España: dispersión y un silencio que el cine empieza a quebrar

Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal Española
Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal Española Crédito: InfoVaticana
Silvia Pisani
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2 de junio de 2019  • 02:20

MADRID.- En España, donde la Iglesia desarrolló enorme poder y hasta hace poco los curas gozaban de un estatus muy alto, existe temor para denunciar, dispersión a la hora de abordar el tema y una carencia absoluta de estadísticas.

La Iglesia asegura no poseerlas, pero descree que "se trate de un problema muy grave" en el país. Luego de la directiva del Papa, pidió formalmente perdón a las víctimas, pero negó que vaya a haber una revisión de denuncias del pasado.

Inicialmente, la intención anunciada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), cardenal Ricardo Blázquez, fue dejar el asunto "en manos" de cada una de las setenta diócesis que tiene el país. Días atrás, sin embargo, la CEE pareció reaccionar y pidió "poder" al Vaticano para legislar en el nivel nacional y no dejar a cada diócesis a su aire en la materia.

"Legislar para todo el territorio español, para todos los obispados, para todas las congregaciones" es la idea, con el fin de contrarrestar la dispersión que hay ahora. Salvo que haya una intervención directa del Vaticano, como ha ocurrido con los casos más escandalosos, como el del seminario de la Bañeza, en León, donde se denunciaron 29 casos de abuso.

Frente al silencio sobre el pasado, el Episcopado español sí prometió que "de ahora en adelante" habrá colaboración "con la Justicia". Pero no con el gobierno, que pidió formalmente un listado de los casos registrados.

El silencio sobre el pasado y la reticencia que advierten a futuro enervó a las víctimas, que apenas ahora empiezan a organizarse. Infancia Robada es la primera y más activa entidad.

Entre sus directivos está Miguel Ángel Hurtado, un psiquiatra residente en Londres que denunció haber sido abusado a los 16 años por un sacerdote en Barcelona. Lucha para que esos delitos no prescriban y para que haya "una auditoría exhaustiva del número de sacerdotes pederastas".

En España, no hay aún una cultura de denuncia, admitió Karlijn Demasure, exdirectora del Centro de Protección de Menores, impulsado por el Vaticano. "No es que haya pocos casos, sino que todavía no han salido a la luz", sostuvo. Quienes llevan el cómputo sostienen que hay una decena de sacerdotes condenados por abusos sexuales a menores y que en la actualidad están en estudio un puñado de casos. Sobre todo, en Granada.

El cine se va animando. Examen de conciencia se llama un reciente documental que llama a "tomar conciencia de un problema que afecta a miles de casos". Son testimonios escalofriantes. Su realizador, Albert Solé, tampoco tiene cifras. "Seguro que son miles", arriesga. Fue elaborado por Netflix -no por la televisión española- y pasó sin pena ni gloria.

De lo otro de lo que aún no se habla, pero empieza a emerger, es de posibles abusos de la Iglesia contra menores como mano de obra barata. Sobre todo, por parte de monjas a cargo de instituciones para niñas huérfanas o de familias carentes de recursos luego de la Guerra Civil.

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