Archivan la investigación a los comisarios

Los auditores se limitarán a hacer trabajos de rutina para monitorear los patrimonios de los oficiales jefes de la fuerza
Pablo Morosi
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28 de febrero de 2004  

LA PLATA.- Mientras las causas judiciales abiertas contra 16 altos jefes de la policía bonaerense parecen naufragar en los laberintos de la Justicia provincial desde hace casi cinco meses, el gobierno conducido por Felipe Solá cerró la investigación patrimonial de los integrantes de la cúpula de la fuerza que había iniciado a mediados del año último, luego que el superintendente general de Policía, comisario general Alberto Oscar Sobrado, fuera denunciado por poseer un abultado depósito sin declarar en un paraíso fiscal del Caribe.

Según confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense en la División de Asuntos Internos "ya no hay más sumarios para analizar de ese paquete"; en relación a los 149 legajos de oficiales analizados originalmente.

"No se hallaron irregularidades en los legajos, que fueron archivados provisoriamente", se dijo como toda explicación desde la cartera de Seguridad hoy conducida por Raúl Rivara, que optó por no hablar del tema con LA NACION. El carácter provisorio del archivo implica que sólo podrían ser reabiertos en caso de que nuevos datos comprometan a alguno de los investigados.

Trabajo de rutina

Los informantes aclararon que, ahora, los auditores de Asuntos Internos realizan un trabajo de rutina para seguir de cerca la evolución patrimonial de los miembros de la institución. Paralelamente, las autoridades de Seguridad provincial analizan la posibilidad de adoptar un mecanismo de transparencia que forme parte de una política definida como "integral, sustentable y de controles múltiples".

En rigor, los instructores de Asuntos Internos tienen hoy en sus manos alrededor de 20 legajos que fueron iniciados con posterioridad a la investigación -ordenada a mediados de 2003 por el entonces ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, sobre los principales hombres de conducción de la fuerza-, a raíz de denuncias anónimas y otras presentaciones que fueron hechas ante los investigadores.

La "tomografía patrimonial" de la cúpula bonaerense, como se la llamó, alcanzó desde titulares de jefaturas departamentales, delegaciones de investigaciones y las distintas direcciones hasta los cargos policiales más altos.

La controversia

En el gobierno provincial se prolonga desde entonces una fuerte controversia sobre la conveniencia y los resultados de la medida. Ocurre que no resulta fácil compatibilizar los criterios de los tres ministros -Cafiero, Alvarez y Rivara- que en los últimos ocho meses tuvieron que responder por esa decisión.

De hecho, los funcionarios actuales del ministerio de Seguridad no quieren hablar públicamente del tema porque, incluso entre los más cercanos colaboradores de Rivara -que integraron el equipo técnico que también acompañó a Alvarez al frente de la cartera- hay una fuerte crítica por la investigación.

"Eso no sirvió para nada, sólo fue una respuesta espasmódica de parte del poder político ante la presión social generada por la crisis que desató la denuncia contra Sobrado", opinó un miembro del gabinete del ministerio de Seguridad quien abogó por la implementación de un plan de control estructural.

También resulta esquivo el efecto generado por la medida respecto de la imagen policial. Ya que, "no sólo no mejoró sino que sembró más sospechas que se acrecentaron por la no cobertura del cargo de jefe durante más de seis meses", apuntó.

Temor judicial

El alto funcionario consultado por LA NACION coincidió, además, con la impresión que puede recabarse en el ámbito judicial donde no se cree que las denuncias del gobierno lleguen a buen puerto. Más, fuentes judiciales ligadas a las investigaciones aseguraron que "esto va a terminar en onerosos juicios contra el Estado".

En las huestes de Cafiero, actual ministro de Desarrollo Humano y Trabajo de la provincia, defienden la investigación: "Fue la primera vez que se puso la lupa sobre la cúpula desde un organismo con autonomía", sostienen.

De la pesquisa impulsada a mediados de 2003 por Cafiero, sobre 149 oficiales, sólo 16 -alrededor del 10 por ciento de los investigados- fueron girados a la Justicia penal porque, según se explicó desde el gobierno "sus presentaciones exhibían cierta inconsistencia entre los bienes declarados y los ingresos sueldos de los efectivos".

Así lo indicó el fugaz ministro Alvarez, a principios de octubre último, tras ordenar al auditor adjunto de Asuntos Internos, Claudio Cohen Salama, que se presente ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de esta ciudad, a cargo del fiscal Víctor Violini, para denunciar a los policías.

Una tomografía incompleta

Rivara

  • El actual ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires no quiso opinar sobre el cierre de los sumarios de los 149 comisarios investigados por supuesto enriquecimiento ilícito. Desde sus oficinas se limitaron a informar que "no se hallaron irregularidades en los legajos de los comisarios" y que éstos fueron "archivados provisoriamente".
  • Esto significa que sólo podrán ser reabiertos en caso de encontrarse nuevos datos que comprometan a alguno de los investigados.

    Sobrado

  • Fue el primero en caer en manos de la Justicia en lo que se dio en llamar la causa de los comisarios millonarios. Era, hasta julio de 2003, el virtual jefe de la fuerza del orden más numerosa de la Argentina y se olvidó de declarar una cuenta bancaria en el exterior en la que tenía depositado más de trescientos mil dólares.
  • Cafiero

  • A partir del caso Sobrado, el por entonces ministro Juan Pablo Cafiero decidió iniciar una "tomografia completa" de la cúpula de la policía policial. Asi fue que 16 los antecedentes patrimoniales de altos oficiales de la fuerza terminaron en la Justicia, al tiempo que otros 149 eran investigados por Asuntos Internos.
  • Paso a paso

    Julio de 2002: el ministro de Seguridad, Juan Pablo Cafiero, pasa a retiro obligatorio al comisario general Alberto Sobrado, al sospechar que omitió declarar una cuenta bancaria off shore .

    Octubre de 2003: el sucesor de Cafiero, Juan José Alvarez, gira a la Justicia los expedientes de 16 oficiales sospechados de haberse enriquecido ilícitamente.

    Febrero de 2004: durante la gestión del ministro de Seguridad Raúl Rivara, que sucedió a Alvarez, la División de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires terminó por archivar todos los sumarios pendientes de los miembros de la cúpula de la fuerza se seguridad.

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