta que había tenido el policía bonaerense Luis Chocobar , que yendo a tomar su servicio a Avellaneda persiguió a uno de los ladrones, le disparó para frenarlo y lo mató.

Cuando llevó al agente de la Policía Local de Avellaneda a la Casa Rosada, porque el Presidente Mauricio Macri quería manifestarle su apoyo, ella empezó a construir con el discurso la "doctrina Chocobar", con la idea de que si los policías no podían usar sus armas cuando intervenían para poner freno a la delincuencia estaban "indefensos" y "atados de manos". Y que si los policías no podían actuar, se resentía la seguridad pública, uno de los principales reclamos de la sociedad, especialmente de la población urbana.

Casi un año después, y con solo tres hojas de una resolución y otras tantas de un anexo que da unas pocas precisiones, Bullrich completó la forma y le dio rigor legal a esa "doctrina Chocobar".

Le puso el ropaje de las recomendaciones internacionales respecto del uso de armas por parte de la policía. El nuevo reglamento dictado por Bullrich "se parece" a lo que dispone la ONU en sus Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Pero es igualmente cierto que, al no listar detalladamente el vademécum de situaciones ante las cuales los efectivos deberán resolver si harán uso de lo que debe ser "la última e inevitable alternativa" para poner fin a una situación de peligro inminente, el riesgo de habilitar arbitrariedades y abusos de armas se amplía, no se reduce.

Especialistas del derecho sostienen que la resolución, tal como apareció en el Boletín Oficial ayer, es un "paraguas demasiado grande" bajo el cual se podrán cobijar tanto quienes actúen razonadamente, con sentido de la oportunidad y con cuidado de la vida humana como quienes actúen de forma menos reflexiva o temeraria.

Uno de los primeros aspectos a revisar es que, aunque esta resolución fue presentada como ajustada a las recomendaciones de la ONU, no hace mención -como sí lo hace expresamente el paper de las Naciones Unidas- a la utilización previa de medios "no letales" para poner fin a las situaciones de potencial riesgo de vida.

Hace media docena de años la discusión sobre los "medios no letales" se puso sobre la mesa de forma polémica: fue cuando la entonces Policía Metropolitana, de la Capital, pretendió incorporar al servicio las Taser, pistolas que lanzan descargas eléctricas que invalidan por un corto período de tiempo a quienes son alcanzados por los disparos. El recuerdo de la última dictadura llevó a los organismos de derechos humanos a tildarlas de "la nueva picana". Las Taser terminaron en el armario.

Varios abogados consultados por LA NACION señalaron que la resolución tiene varios flancos por los cuales podría ser atacada. Sostienen que avanza sobre varias garantías constitucionales, entre ellas, el principio de inocencia y de derecho a ser juzgado por autoridad competente. También, que no respeta el concepto de intervención según la proporcionalidad del arma amenazante y que, incluso, pasa por alto la idea del cese del riesgo inminente, como en el caso de quien huye sin atacar. Creen que la mayor y mejor capacitación de las fuerzas en cuanto al uso de las armas debió ser el paso previo al dictado de la norma.

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