Aprobó el Senado el proyecto antisecuestros

Y Diputados avaló endurecer las penas
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29 de mayo de 2003  

El Senado aprobó anoche cambios al Código Procesal Penal, uno de los dos proyectos que integran el denominado paquete de iniciativas antisecuestros que elaboró una comisión ad hoc creada por el gobierno de Eduardo Duhalde, a mediados del año último. En tanto, la reforma al Código Penal que endurece las penas para determinados casos de secuestros extorsivos obtuvo media sanción en Diputados y fue girada a la Cámara alta para su discusión.

Esta iniciativa es la parte sustancial del paquete de proyectos, ya que crea la figura del "arrepentido", reduciendo a un tercio el máximo de la pena prevista a quienes colaboren en el esclarecimiento de las causas judiciales.

Además, establece castigos de 10 a 25 años de prisión o reclusión (actualmente es de 5 a 10 años) para aquellos casos en que la víctima del secuestro sea una mujer embarazada, una persona mayor de 70 años o cuando el autor del delito sea funcionario público.

En tanto, la iniciativa aprobada por el Senado, que ahora deberá debatir Diputados para que sea convertida en ley, establece cambios destinados "a darle mayor agilidad" a la causas por las que se investigan secuestros extorsivos, una práctica delictiva en crecimiento desde fines de 2001. En ese sentido, los principales beneficiados con los cambios procesales son los fiscales, a quienes el proyecto otorga amplias facultades para disponer diligencias que conduzcan al esclarecimiento de los casos.

Por ejemplo, el segundo artículo del proyecto establece que, aún cuando existan autores del delito individualizados, "la dirección de la investigación quedará a cargo del Ministerio Público desde el comienzo de las actuaciones hasta la conclusión del sumario". El único requisito que se exige es la debida comunicación al juez de la causa.

Además, se autoriza a los fiscales a intervenir en jurisdicción ajena, a tomar declaración "cuando hubiese motivo bastante para sospechar" de una persona, y a ordenar intervenciones telefónicas y allanamientos, siempre y cuando existan "sospechas fundadas" de que la víctima de un secuestro extorsivo se encuentre en una casa o local y "corra peligro inminente" la vida o integridad física de esa persona.

Al respecto, el radical Jorge Agúndez, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, justificó el proyecto "en la necesidad de agilizar los procedimientos procesales sin violar las garantías constitucionales".

Sin embargo, las modificaciones tratadas ayer provocan cierto malestar en el Poder Judicial, ya que los jueces federales consideran esos cambios como una pérdida de poder a manos del Ministerio Público, con facultades que hasta el momento son exclusiva competencia de los magistrados.

De hecho, anteayer miembros del fuero federal recorrieron varios despachos del Senado con el objetivo de evitar la sanción de la iniciativa. "El de los secuestros es uno de los delitos con mayor índice de resolución, no entendemos por qué quieren cambiar algo que funciona bien", esgrimieron los magistrados en su paso por la Cámara alta.

El mismo argumento utilizó Jorge Yoma (PJ), que se opuso a la iniciativa al decir: "A las cosas que funcionan bien, tratamos de que funcionen mal".

Fundamentación

  • "Los cambios al Código Procesal Penal en lo referido a la ley antisecuestros se fundan en la necesidad de agilizar los procedimientos procesales sin violar las garantías constitucionales."
  • Jorge Agúndez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta
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