Advertencia de la Iglesia sobre los grupos dogmáticos

Cordoba.- La Iglesia cordobesa no avala al grupo que interpuso un recurso judicial con la pretensión de que se prohíba la fabricación y venta de anticonceptivos, como tampoco aprueba el procedimiento seguido para tratar de imponer ese impedimento.

El padre José Alessio, religioso de consulta en estas problemáticas de la curia local, dijo a LA NACION que la acción emprendida por la Fundación 25 de Marzo ha sido producto de "una decisión unilateral e inconsulta" y atribuyó a esa entidad ser "un grupo disidente de la Iglesia Católica, como ellos mismos se reconocen".

"Por lo tanto no contó con ningún aval del Arzobispado", puntualizó el sacerdote, que es además profesor de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Córdoba.

Los miembros de la citada fundación pertenecen a una congregación llamada "Fraternidad Sacerdotal San Pío X", cuyo fundador fue el ya desaparecido obispo francés Marcel Lefebvre, expulsado y excomulgado por el Vaticano. La entidad promovió una acción a la que la jueza federal Cristina Garzón de Lascano hizo lugar al disponer una medida cautelar que, de seguir su curso, conduciría a la prohibición de una larga lista de pastillas anticonceptivas y de dispositivos intrauterinos.

Minoría fanática

Alessio opinó que los impugnadores "son una minoría fanática que persigue una imposición muy dogmática, propia de estos grupos" y puntualizó que "la Iglesia Católica nunca ha hecho una presentación" a la Justicia, sin por eso olvidar "su doctrina sobre qué significa la paternidad responsable y la planificación familiar", pero también "dejando en libertad a la conciencia de las personas".

La decisión de la magistrada no se ha hecho efectiva todavía, a pesar de que en su resolución intima al Ministerio de Salud de la Nación a que "prohíba la fabricación y venta" de diversos anticonceptivos en todo el país. Falta, por caso, que la Fundación cumpla requisitos, como el ofrecimiento de una fianza rubricada por 20 abogados. En tanto, el ministerio anunció que sólo podrá apelar cuando la medida le sea notificada.

Una recorrida por farmacias locales permitió comprobar que no han recibido comunicación alguna que les impida el expendio de pastillas. Por consiguiente, ninguna lo restringió.

En la Capital

En tanto, en la Capital se hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura pidiendo el inicio de un jury de enjuiciamiento a Garzón de Lascano. La petición fue llevada por el diputado nacional por Córdoba Eduardo García (Partido Socialista). Lo acompañaron las legisladoras Laura Mussa (ARI), Patricia Walsh (Izquierda Unida) e Irma Parentela (Frente Grande).

El escrito tuvo la adhesión de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer. También contó con la firma de Carmen Nebreda, la secretaria general de la Unión de Educadores de Córdoba.

García declaró que consideran que cabe el enjuiciamiento de la jueza por mal desempeño manifestado en un "inaceptable desconocimiento" de la ley y de la Constitución, la que -señaló- incorporó tratados internacionales que contemplan la delicada cuestión en sentido contrario.