Aprueban dividir la ciudad en 15 comunas

Para reclamar que poden las ramas del árbol que tapan los faroles o que saquen un ejemplar cuyas raíces levantan las baldosas. Para exigir que tapen el bache de la esquina o que repongan una rejilla de la red pluvial. Para pedir más luz para la cuadra, quejarse por el servicio de recolección de basura y conocer a los inspectores que controlan los comercios del barrio.

Con el propósito de agilizar éstos y otros muchos trámites, sancionó ayer la Legislatura porteña la ley que divide a la ciudad -como anticipó LA NACION- en 15 comunas, creadas para descentralizar la administración de la Capital y acercar la gestión de gobierno a los vecinos.

Por eso, allí los porteños tendrán a mano al responsable de dar solución a sus problemas cotidianos por la insuficiente infraestructura en la vía pública y en los espacios verdes, en lugar del empleado del Centro de Gestión y Participación que argumenta que "acá no se decide nada".

Es que, según la norma aprobada ayer luego de una ardua negociación política, cada comuna será dirigida por una junta de siete miembros que deberán -al menos así lo prevé el espíritu de la iniciativa- "poner la cara" y rendir cuenta de sus actos a la gente.

¿Faltan cestos en la plaza? Vaya y quéjese a los juntistas. ¿Las ratas coparon la esquina porque hay basura acumulada? Ya no dependerá del jefe de gobierno el saneamiento, sino de un funcionario que vivirá a relativamente pocas cuadras de su casa. ¿Sospecha que el estacionamiento de enfrente abrió sin habilitación? Pida en la sede comunal que le manden inspectores.

Así anhelan los diputados que funcione dentro de un par de años la vida de los porteños. Y por eso resolvieron en el texto de la ley que las comunas tendrán como competencias exclusivas:

Los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, la elaboración participativa de su programa de acción y de su anteproyecto de presupuesto anual, y la administración de su patrimonio.

Y como competencias concurrentes: planificar, prestar y controlar servicios; fiscalizar y ejercer el poder de policía, con cuerpo de inspectores propio, e instrumentar un adecuado sistema de mediación comunitaria.

Sobresalieron las palabras del socialista Roy Cortina, uno de los legisladores más compenetrados con las comunas: "No se han dado cuenta todavía de lo que hemos votado. Son artículos progresistas, revolucionarios me animaría a decir".

La descentralización política y administrativa de la ciudad llevaba años de demora, ya que la Constitución porteña preveía que las autoridades comunales deberían ser elegidas antes de octubre de 2001. Los legisladores entraron en mora y, por distintos motivos y exponiendo excusas varias, postergaron la aprobación de la ley.

Incluso esta Legislatura intentó en dos ocasiones concluir el tratamiento, pero los acuerdos caían al llegar al recinto. Ayer -lo sabían- tenían que salir de la sala de sesiones con la ley sancionada, bajo el riesgo de protagonizar el papelón institucional del año si no lograban hacerlo. El nerviosismo se notaba en los discursos y en los gestos.

Algunos -como Fernando Melillo (ARI), María Eugenia Estenssoro (Plural) y Alicia Bello (Frente para la Victoria)- expresaron sus resquemores por el texto final de la ley, pero de todos modos la votaron. Otros votaron afirmativamente primero y luego, casi con culpa, explicaron que hubieran preferido otra redacción, como Ariel Schifrin (Confluencia).

Pero finalmente la mayoría, y en este caso era necesaria una mayoría especial de 40 votos, mantuvo el consenso alcanzado para dividir la Capital en 15 comunas -el mapa aprobado a último momento respeta uno presentado en 2004 por Milcíades Peña (Confluencia), con el respaldo de los vecinos- y determinar un proceso de transición que "debe completarse antes del 31 de diciembre de 2006" y antes de cuyo vencimiento "la Legislatura fijará la fecha en que se realizarán las elecciones y la de asunción de las autoridades".

La fórmula conformó a quienes quieren comicios en 2006 y a quienes los quieren en 2007, lo que será definido por la próxima Legislatura.

Además, impusieron un tope de gasto del 5% del presupuesto total de la ciudad durante los dos primeros años (unos $ 20 millones por comuna anuales), para evitar que la descentralización termine instalando una burocracia que cueste demasiado cara a los porteños. Los defensores de la ley niegan esta posibilidad.