Argentinos invisibles: el flagelo de no tener identidad

Nacieron en los últimos diecisiete años en alguna ciudad argentina, sus padres son también argentinos y, sin embargo, no tienen, como todos los ciudadanos, un número de registro que los incluya en el total de la población.

Los niños y adolescentes argentinos de hasta 17 años invisibles para el Estado que viven en zonas urbanas –algunos muy cerca de las oficinas donde se debería tramitar su identidad– son 168.000. A ellos habría que sumar, para tener una visión completa, a los argentinos sin documento que viven en zonas rurales y a los mayores de 17 años. Pero no hay cifras que midan esos grupos.

Un informe realizado por el equipo de investigación del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (Iadepp) se detiene en esta problemática y la distingue de la de los migrantes internacionales que no tienen identidad certificada por el Estado argentino, pero sí por los de sus respectivos países.

Según los investigadores de la UCA y del Iadepp, la mayoría de los niños que crece sin documento asiste a la escuela primaria que suele aceptarlos en forma provisional hasta tanto se presente el respectivo DNI. En el caso de que finalicen el nivel educativo sin haber terminado el trámite, no se les expiden los certificados por los estudios aprobados.

En el mundo, en 2000, el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez estimaba que había unos 50 millones de niños –el 41% del total– que no estaban registrados.

"No contar con un DNI tiene un impacto negativo en el acceso de las personas a una educación completa, al sistema de salud privado y a las diferentes líneas de seguridad social que brinda el Estado para la población en situación de vulnerabilidad o pobreza", dice el informe de la UCA.

También se afecta la capacidad de representación de las personas ante la Justicia, la posibilidad de ser sujeto de crédito o acceder a una cuenta bancaria; de casarse, de votar, y se imposibilita su inserción en el mercado laboral formal, entre otras consecuencias.

Según los datos del ODSA, en el conurbano bonaerense los menores de 17 años tienen tres veces más probabilidades de no tener documento que los que viven en ciudades del interior. "A medida que empeoran las condiciones del espacio sociorresidencial se incrementa la propensión a la vulneración del derecho a la identidad", afirma el trabajo de la UCA.

Un niño en el estrato muy bajo registra 2,5 veces más posibilidades de no tener DNI que un par en el estrato medio alto. Esa brecha regresiva es de 2,6 veces entre los niños pobres y los no pobres en términos de ingresos, y de 1,8 veces entre los niños indigentes y los que no están en esa situación.

La posibilidad de que los niños no tengan documento es levemente mayor en hogares monoparentales y en los extensos. Además, se advierte que cuantos más menores vivan en el mismo hogar, hay más chance relativa de no tener documento.

Según las normas, un bebe debe ser inscripto en el registro civil correspondiente al lugar de su nacimiento antes de los 40 días de vida. Para anotarlo pasado ese tiempo y hasta los 12 años se requieren dos testigos que acrediten el vínculo (hasta tanto siga en vigor una excepción dispuesta por la normativa vigente). La inscripción de los mayores de 12 años debe ser autorizada por un juez, y ese trámite lo hace un abogado ante los tribunales de familia que correspondan.

En estos juicios extemporáneos o tardíos, se busca demostrar que alguien al nacer no fue registrado y que no fue inscripto con otro nombre. También se compara la masa corporal con la edad presunta. Los exámenes de ADN no son obligatorios.

"Los trámites son gratuitos, pero muchas veces estas personas encuentran la posibilidad de acceder a la Justicia a través de un abogado al que tienen que pagarle", afirmó a LA NACION, Ianina Tuñón, directora del informe. "Conozco muchos casos de personas que desactivan el trámite cuando sienten el menor rechazo por parte de un empleado del Estado. Necesariamente el Estado tiene que ir hacia ellos", concluyó.

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