Bagnato pidió que el asesino de su familia siga detenido

Matías Bagnato, único sobreviviente de la "masacre de Flores", de 1994, pidió a la Justicia que rechace el pedido del hombre que incendió su casa y mató a sus padres, sus hermanos y a un chico amigo, que pretende ser expulsado del país a España. Les dijo a los jueces que teme que pueda buscarlo para matarlo, como ya prometió que haría.

"Tienen la decisión en sus manos sobre si sigo vivo o no", dijo Bagnato a los integrantes de la Cámara de Casación Penal durante la primera audiencia oral en la que se escucha a un damnificado antes de resolver un recurso planteado por un condenado, algo previsto en la ley de víctimas sancionada el año pasado.

Su temor de encontrarse cara a cara con el autor de la masacre, Fructuoso Álvarez González, de 57 años, se evaporó minutos antes del comienzo de la jornada, cuando se supo que el condenado no asistiría a la audiencia.

Durante cinco minutos de exposición dijo a los jueces Gustavo Bruzzone, Luis García y Luis Niño que había confiado en la Justicia cuando, en 1995, condenaron a Álvarez González a prisión perpetua, pero que después de que lo extraditaran a España, en 2004, el condenado volvió al país en 2010, lo amenazó y "empezó este derrotero que lleva ocho años".

"Otorgarle la libertad a este monstruo significa ponerme preso a mí. Yo paso a estar detenido, todos saben que tengo protección porque él me amenazó y demostró en sus actos que su intención es matarme", afirmó.

Como él, los fiscales Diego García Yomha y Guillermina García Padín también se opusieron.

Poco antes, el abogado defensor Rubén Alderete Lobo cuestionó la decisión del juez de Ejecución Penal N° 1, José Pérez Arias, que el año pasado no hizo lugar al pedido de expulsión del español por la ley de extrañamiento, que permite a los extranjeros pedir ese beneficio después de cumplida la mitad de la condena.

Recordó que en 2010, cuando Álvarez González había regresado en libertad al país desde España, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) emitió una orden de expulsión y de prohibición permanente de regreso en su contra. Por eso, sostuvo que el juez Pérez Arias "no tenía jurisdicción" para decidir sobre una medida solicitada por el Poder Ejecutivo y pidió que se le ordene que "autorice el pedido" de la DNM.

La decisión de Casación se conocerá dentro de 20 días.