Analizan modelos de incineración gestionados por empresas eléctricas

En las plantas de termovalorización que funcionan en el mundo también involucran a las compañías de gestión de residuos; el gobierno busca replicar estos casos
En las plantas de termovalorización que funcionan en el mundo también involucran a las compañías de gestión de residuos; el gobierno busca replicar estos casos Fuente: Archivo
Mauricio Giambartolomei
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5 de mayo de 2018  

El tratamiento de los residuos que se generan en la ciudad y toda el área metropolitana está planteado en un nuevo escenario a partir de la modificación de la ley de basura cero que, además de habilitar la incineración por termovalorización y plantear nuevas metas de disposición final, reconoce el fracaso de la norma original sancionada en 2005.

La propuesta del Ejecutivo, sancionada anteayer en la Legislatura, le abre las puertas a la instalación de plantas de recuperación de energía a través de la combustión de basura, una práctica que estaba prohibida en la ciudad hace 40 años y se plantea como alternativa para solucionar el colapso anunciado de los predios donde se entierran los desechos. Pero ¿cómo funcionarán esas plantas y quienes la operarán?

En todo el mundo hay activas más de 2000 plantas de termovalorización, 500 de ellas en Europa, y el modelo que predomina es la explotación privada con un contrato de operación de entre 20 y 30 años; en algunos casos el manejo está a cargo del Estado. Las empresas de energía eléctrica y las de gestión de residuos, formando una Unión Transitoria de Empresas (UTE), son las encargadas de la operación privada que deben garantizar la tecnología y la gestión de las plantas. Algo similar ocurriría en la ciudad.

"En la Argentina no hay una empresa que se encargue de la termovalorización o waste of energy (WTE) por lo que se podría aplicar un modelo en el que participe una UTE", admitió una fuente involucrada en el proyecto de las plantas de recuperación de energía a través de la incineración.

El miércoles, horas antes de la votación y con las agrupaciones ambientalistas y cooperativas de cartoneros en pie de guerra en rechazo a la nueva técnica de tratamiento, funcionarios del gobierno afirmaban que la modificación de la ley de basura cero -votada en 2005- no planteaba la instalación de plantas de termovalorización. Un día después se señalaba que en dos meses se definirían los lugares donde se podrían ubicar.

El ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, indicó anteayer, en diálogo con LA NACION, que una primera etapa incluirá tres plantas y uno de los sitios posibles es un predio situado en avenida Roca y General Paz, en Villa Riachuelo, detrás del autódromo (ver aparte). Las otras dos se ubicarían en la provincia de Buenos Aires.

A cada una de las plantas, los residuos podrán llegar a través de dos sistemas de recolección: diferenciada, al separar los materiales reciclables de los húmedos; o única, con todos los desechos en el mismo contenedor. Como ocurre cuando se envía basura a los predios de disposición final, las jurisdicciones que usen las instalaciones deberán pagar una tasa por el tratamiento de la basura. Ese será uno de los ingresos de la planta, pero no el único. Además tendrán ganancias por la venta de la energía generada y la comercialización del material reciclable que no combustiona, como los metales ferrosos y no ferrosos.

A diferencia de la generación de energía eólica o solar, la termovalorización permitirá operar las 24 horas de los 365 días del año porque no dependerá de factores climáticos. La cantidad de energía producida estará ligada a las toneladas de procesamiento y al poder calorífico. Para el área metropolitana se proyectan tres plantas con una capacidad de 2000 toneladas diarias, capaz de generar, juntas, hasta 185 megavatios/hora, similar al consumo constante durante un mes de una población estimada de 1.200.000 habitantes.

Todas estas especificaciones no forman parte de la ley sancionada anteayer cuyo texto gira en torno al tipo de material que se prohíbe incinerar, una de las preocupaciones de los 6000 cartoneros de las 12 cooperativas que basan su economía circular en el reciclado. "El fraccionamiento de residuos sólidos urbanos húmedos solo podrá ser pasible de valorización mediante técnicas de combustión con recuperación energética previo tratamiento en planta de separación con el fin de seleccionar aquellos materiales factibles de ser reciclados. Se prohíbe el tratamiento térmico de materiales reciclables o aprovechables provenientes de todo circuito de recolección diferenciada", detalla el texto.

La ley también plantea las nuevas metas de disposición final. En 2005 se estableció que la reducción de envío de residuos a rellenos sanitarios debía ser de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Ceamse durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La reforma aprobada prevé un cronograma de reducción del 50% para 2021, del 65% para 2025 y del 80% para 2030, sobre la base de los niveles de 2012 (2,2 millones de toneladas).

Hasta aquí esos objetivos podían cumplirse a través del reciclado y la basura enterrada en los predios de la Ceamse. A partir del jueves, nuevos actores y otras técnicas aparecen en el camino.

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