Carrascosa en libertad, pero procesado

Satisfecho, sereno, con una sonrisa que asomaba apenas de sus labios, Carlos Carrascosa quedó ayer en libertad -aunque sigue procesado por ser presunto coautor del crimen de su esposa, María Marta García Belsunce- tras estar detenido durante 42 días. Caminó por las calles de Pilar, luego de depositar 100.000 pesos en efectivo como garantía de que no va a huir de la Justicia y de fijar domicilio en un barrio privado de Escobar.

Así lo decidió el juez de Garantías de San Isidro Diego Barroetaveña, al hacer lugar a un pedido de la defensa para "morigerar" la prisión preventiva del imputado y entender que en estas nuevas condiciones no hay riesgo de que el acusado evada a la Justicia.

La noticia estalló como un misil en la fiscalía de Pilar a cargo de Diego Molina Pico. Allegados al magistrado reconocieron que se enteró por televisión de la liberación del acusado. A media tarde, con un poco más de calma, desde ese mismo lugar se anticipó que la resolución de Barroetaveña es apelable y que Molina Pico lo hará. Eso sí, nunca antes del lunes, puesto que sólo ese día se notificará oficialmente de las novedades del caso.

Carrascosa, aunque libre, seguirá con prisión preventiva. Es decir que para la Justicia es igualmente sospechoso por el crimen de su mujer. Pero mientras cumpla con las condiciones que le fueron impuestas, no volverá a estar tras las rejas, al menos hasta que se lo enjuicie.

En la misma resolución el juez Barroetaveña abrió el juego: decidió que el fiscal de Cámara de Pilar Julio Novo le dé intervención en la investigación a la División Homicidios de la Policía bonaerense que, hasta el momento, nunca participó en el caso. Además exhortó al fiscal Molina Pico a que profundice otras hipótesis, lo que para la familia es una clara referencia a Nicolás Pachelo, un ex vecino de Carmel de quien sospechan.

En el mismo texto, el juez decidió además aceptar como parte querellante en la causa a la madre de María Marta García Belsunce, Luz Galup Lanús de Hurtig. Esto significa que, como damnificada por el asesinato, tendrá la posibilidad de pedir medidas de prueba para intentar que la investigación tome otros rumbos y no se ocupe, como hasta ahora, al entorno familiar. Su abogado es Adolfo Casabal Elía, que ya anticipó que su sospechoso preferido es el ex vecino de Carmel Nicolás Pachelo.

Los abogados José Licinio Scelzi y Marcelo Nardi, con su presentación ante Barroetaveña, realizaron una jugada tal vez peligrosa, pero que dio resultado: decidieron no apelar la prisión preventiva que había dictado el juez y en cambio solicitar una morigeración de las condiciones en que ésta debía cumplirse.

- ¿El no apelar implica reconocer la responsabilidad?

-No. La prisión preventiva es un estado provisional y con las pruebas que se incorporarán vamos a lograr que sea revocada en esta misma instancia, dijo Nardi a LA NACION.

Los letrados apelaron a los artículos 159 y 160 del Código Procesal bonaerense. Esa norma posibilita que el juez, por decisión propia o a pedido de la defensa, deje en libertad al acusado cuando hay garantías de que no va a perjudicar la investigación ni va a escaparse.

La decisión fue tan sorpresiva para el propio acusado como para el fiscal de Pilar Molina Pico. Allegados al fiscal dijeron anoche que cuando sean notificados de la resolución van a oponerse y se tomarán los plazos previstos para apelar la resolución.

Disconformidad

No obstante que está prevista en el Código Procesal, algunos magistrados de San Isidro, en estricto off the record se mostraron disconformes con que Carrascosa haya quedado en libertad durante el proceso, dado que en un homicidio agravado por el vínculo -la eventual pena que podría recibir el acusado- es la de prisión o reclusión perpetua.

La libertad de Carrascosa comenzó a gestarse anteayer, cuando sus defensores pidieron ante Barroetaveña que se aligere su prisión. Lo consultaron antes con su cliente, que aceptó.

El juez decidió ayer concederle el beneficio. Citó, entonces, a Scelzi y a Nardi a su despacho. A las 13 llegó Carrascosa en un patrullero. Frente al secretario Nicolás Ceballos el juez le dijo que iba a quedar en libertad. El acusado se abrazó con sus letrados. Luego siguió con los trámites legales: constituyó domicilio en un barrio privado de Escobar y se comprometió a presentarse del 1° al 5 de cada mes en la fiscalía de Pilar.

Sus abogados reunieron los 100.000 pesos en efectivo de la caución y los depositaron en el Banco Provincia, situado en el mismo edificio de tribunales.

Desde allí fue llevado hasta la DDI de Pilar. Espero 50 minutos en una habitación con las paredes descascaradas hasta que se comprobó que no tenía otros pedidos de captura. Después bajó las escaleras y caminó en libertad por las calles de Pilar, con el mismo suéter azul que vestía el 11 de abril último, cuando fue detenido.