Buscan al que incendió Cromagnon

El juez Baños ordenó comparar las fotos de un grupo de fans de Callejeros con el identikit de quien tiró la bengala
Gustavo Carabajal
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29 de diciembre de 2009  

Cinco años después de la tragedia en República Cromagnon, se sigue buscando al autor material del incendio por el cual murieron 193 personas afectadas por el humo venenoso que bajó desde el techo. En los últimos días, el juez Alberto Baños ordenó una serie de peritajes para tratar de identificar al joven que arrojó hacia el cielo raso, revestido con paneles ignífugos que emanaban gases tóxicos, el artefacto pirotécnico que inició el fuego en el local de Once.

Fuentes judiciales explicaron a LA NACION que se trata de la comparación del identikit del bengalero con las imágenes digitalizadas de los rostros de los integrantes de "El fondo no fisura", una facción de fans de Callejeros señalados por varios sobrevivientes como el grupo del cual fue disparada al techo la candela, en el contexto de un enfrentamiento con "La familia piojosa", otro grupo de fanáticos de la banda. Hay incluso, dijeron las fuentes, escuchas telefónicas en las que integrantes de "El fondo no fisura" se acusan mutuamente.

Mientras, y para recordar a las víctimas, sus familiares y los sobrevivientes hicieron anoche un "juicio ético y de opinión". "No fue una corte de Justicia. Sin embargo, se respetó una argumentación y documentación rigurosa, apoyada en la diversidad de las tradiciones judiciales y éticas", explicaron.

Luego del debate, realizado en el auditorio del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, en el que actuaron como fiscales Martín Caparrós y Laura Ginsberg, el Tribunal Etico, integrado por Adriana Calvo, Juan Carlos Volnovich y Oscar Castellucci, consideró que "efectivamente existió una trama o cadena de responsabilidades que provocó la masacre de Cromagnon, en la que estuvieron involucrados los funcionarios públicos, los empresarios y músicos, los policías y los bomberos".

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Este año fue el juicio por la tragedia, que condenó a 20 años de cárcel a Omar Chabán, gerente de Cromagnon, y a 18 a Diego Argañaraz (manager de Callejeros) y al subcomisario Carlos Díaz, y en el que terminaron absueltos los integrantes del grupo y sentenciadas por un delito menor -incumplimiento de deberes de funcionario- las funcionarias porteñas que, por el cargo que ostentaban, deberían haber garantizado que el local fuera inspeccionado.

Nadie terminó en prisión, salvo un oficial de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal condenado, por haber formado una empresa que "asesoraba" a dueños de locales para garantizar la obtención del certificado contra incendios necesario para conseguir la habilitación. Certificación que en Cromagnon estaba vencida el día de la tragedia.

Está previsto que el próximo año se realice el juicio contra otros funcionarios porteños. En esa causa también irá como acusado Rafael Levy, dueño del local, actualmente procesado por el mismo delito por el cual fue condenado Chabán: estrago doloso seguido de muerte.

La Sala V de la Cámara del Crimen absolvió a 110 imputados en siete causas paralelas abiertas tras la tragedia. Pero hay apelaciones en curso, como en el caso de los funcionarios de la morgue que erraron en la entrega de cuerpos y por el supuesto abandono de persona por parte de los operadores del sistema de salud que actuaron en la emergencia. También, en el de la presunta existencia, dentro del gobierno porteño, de una asociación ilícita que cobraba coimas para habilitar locales que no cumplían con las normas de seguridad.

Más denuncias

Mientras, un grupo de familiares de víctimas denuncia que la mayoría de los inspectores del área que permitieron que Cromagnon funcionara con la habilitación vencida siguen trabajando. Y que los que en 2004 y 2005 trabajaban en la Dirección de Fiscalización y Control y cometieron irregularidades en las habilitaciones de locales bailables y estadios para dar recitales podrían quedar sin sanción. Por eso pidieron a la Procuración General porteña que se apliquen medidas para evitar el cierre de nueve sumarios administrativos contra 15 inspectores denunciados en la causa Cromagnon y en la de asociación ilícita.

"Tememos que las causas prescriban. Si eso sucede, se estaría promulgando la impunidad. Los funcionarios no recibieron ninguna condena en la justicia penal y siguen trabajando, a pesar de que no controlaron los locales como debían hacerlo", dijo José Iglesias, padre de una víctima y abogado que representa a la mayoría de los querellantes en el caso.

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