Una ley clave que se debe hacer cumplir

Diego Fleitas Ortiz de Rozas
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14 de mayo de 2012  

Las armas incautadas bajo custodia de las fuerzas policiales o del poder judicial son consideradas una de las fuentes de aprovisionamiento del mercado ilegal. Ello, sumado a innumerables anécdotas del problema en la Argentina, como la reventa o pérdida de armas por fuerzas policiales o la negligencia del Poder Judicial, que llevaba a dejar eternamente las armas en un limbo jurídico o a guardarlas en lugares como la whiskera del despacho, o incluso a darlas en uso al personal del juzgado, hizo que en 2004 se consiguiera, en buena medida gracias a la participación de la sociedad civil, la aprobación de la ley 25.938.

Esa ley establecía la creación de un registro de las armas que se incautaran, a cargo del Renar; la obligación de informar datos sobre las armas apenas producido su secuestro; estándares de seguridad para su depósito, y la obligación de remitirlas a un depósito definitivo antes de la destrucción de todas las armas, lo que asegura que no reingresen en el mercado ilegal.

Luego, la implementación de la ley 25.938 tuvo algunos avances, mejorables pero concretos, como la creación de un sistema de información, un depósito centralizado a cargo del Renar y que se comenzara a recibir información y armas -quizá de forma no siempre sistematizada- de diferentes poderes y jurisdicciones. Un avance algo demorado, y que sirve para dar cuenta de la magnitud del problema, fue la adhesión al registro de la provincia de Buenos Aires, a fines de 2009, cuyo Poder Judicial estimaba tener 100.000 armas incautadas.

Sin embargo, también hubo problemas de implementación. Para empezar, la ley requiere la adhesión de las provincias, muchas de las cuales todavía no lo han hecho, en ocasiones por inercia y en otras, para mantener espacios de poder o incluso una fuente de ingreso por la reventa "legal" de las armas decomisadas.

A su vez, muchos poderes judiciales no participaron en forma orgánica y proactiva. Nunca olvidaré la reunión con un funcionario judicial quien, al señalarle el incumplimiento de la ley, sonrió y dijo lo que otros sólo pensaban: "?Igual, nosotros somos el Poder Judicial".

Algunas de las policías y fuerzas federales tampoco cumplieron en forma sistematizada la ley 25.938. De lo contrario, no habría ocurrido el reciente robo de armas en la comisaría 38a. de la Policía Federal; es injustificable que sea usada de depósito, más aun cuando se cuenta con uno especializado del Renar.

Esperemos que las distintas jurisdicciones y organismos instrumenten con seriedad la ley de armas incautadas y de esa forma evitar fortalecer el crimen y las consecuentes muertes de nuestros conciudadanos.

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