El análisis de la noticia. Al borde de la guerra

4 de diciembre de 1998

La acordada que ayer firmó la Corte Suprema de Justicia va mucho más allá de la voluntad del oficialismo de querer salvar a dos jueces federales amigos.

El alto tribunal, máximo intérprete de la Constitución Nacional, rubricó ayer un escrito de dos páginas en el que se adjudica una facultad que la Carta Magna le otorga al flamante Consejo de la Magistratura: la de ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados.

Los jueces federales Carlos Liporaci y Jorge Urso fueron los beneficiarios de la resolución de la Corte Nº 71/98 que le sustrajo a la Cámara Federal el sumario que tramitaba contra los dos magistrados. Ese escrito había sido firmado por cuatro ministros afines al menemismo -Julio Nazareno. Eduardo Moliné O´Connor, Adolfo Vázquez y Guillermo López- y uno considerado independiente -Carlos Fayt-.

Pero ayer fue toda la Corte -Nazareno no firmó la acordada, pero es como si lo hubiera hecho- la que se atrincheró para enfrentar al Consejo de la Magistratura.

La conflictiva acordada no es sólo una maniobra para salvar a dos jueces sospechados, sino que se trata también de la primera batalla que el alto tribunal se dispone a disputar con el cuerpo creado para brindar transparencia a la Justicia, y al que siempre miró con recelo.

El jueves se sabrá si el Consejo firma la declaración de guerra.

lanacionar

Conforme a los criterios de

Más información