Una larga historia con final abierto,Una larga historia con final abierto

La sentencia de condena a prisión a los responsables del crimen de Marita Verón es muy propia de la administración de justicia en el norte argentino. Un caso que lleva más de diez años de una tortuosa investigación indica, de por sí, una absoluta negación de justicia. Negación que ha sido castigada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares.

Es un derecho que asiste a la señora Susana Trimarco, según el Pacto de San José de Costa Rica, y que, cotidianamente, se viola en los tribunales tucumanos. Otro ejemplo notable en ese sentido es el caso por el asesinato de Paulina Lebbos, que aún espera encontrar a los responsables; ojalá que no sea por mucho tiempo más. La cronología procesal reciente marca que, luego de un también prolongado juicio oral, se absolvió a todos los acusados. El pedido de destitución de los jueces de la Cámara del Crimen no se hizo esperar, pero todo ha quedado en la nada.

Los jueces Emilio Herrera Molina y Alberto Piedrabuena se han jubilado, y Eduardo Romero Lascano espera sortear sin mayores dificultades la embestida. Es que no todos ven el sufrimiento y el despropósito que ha significado para una madre mantener su reclamo de justicia. Es insólito, pero ningún letrado defensor de los derechos humanos haya querellado a los policías, fiscales y jueces ante tamañas complicidades.

Pero sigamos con el caso. Sendos recursos contra las absoluciones del fiscal y la querella obtuvieron un éxito parcial que, a regañadientes, Susana Trimarco aceptó. Pero atención: la condena de ayer y el inmediato encarcelamiento de los responsables no son un fallo definitivo. Estamos en un final abierto en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendría la última palabra.

¿Por qué? Es que la defensa recurrió al máximo tribunal para revocar la sentencia del Superior Tribunal tucumano. Fallo que, por cierto, no sólo dejó insatisfecha a la señora Trimarco. También a los letrados de los ayer condenados y a quienes pudieron analizar sus considerandos.

Los siete jueces de la Corte nacional podrán optar entre rechazar el recurso extraordinario de los defensores o hacer lugar -total o parcialmente- al reclamo de inocencia. Aun así, seguramente un nuevo camino se abrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más, y tan dividida están las opiniones en el campo jurídico que cualquiera fuese su opinión, será políticamente incorrecta.

Antonio Gustavo Gómez