Al rescate de la actitud reformista

Máximo Sozzo Para LA NACION
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7 de diciembre de 2009  

Resulta difícil rescatar experiencias de carácter general en las políticas públicas referidas a la cuestión de la inseguridad frente al delito en la Argentina desde la década de 1990 en adelante. Se pueden señalar ciertas decisiones y acciones puntuales, pero, en líneas generales, las tendencias globales han sido de carácter negativo y no han logrado el pretendido objetivo de reducir el delito ni han generado cambios consistentes en las maneras de operar de las instituciones de control del delito.

En todo caso, algo rescatable en ciertos momentos y circunstancias de nuestro pasado reciente ha sido la difusión de una actitud "reformista" con respecto a las instituciones estatales de control del delito, que no se materializó en la mayor parte de los casos, en procesos de intervención sustentados a través del tiempo, pero que por lo menos marca un camino global para transitar en el futuro.

En la actualidad, considero muy positiva la puesta en marcha por el gobierno de Santa Fe de un modelo de política penitenciaria "progresista", que parte del reconocimiento de los efectos negativos que produce el encierro penitenciario en la vida de las personas privadas de su libertad y busca desarrollar diversas acciones, a partir de una serie de principios clave: abrir la prisión a actores externos al servicio penitenciario; instalar un lenguaje de los derechos tanto para las personas privadas de su libertad como para los trabajadores penitenciarios.

En los últimos años, en la Argentina se ha producido una creciente "politización" de la cuestión de la inseguridad, entendiendo por tal que cada vez más el brazo "político" de las estructuras estatales se encuentra ubicado en el centro de ésta, como aquel que debe tomar aquellas decisiones que se consideran clave, desplazando fuertemente al brazo "administrativo" y a quienes hasta aquí habían obrado como "expertos" en este terreno. Esta "politización" ha roto, en muchos casos, ciertos consensos que se daban por descontado, transformando la cuestión de la inseguridad en un tema de debate electoral, en el que las decisiones y acciones de política pública buscan alcanzar una legitimidad "desde abajo", que implica una suerte de aclamación "popular".

La respuesta a la inseguridad frente al delito se transforma entonces en una "mercancía" que los políticos pretenden intercambiar con los ciudadanos.

Resulta indispensable oponerse a la deriva punitivista en las estrategias de control del delito, que sólo generan un efecto simbólico de captación de consenso político para quienes la impulsan –por otro lado, de carácter pasajero–, pero que no contribuyen en lo más mínimo a la reducción de la inseguridad frente al delito y multiplican el sufrimiento que produce el funcionamiento real del sistema penal.

El autor es director de la maestría en criminología de la Universidad Nacional del Litoral

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